Presidenta: Solidaridad no es Impunidad

En declaraciones a una radioemisora de la capital, usted ha dicho, con cierta irritación, que “…basta ya de buscar responsables”

Por Wari

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En declaraciones a una radioemisora de la capital, usted ha dicho, con cierta irritación, que “…basta ya de buscar responsables”. Lo siento Presidenta, pero lo que ha ocurrido es demasiado grave para no buscar responsables. Por cierto que el primer deber es auxiliar a los más afectados. La sociedad civil, después de recoger los destrozos en sus propias casas, ha comenzado a hacerlo, quizás con más agilidad que el Estado, ayudando a los que más sufren. La solidaridad se seguirá expresando con fuerza. Sin embargo, muchos no queremos que este esfuerzo solidario de la mayoría de los chilenos opere también como cortina de humo para que tras ella se escabullan quienes tienen tanto que responder. Los barcos de la Armada no dejaron de navegar con víveres, cuando finalmente zarparon, claro, por el hecho de que su Comandante en Jefe comience a reconocer responsabilidades.

Es que no hay explicación Presidenta para el hecho que no se haya dado la alarma de tsunami. Deben aclararse las versiones todavía encontradas entre la ONEMI y la Armada. Pero de cualquier forma, ¿le parece a usted razonable el tiempo que se tomó la Armada, de acuerdo a su versión, para dar la alarma? El Servicio norteamericano estaba alertando diez minutos después del terremoto. El Servicio Chileno se toma alrededor de media hora, cuando cada minuto puede ser la diferencia entre la vida o la muerte de mucha gente. Por otra parte, ¿le parece que es una respuesta válida la de la directora de ONEMI cuando dice que el fax del SHOA era ilegible? ¿No sintió esa señora alguna pequeña curiosidad por saber qué diablos le quería decir el servicio especializado en tsunamis después de un terremoto? Era ilegible y punto.

Tampoco hay explicación para que hayan pasado varias horas sin que usted supiera qué pasaba en las zonas más afectadas. No es explicable que todo el sistema de comunicaciones de emergencia de un país esté en el suelo. Los sistemas de emergencia son precisamente para cuando se corta la luz Presidenta. Parece que las radios de la ONEMI estaban sin batería, pero, ¿no tenemos destacamentos de las Fuerzas Armadas en esas zonas? ¿O los sistemas de comunicación de esos destacamentos quedan inutilizados con simplemente cortarles la luz? Y a propósito, déjeme decirle que me dio cierta vergüenza cuando usted le pide a Hillary Clinton que le traiga algunos teléfonos satelitales y ella le pasa uno ante la prensa. Su gobierno ha gastado en tanta frivolidad el dinero de los chilenos, como por ejemplo donarle un millón de dólares a alguien para que se compre un hummer, pero sin embargo, ¿no se había preocupado de dotar adecuadamente a los organismos que actúan en emergencia con esa tecnología, para velar por nuestra seguridad?

Tampoco es explicable que usted se haya tardado tanto en declarar Estado de Catástrofe, despachar suministros y desplegar fuerzas. Así como se sabe que tras un terremoto de esa magnitud en la costa se generan tsunamis, también se sabe que sobreviene desabastecimiento y saqueos. ¿Era necesario que los saqueos comenzaran para actuar? Ha escuchado usted que en el fútbol, como en la política y en la gestión de desastres la capacidad de anticipación es esencial?

Porque no se trata de ser “general después de la guerra” como ha dicho usted Presidenta. Nadie puede ser tan genial para enfrentar una situación así y en base a improvisación, a pensar en ese momento cada solución, dar respuestas adecuadas a todos los desafíos. Una tragedia de esta magnitud sólo se puede enfrentar correctamente en base a una rigurosa planificación, a pensar por adelantado frente a distintos escenarios. Ese es deber esencial de nuestras Fuerzas Armadas bajo la dirección del Ministerio de Defensa. Entonces, o aquí no había tal planificación, o era insuficiente o no se implementó. En cualquiera de esas posibilidades, la responsabilidad es prioritariamente del Gobierno.

Es que sabe Presidenta, ha muerto mucha gente. ¿Qué siente cuando piensa que quizás muchas personas pueden haber creído en lo que su Gobierno le decía y no se protegió o bajó de sus sitios de protección y que por eso hoy están muertas?

Punto aparte merece el tema de las construcciones nuevas que se han derrumbado o han quedado gravemente dañadas. En este tema sólo pueden ocurrir una de dos situaciones. O no existen normas de construcción adecuadas, caso en el cual la responsabilidad es del Estado, en particular del Gobierno y más específicamente del Ministerio de Vivienda, o esas normas existen, pero las inmobiliarias, movidas naturalmente por el afán de lucro, pariente tan cercano de la falta de escrúpulos, no son fiscalizadas, caso en el cual la responsabilidad es también del Estado, en este caso de los municipios. Lo cierto es que en cualquier caso, por esta responsabilidad, el Estado debe ser particularmente proactivo en buscar soluciones y no lavarse las manos y dejar a la gente abandonada para que se enfrente en los tribunales a las inmobiliarias.

Por todo lo dicho, espero que usted comprenda por qué habemos muchos que pensamos que todo lo que ha sucedido debe ser juzgado, sancionado y muchas familias indemnizadas. Sí, “indemnizadas” Presidenta, no simplemente objeto de “ayudas”. Me refiero a los familiares de las víctimas fatales del tsunami. La falta de una alerta constituye precisamente un caso de “falta de servicio de los organismos del Estado”, organismos que contaban con todos los medios adecuados para proteger a la población, medios que cuestan todos los años miles y miles de millones de pesos a todos los chilenos y que fueron utilizados negligentemente. La falta de servicio que causa daño, como usted sabe, genera para el Estado la obligación de indemnizar.

Y por cierto las responsabilidades políticas también deben ser esclarecidas. Afortunadamente, esa exigencia de responsabilidad no tiene para qué quitar ahora ni un minuto de tiempo a sus ministros o al comandante en Jefe de la Armada. El mecanismo para hacerla efectiva existe, se llama acusación constitucional y puede interponerse en contra de los ministros de Estado hasta tres meses después de dejar su cargo, por la causal constitucional de “Poner en riesgo la seguridad de la Nación”. Porque pienso que usted estará de acuerdo conmigo Presidenta, en que en ningún ámbito es buena la impunidad.

Por Luis Mariano Rendón

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