Amenazas contra defensoras de derechos humanos
El Comité Oscar Romero – Sicsal Chile hizo un llamado a solidarizar con Juan Carlos Cárdenas y Carolina Rudnick, y sus organizaciones, Fundación Libera y Ecoceanos, quienes han sido acusados y amenazados por poderes económicos, comunicacionales y políticos en razón de su «clara y fundamentada denuncia de algo tan evidente como es el trabajo con características esclavistas en que se ven obligados y obligadas a trabajar en gremios como el agrícola de temporada y en las salmoneras», según la declaración pública.
Las organizaciones también llamaron al Estado de Chile a tomar en cuenta el Acuerdo de Escazú para proteger a las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos.
Por otra parte, se ha activado una campaña que lleva cientos de adhesiones por medio de una declaración pública, con diversas organizaciones y personas, manifestando su «más enérgica condena ante la campaña de amedrentamiento e intimidación que se ha desatado en redes sociales, y que ha sido alentada por declaraciones de figuras públicas del Estado y del empresariado, en contra de las organizaciones Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas y Ecoceanos».
Las ONG, con una larga trayectoria en la documentación de vulneraciones de derechos humanos laborales, han sido vinculadas ilegítimamente con las recientes sanciones arancelarias impuestas por Estados Unidos, lo que las declaraciones califican como «falaz y éticamente reprochable».
Amenazas de muerte
Según una reciente publicación editorial de El Mostrador, las amenazas han incluido «amenazas de muerte contra dirigentes y sus familias, advertencias de agresiones sexuales explícitas —entre ellas, violaciones— e intimidaciones relacionadas con actos de tortura» . Los mensajes, enviados a través de redes sociales, han sido dirigidos principalmente a la abogada Carolina Rudnick, directora de la ONG Libera, en un contexto donde ambas organizaciones han sido señaladas falsamente como responsables del arancel del 12,5% impuesto por el gobierno de Donald Trump.
Pese a que las organizaciones explicaron que nunca pidieron la imposición de aranceles, y que el embajador de EE.UU. en Santiago, Brandon Judd, declaró que «no estamos hablando de trabajo forzoso en Chile, estamos hablando de productos que se importan a Chile y que se producen mediante trabajo forzoso fuera de Chile”, las amenazas continuaron.
Las declaraciones de figuras públicas, como la alcaldesa Evelyn Matthei, quien señaló que lo sucedido «es un castigo hacia nuestro país por tener relaciones comerciales amplias con China», han contribuido a la estigmatización.
Rol de las organizaciones de la sociedad civil
Las organizaciones firmantes enfatizaron que «documentar, investigar, alertar sobre posibles vulneraciones de derechos humanos y recurrir a los mecanismos nacionales e internacionales disponibles para ello constituye una actividad legítima, protegida por la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos”.
Advirtieron que «la estigmatización de quienes denuncian vulneraciones de derechos humanos no solo pone en riesgo la seguridad de las organizaciones y de las personas que las integran, sino que también debilita el espacio cívico».
INDH expresa preocupación
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó su preocupación por los cuestionamientos dirigidos a Fundación Libera, Ecoceanos y sus representantes, señalando en una declaración pública que «las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos, contribuyendo al fortalecimiento de los estándares nacionales e internacionales mediante la investigación, denuncia y participación en mecanismos institucionales”.
El INDH enfatizó que esa labor «constituye un ejercicio legítimo y necesario, que debe desarrollarse sin estigmatización, amenazas ni represalias».
Acciones de defensa y llamado a la protección
Ante las amenazas, ambas organizaciones activaron el Protocolo de Protección a personas defensoras de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y pusieron los hechos en conocimiento de la Relatoría especial de Naciones Unidas para la protección de defensores de DDHH.
También realizaron una denuncia ante el Ministerio Público, que deberá investigar las direcciones IP desde las cuales se emitieron las amenazas. Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades y al sector empresarial a «abstenerse de declaraciones que estigmaticen la labor de denuncia y a responder al fondo de las evidencias presentadas», y reiteraron la necesidad de que el Estado chileno avance hacia una «política de debida diligencia obligatoria en derechos humanos aplicable a los sectores exportadores, en particular agricultura y salmonicultura».
Plataforma de Derechos Humanos y Empresas
La Plataforma de Derechos Humanos y Empresas Chile, espacio que reúne a organizaciones de la sociedad civil, centros académicos y organizaciones de derechos humanos, condenó enérgicamente la campaña de hostigamiento y amedrentamiento dirigida contra Ecoceanos y Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas, así como contra personas defensoras de derechos humanos, por sus denuncias sobre vulneraciones laborales en sectores exportadores del país, en una carta publicada en el Lemonde Diplomatique Chile.
La Plataforma advirtió que «resulta inaceptable» que el contexto de sanciones arancelarias de Estados Unidos sea utilizado para estigmatizar a organizaciones que ejercen mecanismos legítimos de denuncia. Exigió el cese inmediato de toda campaña de desprestigio y hostigamiento, e instó al Estado chileno a cumplir con su deber de garantizar un entorno seguro para las organizaciones de la sociedad civil, investigar las amenazas y avanzar hacia una política de debida diligencia obligatoria en derechos humanos para los sectores exportadores, especialmente agricultura y salmonicultura. La declaración fue emitida el 28 de julio de 2026.
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