Revelan informe del OS-7 que registra confesión de pago de $1,7 millones de Sergio Yáber al diputado Araya y concluye que antecedentes “podrían revestir carácter de delito”
El Oficio Reservado N°3.145 del OS-7 de Carabineros, remitido el 16 de octubre a la Fiscalía Regional de Los Lagos, detalla cinco llamadas interceptadas al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, investigado por eventuales vínculos con un esquema de lavado ligado a la exministra Ángela Vivanco. Entre esos diálogos, Yáber afirma haber entregado “$1,7 millones” al diputado republicano Cristián Araya, según el documento oficial cuya existencia fue inicialmente revelada por CIPER Chile y que ahora es publicado íntegramente por ese medio.
El informe además registra conversaciones en las que Yáber atribuye a Araya la entrega de antecedentes que afectarían al diputado socialista Daniel Manouchehri en medio de la acusación constitucional contra el entonces ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa. En otra transcripción, Yáber sostiene que citó al parlamentario a su casa porque “hace rato que yo me había comprometido” con una “campaña”, pero precisa que “no va por eso, lo cité porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, pa’ que la bancada se ponga”, aludiendo a los esfuerzos por evitar la destitución de Ulloa.
CIPER destaca que el OS-7 concluye expresamente que los antecedentes contenidos en las escuchas “eventualmente podrían revestir carácter de delito”, lo que llevó a enviar el oficio al Ministerio Público en el marco de una indagatoria por presuntas redes de corrupción donde se cruzan actores del Poder Judicial, del Congreso y del ámbito privado. El medio también informó que el diputado Araya, consultado por diversas vías antes de la publicación, no respondió preguntas y solo declaró más tarde en X: “Las imputaciones que hace el artículo son falsas”.
El contenido del reportaje provocó reacciones en el Partido Republicano. Su presidente, Arturo Squella, sostuvo que el objetivo era “enlodar a alguien que tenga relación con nuestro sector”. A su vez, el candidato presidencial José Antonio Kast insistió en que, desde el inicio de su campaña, advirtió que serían “90 días de difamaciones, de mentiras”, poniendo en duda la motivación de la investigación periodística. CIPER, sin embargo, enfatiza que solo difundió lo que consta en un documento oficial de Carabineros enviado a la fiscalía.
Tras la publicación, Bío Bío informó que Araya pasó a figurar como “sujeto de interés” en una causa por tráfico de influencias dirigida por la fiscal Claudia Perivancich. Un día después, la Corte de Apelaciones de San Miguel suspendió temporalmente a Yáber de sus funciones como conservador, mientras CIPER liberó íntegramente el oficio policial y sus cinco anexos, que incluyen las transcripciones completas de todas las llamadas intervenidas.
