Los siete médicos de DINA que siguen ejerciendo la profesión

En el marco de un reciente reportaje de Ciper Chile, sobre médicos y enfermeros que sirvieron en las clínicas de la DINA durante la dictadura, se reveló que al menos siete de ellos siguen ejerciendo su profesión

Reportaje de Ciper Chile revela que al menos siete médicos continúan en ejercicio de la profesión

Reciente reportaje de Ciper Chile, en el marco del especial “Papeles de la Dictadura”, se publicó en extenso “Los 26 médicos y cinco enfermeros que sirvieron en las clínicas de la DINA”. Allí, las periodistas del reportaje, destacan: “En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema”.

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Cabe consignar, que un grupo considerable de cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos, otorrinolaringólogos, enfermeros, pusieron sus especializaciones en salud, para aplicar torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

De acuerdo a diversas investigaciones de prensa, varios de ellos aún se encuentran en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas, consultas e instituciones de salud, atendiendo a pacientes, sin que se conozca su historial, en casos que hoy siguen su curso en investigaciones judiciales.

El reportaje de Ciper, recuerda los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, “que no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar”, señala el medio de investigación.

Hace algunos años, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London.

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La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exintendente de Los Lagos y exconvencional, Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez y que murió prófugo en Argentina. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

En medio de un amplio recorrido por la lista de médicos involucrados, el reciente reportaje, destaca: “CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado”. 

Cabe consignar que además de la Clínica London, otro centro identificado es la Clínica Santa Lucía: “Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”

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El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada, quien cumplió funciones en santa lucía y London, y se “retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras”, consigna Ciper.  

En ejercicio de la profesión

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton, anestesiólogo, “declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”, consigna el medio, quien agrega: “En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos”.

Ciper Chile, para su reciente investigación, el anestesiólogo fue contactado en su consulta privada en Providencia, pero habría declinado responder.

La investigación da cuenta de un listado de médicos que prestaron servicios a la DINA y que han tenido condena, entre ellos: Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina; El reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. También, se involucra al enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica quien se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema.

“En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró el extrabajador, según consigna Ciper.   

De ese listado, según Ciper, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. “A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo”, señala el medio.

El reportaje de investigación, también identifica entre los doctores que continúan ejerciendo a Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”, quien contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London.   

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados.

“Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica”, señala Ciper.

CIPER indica que se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre del reportaje, no había obtenido respuesta, aseguró.

 En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”. 

En la lista de ciper, también se hace mención de a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA.

De acuerdo a lo señalado por Ciper Chile, Los antecedentes expuestos en el artículo incluyen procesos judiciales en curso, “por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva”, señala el medio.

Mira el reportaje completo de investigación de Ciper Chile:

Papeles de la Dictadura: los 26 médicos y cinco enfermeros que sirvieron en las clínicas de la DINA

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