Para mejor resolver o votar por quien quiera

Quisiera recordar algunos hechos y dichos que, lamentablemente, hacen que no tenga ningún sentido positivo -desde el punto de vista de la democracia, los derechos humanos y la justicia social- un nuevo gobierno de la Concertación:

El regalo -inconfesado hasta hoy, y que detallé en otras ocasiones- de la mayoría parlamentaria inminente que le aguardaba a Aylwin; al haber aceptado modificar negativamente los Arts. 65 y 68 de la Constitución del 80, en el acuerdo plebiscitado en 1989.

La nula voluntad por cumplir con el Programa de la Concertación de 1989, una vez que Lagos (Agosto de 2000-Marzo 2002) y Bachelet (desde el comienzo de su gobierno y por varios años) obtuvieron mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.

Los intentos -frustrados por ONG de DD.HH. y algunos diputados socialistas- de avalar legislativamente el decreto-ley de autoamnistía, por parte de gobiernos o senadores concertacionistas: Proyecto de Ley Aylwin (1993); Proyecto de Ley Frei (1995); Acuerdo Figueroa–Otero (1995) y Proyecto de Comisión de DD.HH. del Senado (1998).

Los intentos -también afortunadamente frustrados- de diversos gobiernos o senadores concertacionistas por aprobar leyes que disminuyeran drásticamente las penas a violadores graves de DD HH.: Acuerdo-Marco (1990); Proyecto de ley de inmunidad (2003); Proyecto de senadores concertacionistas y de la derecha (2005); Reflotamiento de dicho proyecto por Bachelet (2007).

La aprobación parlamentaria -a instancias del gobierno y en 48 hrs.- de una disposición (en la Ley de Reparaciones de 2004) que le impide al Poder Judicial acceder a las denuncias de torturas presentadas ante la Comisión Valech (todo lo contrario que respecto de la Comisión Rettig que las envió de oficio a los tribunales); lo que además de constituir una virtual impunidad, atenta contra la Constitución, los tratados de DD. HH. y los principios más elementales del derecho y la justicia.

El «reconocimiento» del carácter «democrático» (sólo que «imperfecta») de la Constitución del 80 por Aylwin en agosto de 1991; y su consagración -luego de algunas importantes pero insuficientes reformas- como Constitución «Lagos-Pinochet»; ya que el primero sustituyó la firma del segundo en 2005.

La preservación esencial del conjunto de instituciones económicas, sociales y culturales impuestas por la Constitución del 80 y por las «modernizaciones» de la década del 80.

La mantención de la atomización social impuesta por la dictadura, a través de la destrucción o minimización de las organizaciones sociales de los sectores populares y medios: sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas, colegios profesionales, gremios de pequeños productores, etc.

La destrucción de todos los medios de prensa escritos vinculados a la Concertación, surgidos en la década del 80; y de casi todos los posteriores. Esto ha sido reiteradamente denunciado -y nunca desmentido- , entre otros, por los Premios Nacionales de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Patricia Verdugo y Faride Zerán. Denuncias que especifican ¡el bloqueo del gobierno de Aylwin de millonarias ayudas financieras que les ofreció Holanda!; la discriminación del avisaje estatal; y la compra de algunas revistas por jerarcas concertacionistas, para cerrarlas prontamente.

La tenaz negativa de los gobiernos concertacionistas, a partir de Frei Ruiz-Tagle, a devolver «Clarín» a su dueño Víctor Pey; pese a que en su momento determinaron que dicho diario era de su propiedad, a septiembre de 1973, el Consejo de Defensa del Estado (1975); los tribunales chilenos (1995) y el Tribunal del Banco Mundial (2008). Negativa que, además de su injusticia, ¡ha consolidado el duopolio «El Mercurio-Copesa» en todos estos años.

Todos estos hechos -que por cierto son solo botones de muestra- conducen razonablemente a concluir que -sin perjuicio del notable aumento del gasto público social respecto de la dictadura; y de la significativa disminución de la pobreza absoluta en estos 20 años- el liderazgo de la Concertación ha consolidado y legitimado lo esencial de la obra económica, social y cultural de la dictadura, incluyendo el Plan Laboral, las privatizaciones, la ley de concesiones mineras, las AFP, las ISAPRES, la «LOCE-LEGE», la concentración del ingreso, etc. etc. ¡Si alguien tiene otra explicación, dénla por favor!

Pero además, existen numerosas declaraciones de personalidades que confirman plenamente la tesis anterior:

Edgardo Boeninger señaló («Democracia en Chile», 1997) que el liderazgo concertacionista llegó a una «convergencia» con la derecha en cuanto a su pensamiento económico; lo que «no estaba en condiciones políticas de reconocer», en ese momento; y que «la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes» (pp. 369-70)

Boeninger reconoció que, inconfesablemente, desde el comienzo el gobierno de Aylwin decidió no intentar anular siquiera el decreto-ley de autoamnistía de 1978, ¡pese a que ello estaba en el Programa! (p. 400)

Apología de la obra económica y cultural de Pinochet efectuada por Alejandro Foxley («Cosas»; 5-5-2000).

Apología de Eugenio Tironi: «Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80… Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo» («La irrupción de las masas y el malestar de las elites»; 1999).

Las «declaraciones de amor» efectuadas a Lagos, a nombre de los empresarios chilenos y de la APEC, por el entonces presidente de la CPC, Hernán Somerville («La Segunda»; 14-10-2005).

La convicción de un grupo de empresarios amigos de César Barros de que Lagos había sido «el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos» en Chile; y su comparación de Lagos con «el hijo pródigo» de la parábola evangélica (Lucas 15; 11-32) («La Tercera»; 11-3-2006).

Las declaraciones de Oscar Godoy, quien consultado en 2006 si observa un desconcierto en la derecha por «la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico» de la derecha; respondió: «Sí. Y creo que eso debería ser motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho» («La Nación»; 16-4-2006)

La enorme satisfacción experimentada por uno de los artífices de la «escuela de Chicago», Arnold Harberger, al escuchar a Ricardo Lagos en un seminario en Colombia en 2007: Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras» («El País», España, 14-3-2007)

Queridos amigos, entenderán que a la luz de todo lo anterior (muchos de cuyos antecedentes seguramente algunos de ustedes ignoran) no puedo considerar al liderazgo de la Concertación como un «mal menor» respecto de la «Alianza por Chile»; sino como su funesto complemento.

Por Felipe Portales

Autor del libro Chile: una democracia tutelada. Premio Altazor