Tribunal Ambiental tumba RCA de proyecto de Collahuasi por ignorar a comunidades indígenas
El Segundo Tribunal Ambiental anuló este miércoles 14 de mayo la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, valorado en más de US$ 3.200 millones. Según CNN Chile, el fallo acogió la reclamación de la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta y la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, quienes denunciaron no haber sido debidamente consideradas en el proceso de evaluación aprobado en diciembre de 2021.
La sentencia –citada por CNN Chile– ordena retrotraer la evaluación hasta antes del Informe Consolidado de Evaluación (ICE). El tribunal fue enfático: “Las asociaciones indígenas reclamantes de caleta Chanavaya no fueron debidamente caracterizadas”, y añadió que CONADI formuló reparos en etapa recursiva “que pese a su claridad y trascendencia no fueron considerados”. Además, no se realizaron las reuniones del artículo 86 del Reglamento del SEIA, mecanismo clave para levantar información sobre afectación directa.
La segunda ilegalidad detectada afecta directamente a la planta desaladora en Punta Patache (60 km al sur de Iquique), que operaría con 525 l/s y luego 1.050 l/s desde el octavo año. El tribunal determinó que no se verificó adecuadamente la velocidad de succión, no se modeló la sedimentación de la salmuera en el mediano y largo plazo, y el plan de vigilancia marina fue acotado solo a los primeros cinco años, ignorando la ampliación futura de capacidad, pese a las observaciones ciudadanas sobre impactos hipersalinos en el fondo marino.
El proyecto, uno de los más grandes en construcción en el país, buscaba ampliar el procesamiento de sulfuros de 170 mil a 210 mil toneladas diarias. Con este fallo, la evaluación ambiental deberá rehacerse desde el ICE, incluyendo un nuevo ICSARA que corrija las ilegalidades. La decisión marca un precedente crítico: ni el gigantismo inversor ni los reparos técnicos de CONADI pueden saltarse la consulta indígena ni el modelamiento riguroso de impactos marinos de largo plazo.
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