La seguridad del Estado, en los huesos de nuestra conciencia ciudadana…

“La oligarquía mercantil construyó el Estado Portaliano, estableció los patrones que estructuraron nuestra sociedad, nuestra política, hasta el día de hoy

“La oligarquía mercantil construyó el Estado Portaliano, estableció los patrones que estructuraron nuestra sociedad, nuestra política, hasta el día de hoy. Porque hoy tenemos y nos dirige una oligarquía comercial… son los dueños del Jumbo, Falabella, Ripley, de las cadenas de farmacias, de las tarjetas de crédito, del transporte. Ellos estructuran el país y lo han defendido siempre… Hoy tenemos simplemente grandes mercaderes banqueros que no esconden la plata como en 1810, sino que la depositan en bancos extranjeros, que es una manera de esconder tesoros o de invertir en los paraísos tributarios…

Para poder mantener a los chilenos y chilenas en condición de expoliación, el Estado necesita de una especie de acción policial para mantenerlos ordenados y disciplinados… para que se dejen ordeñar tranquilamente sin rebelarse… Ahora no es muy distinto, porque el Estado que tenemos lo dejó Pinochet, una reedición del Estado Portaliano… Para que los chilenos y chilenas se dejen esquilmar tranquilos, con trabajo precario, les damos tarjetitas para que compren celulares y se sientan a otro nivel… Este Estado mantiene el Modelo Neoliberal… Ninguno de los candidatos quiere cambiar el modelo en profundidad. Todas las élites, por más que se agarren en el Congreso, no dan una pelea de fondo, porque están todas beneficiadas por el Estado. El caso de la iglesia es bien patético, la iglesia obliga a la autoridad a imponer cosas que los chilenos y chilenas hace tiempo tienen resueltas…” (Mercaderes, empresarios y capitalistasGabriel Salazar, Premio Nacional de Historia de Chile)

En el año 1975 fue aprobada, sancionada y promulgada la Ley Nº 12.927 sobre Seguridad del Estado. La propiedad intelectual de este instrumento público pertenece a Augusto Pinochet Ugarte como General de Ejército y Presidente de la República; y a Raúl Benavides Escobar como General de División y Ministro del Interior…

El Artículo Nº 1 identifica a las personas que cometen delitos contra la Soberanía Nacional. Aplíquese a todos aquellos individuos que ofenden el sentimiento patrio o la independencia política de la Nación. A los que “…de palabra, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, propician la incorporación de todo o parte de nuestro territorio a un Estado extranjero… a los que se relacionan con gobiernos, entidades u organizaciones extranjeras… y a los que se asocian en partidos políticos, movimientos o agrupaciones”.

Según el Artículo Nº 2, estos delitos serán castigados con presidio, relegación o extrañamiento menores, en sus grados medio a máximo, cuya sentencia condenatoria impondrá “…penas accesorias, la inhabilitación para ejercer cargos y oficios públicos, y la suspensión de los derechos políticos”.

El Artículo Nº 4 identifica a las personas que cometen delitos contra la Seguridad Interior del Estado. Aplíquese a todos aquellos individuos que induzcan a la subversión, revuelta o resistencia del orden público. A los que “…de palabra, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, inciten a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y Policías, a la indisciplina… a los que promuevan el derrocamiento del gobierno constituido o conspiren contra su estabilidad… a los que ayudan o financian la organización de milicias privadas, grupos de combate u organizaciones semejantes, con el fin de sustituir, atacar o interferir en el desempeño de la fuerza pública… y a los que atentan contra los poderes y autoridades del Estado…”.

Por consiguiente, el Bicentenario de la Independencia de Chile lo celebraremos como corresponde… los/las ciudadanos/as chilenos/as, residentes o no en el país, tenemos prohibido ofender a la Patria; no podemos relacionarnos con gobiernos, organizaciones y personas extranjeras; y se nos impide asociarnos en partidos políticos, movimientos o agrupaciones. Además, seremos castigados, encarcelados o relegados, si por medio de la palabra, escritura u otro medio, alteramos el orden social; perturbamos a los poderes y autoridades del Estado; o enviamos información al exterior. Al respecto, se presume que estas noticias podrían resultar tendenciosas o falsas, las que podrían destruir el régimen republicano y democrático de gobierno. Tampoco podemos entorpecer los mandatos constitucionales, la seguridad del país, el régimen económico, la normalidad de los precios, la estabilidad de los valores, el abastecimiento de la población, etc. Para qué vamos a ahondar en los castigos accesorios, que sin mayores retoques se parecen a las penas del infierno…

Actualmente, este marco jurídico está en vigencia y se aplica a las comunidades, organizaciones y dirigentes mapuches. Al respecto, me gustaría recordar que el Estado de Chile reconoce a los/las indígenas como los descendientes de las agrupaciones humanas existentes en territorio nacional desde tiempos precolombinos. Quienes conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, y el fundamento principal de su existencia es la tierra. Han pasado más de quince años y por qué aún no se ratifica el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el Congreso Nacional. Porque estamos hablando de un instrumento jurídico que materializaría avances significativos en materia de reconocimiento, respeto y protección de los derechos culturales, sociales, políticos, económicos y territoriales de los pueblos indígenas…

Por lo demás, después de leer las declaraciones públicas del futuro ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, adolezco de un pesimismo crónico y consumado, “…para nosotros no hay un juicio de reprobación global hacia quienes cumplieron funciones en el gobierno de Pinochet. Ser parte del gobierno militar no es un delito en sí mismo. Los delitos sólo los establecen los tribunales…”. Estas declaraciones resultan inquietantes, ya que el futuro Jefe del Gabinete no condena los actos terroristas y criminales de la Dictadura Militar, ni desaprueba a los/las funcionarios públicos y operadores de justicia que ampararon la violación a los Derechos Humanos. Luego hizo alusión al derecho que tienen las organizaciones sociales de plantear sus demandas, puntualizando que “…deben entender que con el gobierno se habla en orden y con respeto, de lo contrario yo, como jefe de gabinete, tomaré las medidas apropiadas para que las conversaciones se den en ese marco…”. Al parecer, las acciones policiales del Estado Portaliano se encargarán de mantenernos bien ordenados/as, respetuosos/as y disciplinados/as…

Intuyo que tendremos una democracia más autoritaria, conservadora y tecnificada… Por cierto abalada por un equipo de excelencia, abogados/as, economistas, periodistas, ingenieros/as, médicos/as, empresarios/as, gerentes generales, bancarios/as, profesores/as, decanos/as, entre otros, quienes han recibido medallas, certificaciones y condecoraciones en connotadas universidades nacionales y extranjeras. Una democracia que consolidará el Modelo Neoliberal, donde la lógica del capitalismo sofisticado y explotador materializará nuevas inequidades de clase, género y etnia, en la comunidad nacional… Además, atisbo que no habrá intención de revisar los actuales marcos jurídicos, políticos y económicos, ni voluntad para examinar los cinturones de castidad y las camisas de fuerza que vulneran nuestro espíritu democrático…

Por Verónica Lizana Muñoz

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