FIMA y CECPAN publican Manual de Justicia de Policía Local y Medio Ambiente
Contaminación acústica, tenencia responsable de mascotas, microbasurales, daño a humedales y tala ilegal de bosque, son tan solo algunos de los conflictos socioambientales cotidianos que enfrentan las comunidades en sus territorios, y para muchas personas el único tribunal a su alcance es el Juzgado de Policía Local de su comuna. Para dar a conocer esta instancia y que se use efectivamente, el manual traduce el lenguaje jurídico en pasos concretos para denunciar.
La publicación nace del trabajo conjunto de la ONG FIMA y el CECPAN, en el marco de una línea de acción destinada a fortalecer la gestión socioambiental local y el rol ciudadano en la protección del medio ambiente. Entrega orientaciones claras, ejemplos y modelos de denuncia simples y replicables.
Cómo nació la idea
La iniciativa partió de CECPAN, que en su trabajo de conservación de ecosistemas y especies notó un patrón: muchas de las amenazas que enfrentan los territorios podían ser reguladas, de manera indirecta, por los juzgados de policía local. Entre ellas, el ingreso de vehículos motorizados a playas y dunas, la tala de bosque nativo, la tenencia responsable de mascotas, asociada a ataques de perros a fauna silvestre, y el atropello de fauna ligado a excesos de velocidad.
«Proteger la naturaleza no depende solo de hacer ciencia, de generar informes técnicos, de levantar datos, de definir áreas de conservación o de lo que generalmente hacemos las organizaciones ambientales», expresó Carolina Rodríguez, geógrafa e investigadora de CECPAN, quien agregó que también es necesario conocer y activar las herramientas institucionales y jurídicas que existen en el país. En ese camino, explicó, vieron que los juzgados de policía local, «sin llevar la etiqueta de ser un tribunal ambiental, abordaban muchas de estas materias ambientales de manera indirecta, pero sí de forma muy concreta».
Javiera Pérez, encargada de Investigación de la ONG FIMA, relató que muchos de los conflictos que CECPAN enfrentaba en terreno terminaban llegando a esos juzgados, lo que abrió una pregunta sobre el rol real de estos tribunales en la protección ambiental «nos pidieron a FIMA que lo investigáramos y el resultado fue este manual», afirmó.
Por qué los Juzgados de Policía Local
La ONG FIMA y el CECPAN eligieron este tribunal como punto de partida, dado que según el diagnóstico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2020), los Juzgados de Policía Local son la primera puerta de acceso a la jurisdicción. Con frecuencia son el único espacio judicial disponible para resolver conflictos socioambientales a escala vecinal. Rodríguez los describió además como «la red jurisdiccional más amplia que tenemos».
Con todo, el manual advierte que en la práctica suele desconocerse qué materias son competencia de este tribunal, cómo se tramita una denuncia ambiental y qué pruebas sirven para acreditar los hechos. Ambas organizaciones buscan llenar este vacío con una publicación que ofrece un camino ordenado, comprensible y accesible para ejercer acciones en materia ambiental.
Desde FIMA, Pérez precisó que existen cerca de 370 tribunales en el país y que suelen asociarse a partes de tránsito o multas por ruido, aunque tienen competencia sobre una cantidad importante de leyes ambientales y ordenanzas municipales. Según la organización, muchas veces los propios juzgados las desconocen por las limitaciones materiales que pueden tener.
Por su parte, el Juez de Policía Local de Río Ibáñez, Patricio Ramos Rojas, saludó el trabajo de ambas organizaciones como «una iniciativa original y extremadamente útil», y sostuvo que la competencia de estos tribunales en materias ambientales es «abundante, desconocida» y excede lo que se ha dicho sobre el tema. A su juicio, el trabajo ratifica la máxima «piensa globalmente, actúa localmente», al entender que este tipo de tribunal es «esencialmente vecinal, -doméstico si se quiere- precisamente donde se originan los problemas ambientales».
En su comuna, de carácter rural, el Juez Ramos Rojas resuelve asuntos de protección del bosque nativo, pesca, turismo, tenencia responsable de animales, disposición de residuos peligrosos, ganado suelto, salubridad pública, emisiones automotrices, humedales urbanos y santuarios de la naturaleza. Esa realidad, dijo, está muy alejada del conocimiento de la opinión pública y menos aún del debate académico.
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Una guía para quien no es abogado
El manual no pretende reemplazar la asesoría jurídica ni ofrecer una interpretación excesivamente técnica de las normas. Combina explicaciones conceptuales, referencias normativas, ejemplos prácticos y modelos de denuncia, con la idea de que cualquier persona, sin formación en derecho, pueda reconocer cuándo corresponde acudir al juzgado, qué documentos reunir, cómo presentar la denuncia y cómo seguir su tramitación y eventual sanción.
«Como organización, nos interesa que el acceso a la justicia sea real, y no solo un principio declarado en nuestra legislación», sostuvo Pérez. Según explicó, «en la mayoría de los casos se puede denunciar ante un Juzgado de Policía Local sin abogado, de forma verbal o escrita y con costos mínimos». Por eso el manual detalla qué se puede denunciar, ante qué juzgado y qué pruebas sirven, como fotografías georreferenciadas, testigos e informes de CONAF, del SAG o de la Dirección de Obras, y qué hacer si la sentencia no es favorable.
Cómo está organizado
El manual avanza en tres partes. La primera describe el sistema de justicia local: qué son estos juzgados, cómo se organizan y cuáles son sus competencias. La segunda explica su funcionamiento general en materias ambientales y detalla el procedimiento paso a paso: qué denunciar, cómo, qué prueba presentar, cómo se desarrolla la audiencia y cómo se dicta la sentencia. La tercera aborda los ejes temáticos de protección local, según el procedimiento especial que corresponda a cada tipo de infracción cuando una ley especial lo establece.
En cada eje, el manual identifica a los organismos públicos y servicios técnicos que intervienen en la acreditación de los hechos o en la fiscalización posterior, entre ellos CONAF, el SAG, la Dirección General del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR), Carabineros de Chile y la SEREMI de Salud. Asimismo, reconoce que la coordinación con estas instituciones puede ser decisiva para respaldar técnicamente una denuncia y facilitar sanciones efectivas.
Los límites del tribunal también se explican
La guía aclara que no todas las materias ambientales pueden ser conocidas por los Juzgados de Policía Local. Dado que estos tribunales tienen una amplia gama de competencias, muchas sin relación directa con el medio ambiente, como las infracciones de tránsito, los daños menores o la convivencia vecinal, cada eje temático incluye una advertencia sobre los límites del tribunal, para que las personas distingan cuándo este es el camino adecuado y cuándo deben recurrir a la Superintendencia del Medio Ambiente, la Fiscalía Local o los tribunales ordinarios de justicia.
Pérez agregó que la advertencia busca que las personas sepan cuándo deben acudir a otras instituciones, además de presentar la denuncia ante el juzgado.
El aporte de FIMA y CECPAN
De acuerdo con sus autores, el manual constituye una guía para la acción ciudadana ambiental, que busca democratizar el acceso a la justicia, fortalecer las capacidades locales y promover una participación activa y responsable en el cuidado del medio ambiente.
Según Rodríguez, el rol de CECPAN fue principalmente posicionar la idea como un tema importante a abordar. «Nosotros como organización no tenemos precisamente las capacidades en conocimientos legales para desarrollar este tipo de material», dijo, por lo que vieron la oportunidad de aliarse con FIMA. «Nosotros […] le propusimos también esta idea a la ONG FIMA, lo que teníamos en mente y ellos a través de sus profesionales nos apoyaron en poder materializarla». CECPAN también definió hacia dónde dirigir el manual, su estructura y la pregunta que debía responder, que era relevar a los jueces de policía local como un actor importante dentro de las materias ambientales.
La revisión exhaustiva de las materias ambientales que conocen estos tribunales estuvo a cargo de los abogados de FIMA. Según Rodríguez, eran temas que no se encontraban documentados. «Creemos que es una contribución bastante grande», expresó.
Pérez planteó que el manual puede contribuir en tres niveles. A la ciudadanía le entrega herramientas para pasar de la preocupación a la acción. A las instituciones y organismos públicos les permite presentar denuncias mejor fundadas y coordinarse con los organismos fiscalizadores. Y al sistema de justicia le aporta una sistematización de sus competencias ambientales y causas mejor presentadas y con prueba pertinente, lo que facilita el trabajo de juzgados que han recibido cada vez más competencias sin un aumento equivalente de recursos.
CECPAN, por su parte, espera que el manual «pueda tener un impacto positivo principalmente en que las personas sepan cómo denunciar situaciones ambientales que perjudican a los territorios y que esto se constituya como una herramienta más dentro de la defensa de los territorios», manifestó Rodríguez.
Finalmente, desde FIMA, Pérez dijo que la experiencia de CECPAN les mostró que «la protección del medio ambiente no ocurre solo en grandes litigios o en instancias lejanas. También ocurre en la comuna, en el juzgado que está a pocas cuadras, cuando una vecina o una junta de vecinos, el municipio u otra organización decide denunciar. Es la puerta más cercana para poder acceder a la justicia ambiental». Y concluyó: «Fortalecer la justicia local es fortalecer la democracia ambiental, y esperamos que este manual sea una invitación a usar esta vía de acción».
El Manual de Justicia de Policía Local y Medio Ambiente se encuentra disponible, para consultar y descargar de manera gratuita, en los siguientes enlaces:
Biblioteca FIMA:
Biblioteca CECPAN:
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