Los tentáculos político-familiares de poder y favores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago: Los poderosos siempre ganan

Por Jorge Molina Araneda

Artículo 492, inciso primero, del Código Orgánico de Tribunales (COT): “Los auxiliares de la Administración de Justicia tendrán los sueldos que les fijen las leyes, pero los defensores públicos que no sean de Santiago y Valparaíso, los notarios, archiveros, conservadores, receptores y procuradores del número gozarán de los emolumentos que les correspondan con arreglo al respectivo arancel”.

Ser Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) es un empleo privilegiado, cuyas remuneraciones nunca han sido transparentadas (aunque se habla que bordea los $150 millones mensuales). Y sus patrimonios son reflejo de aquello: Kamel Saquel (Conservador del Registro de Prohibiciones e Interdicciones de Enajenar), en el cargo desde 1998, declara acciones por $370 millones y 123 bienes inmuebles. Luis Maldonado (Conservador del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas), por su parte, tras 25 años como conservador, declara 31 bienes inmuebles y participación en inmobiliarias, agrícolas y hasta una sociedad de inversión valorada en $1.400 millones.

No existe un texto que diga cuánto debe ganar un conservador o si está sujeto a alguna escala. Y las tarifas por trámites, contenidas en el Decreto Exento 588 del Ministerio de Justicia, son solo una referencia, puesto que es común encontrarse con precios demasiado variables entre una oficina y otra.

Luis Maldonado continúa firme en su puesto de Conservador de Bienes Raíces de Santiago desde 1998, ese año finalmente pudo suceder en el cargo a Herman Chadwick Valdés, padre del exsenador y exministro del Interior, Andrés Chadwick. Maldonado Croquevielle realizó en 2019 varias citas con autoridades y parlamentarios desde que supo que se intentaría reformar el sistema y, por ende, perdería su puesto de privilegio.

Maldonado lideró la red de notarios y conservadores que hicieron lobby ante parlamentarios y autoridades para hacerle frente a la reforma. Luis Maldonado cumplía el 24 de febrero de ese año 74 años de edad, y uno de los tantos cambios que se buscaba con la enmienda era ponerle un tope de 75 natividades a la carrera, terminando, así, con los cargos vitalicios.

Lo de ser vitalicio integra una lista de privilegios que se le imputan al rubro de notarios y conservadores, al igual que como que perciben sueldos millonarios, tarifas excesivas a sus clientes, redes familiares casi monopólicas y otros aspectos.

Las gestiones de Maldonado se hicieron en nombre de su propia oficina y también como gestor de intereses por parte de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile.

Una de esas reuniones fue con el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín “para dialogar sobre oportunidades de mejora del sistema registral y notarial”. A aquella cita llegó acompañado de otros cinco gestores: Alfredo Marín Illanes, Marisol Lascar Merino, Juan Carlos Arriaza Ercoreca, Jorge Osnovikoff Romero y Kamel Saquel Zaror.

Saquel Zaror es uno de los tres conservadores que hay en Santiago. Maldonado está a cargo de los registros de propiedad, comercio y aguas. Saquel Zaror tiene en su carpeta el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, y Edmundo Rojas hasta hace poco tenía el registro de hipotecas.

En el canal del Poder Judicial, en 2018, apareció Maldonado manifestando:

“Soy conservador de bienes raíces hace aproximadamente veinte años. Antes fui Conservador de Bienes Raíces en Santa Cruz cuatro años; fui notario conservador; después estuve 14 años en Rancagua”.

Sus detractores le enrostran redes familiares que lindan con lo de un “monopolio legal”, pues Maldonado Croquevielle, es hijo del expresidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado Boggiano, y hermano de Mónica Maldonado, exfiscal de la misma Corte.

Según la información publicada en boletines comerciales, Maldonado aparecía registrado, hasta el año 2019, con un avalúo fiscal de $762.936.500 correspondientes al registro de 13 propiedades. Cinco de esas son habitacionales, cuatro son estacionamientos, dos corresponden a bodegas, una propiedad es un sitio y otro uno de tipo agrícola. Otro dato lo entregan las dos declaraciones de patrimonio suyas que figuran en InfoProbidad. En la actualización periódica de marzo de 2017, declara pasivos por $60 millones. En la actualización de abril de 2018, la deuda se incrementó a $450 millones, y ahí dice que el aval es la misma oficina del Conservador de Bienes Raíces. Entre ambos años, sus propiedades pasaron de cinco (una de ellas en comunidad) a doce.

De los eventos con los que Maldonado ha debido lidiar fuera de las fojas de propiedad, hay uno que es particularmente relevante: el escándalo que enfrentó en 2007 a raíz del litigio judicial que le entabló Carolina Leal, quien lo acusó de violación, estupro, promoción y facilitación de la prostitución de menores, proxenetismo, abusos sexuales, exhibición sexual de menor y utilización de menor en la producción de material pornográfico. Todo, a raíz de unas fotos en que ambos estaban desnudos, en que según ella (junto con su abogado, Marcelo Jadue) se las habían tomado juntos cuando ella era menor de edad.

La causa dio un giro y terminó con ella y su abogado acusados y condenados por extorsión.

Al año siguiente de ser nombrado en su cargo, Maldonado Croquevielle unió fuerzas, arcas y firmas con Juan Edmundo Rojas García y Kamel Saquel Zaror. Los tres crearon Inmobiliaria e Inversiones Triunvirato con un capital de $30 millones.

Los socios e integrantes de Triunvirato han cambiado con los años, pero la inmobiliaria solo hasta 2019 era dueña de treinta y ocho bienes raíces en Santiago y Rancagua, entre ellos el identificado con el rol de avalúo fiscal 161-149 de Santiago, que corresponde al paño comprendido entre los numerales 432 al 442 de Morandé. Uno de ellos, el 440, es la dirección del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Maldonado dejó Triunvirato el 2005 al cederle su parte a Rojas y a Saquel. Entonces ingresaron a la administración de la sociedad las cónyuges de los otros dos conservadores: Mirella Retamal Rojas e Inés Martínez Henríquez, respectivamente. Luego, en 2008, ambas habían ingresado como socias, compartiendo propiedad con el conservador Rojas.

En 2014, Inés Martínez traspasó su parte a tres hijos suyos y del conservador Saquel, que quedaron con la mitad de la propiedad de Triunvirato; la operación se hizo por $276 millones. Lo mismo hizo el otro conservador, Rojas, y su esposa, ya que le traspasaron el otro 50% de la inmobiliaria a sus seis hijas e hijos, por la misma suma.

Los nuevos dueños de la inmobiliaria y, por tanto, los del edificio donde funciona el CBRS, dejaron a sus padres como administradores de ésta. ¿Cuánto costaba el inmueble completo, desde el 432 al 442 de Morandé, su avalúo fiscal hasta hace cuatro años ascendía a $1.705.346.007? El avalúo fiscal siempre es mucho menor -hasta cuatro veces menos- que el comercial. Quienes conocen algo de esta historia apuntan a que Triunvirato ha cobrado arriendo desde que posee el edificio.

Por otro lado, de acuerdo a la Unidad de Investigación de radio Biobío (2023), al analizar la plantilla de funcionarios del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el que Saquel conforma junto a Luis Maldonado Crocqueville y Carlos Miranda Jiménez -asumido a fines del pretérito año- salen a luz los tentáculos y conexiones de estos tres “auxiliares de la administración de justicia”.

-Luis Maldonado

Ya mencionamos que es hijo de un expresidente de la Corte Suprema y hermano de la exfiscal judicial de aquella Corte, Mónica Maldonado Crocqueville.

En su redil figura Margarita Bustos Munizaga, quien se desempeña como encargada de estudio de propiedades y, a su vez, es hijastra de Mario Carroza Espinosa, ministro de la Corte Suprema.

A ella se suma Claudia Lavanderos García, jefa de recursos humanos del Registro de Propiedad y Comercio, con un doble parentesco: por una parte, es esposa de Raúl Leiva Carvajal, diputado del Partido Socialista; y también es cuñada de Francisco Leiva Carvajal, notario de Santiago y conservador suplente del Registro de Hipotecas. Llegó al cargo bajo la suplencia de este último, previo a la llegada definitiva de Miranda, pero se ha mantenido en el cargo.

Roberto Bennett Cortés, gerente de servicio al cliente del CBS de Santiago, es hijo de Roberto Bennett Urzúa, notario y conservador de Peumo.

-Kamel Saquel

Está casado con Inés Martínez Henríquez, exministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

En su corral asoma José Cortés Abaroa, jefe de emisión de gravámenes y prohibiciones, quién está casado con la jueza Jacqueline Benquis Monares. Además, es yerno de José Benquis Camhi, exministro de la Corte Suprema.

A él le siguen Roberto Medina Arévalo, formador del índice de prohibición del CBRS, hijo de Jorge Medina Cuevas, exministro de la Corte Suprema; así como Alberto Ballesteros Barrientos, emisor de certificados de gravámenes y prohibiciones, hijo del expresidente del máximo tribunal del país, Rubén Ballesteros Cárcamo.

Sus incorporaciones más recientes, hace menos de un año, fueron Francisca Swett Salas, hija del notario de Quilpué, Carlos Swett Muñoz; además de Manuel José Ossandón Lira, hijo del senador RN del mismo nombre, como funcionario de alzamiento de prohibiciones.

La tía de este último, la diputada RN Ximena Ossandón, tuvo una intervención directa en la dinámica interna del CBRS. Para la elección de líderes sindicales del Sindicato N°1, realizada en marzo pasado, la parlamentaria grabó un video en apoyo a Sylvia Figueroa, considerada la candidata de Maldonado y Saquel.

Otro fichaje registrado este 2023 ocurrió en el área de Carlos Miranda: se trata de Alicia Araneda Espinoza, exministra de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que hoy se desempeña como jefa de recursos humanos del Registro de Hipotecas. Se incorporó tras jubilarse del Poder Judicial.

-Carlos Miranda

Como Conservador de Hipotecas y Gravámenes, también ha hecho lo suyo, aunque en menor medida. Asumió el cargo a fines de 2022.

-Conflicto de interés

Algunas incorporaciones pueden llegar a significar conflictos potenciales. Como en el caso de Diego Ulloa Morgado, hijo del ministro Antonio Ulloa Márquez, quien se desempeñó como estudiante del Registro de Propiedad.

De acuerdo a algunos comentarios, trabajó allí cuando su padre era el encargado de fiscalizar el funcionamiento del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en su condición de ministro visitador. Consultados por esta situación, desde el conservador explicaron que el ministro del tribunal de alzada capitalino -ante tal conflicto- corrigió la situación y abandonó su condición de fiscalizador.

Oscar Gajardo, abogado socio del estudio de Roberto Zúñiga & Cía, es categórico a la hora de señalar la relevancia de todas estas conexiones. “En el CBR se entreteje un sistema de pago de favores y redes de poder que es muy insano para el sistema judicial chileno”, cuya “política sistemática impide que los trabajadores del CBR tengan un trato igualitario ante la ley. Su empleador pareciera intocable”, apunta.

En particular, lo dice a propósito de una demanda de tutela laboral de una funcionaria despedida, de iniciales M.J.G.S., a quien representa ante el 1er. Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Según explicó, se le despidió por “problemas económicos” y otros “argumentos tan absurdos como la guerra en Ucrania”, pese a que “desde su despido en el CBR ya se han contratado a cerca de 40 personas”.

Su defensa plantea que estas mismas redes judiciales no le han permitido acceder a un juicio justo, con una demora de 14 meses cuando un proceso de ese tipo regularmente tarda unos seis meses. La audiencia preparatoria fue el 15 de diciembre y la audiencia de juicio se fijó para el 14 de julio de 2023. Sin embargo, el día anterior -pasadas las 22 horas- se informó vía web la reprogramación de dicha audiencia para febrero de 2024.

“En mis 35 años de carrera, jamás había visto una irregularidad tal, que significara hacer esperar a un trabajador 14 meses para su juicio por resoluciones dictadas a medianoche, lo que claramente sugiere influencias indebidas”, aseguró.

Asimismo, también apuntó sus dardos contra la diputada Ossandón por su rol, en el contexto de una pugna en que la directiva renunció y dejó acéfalo el sindicato en señal de desaprobación al despido de su cliente: “No hay que olvidar que su sobrino Manuel José Ossandón (hijo del senador) fue contratado y reemplazó a mi cliente”, subrayó.

“Son demasiadas coincidencias y todas las señales apuntan a que la relación entre el Poder Judicial, el CBRS y el poder político es, al menos, cuestionable”, acusó Gajardo.

Finalmente, esta es una nueva muestra del Chile endogámico, turbio y capturado por los privilegiados de siempre… Lamentablemente, nada nuevo bajo el sol.

Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

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