La alarmante situación coincide con el actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, vinculado históricamente a la defensa de esta megaobra.
A través de la revisión del informe técnico del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN 2010), se evidencia la inviabilidad y los riesgos de seguridad que pesan sobre el proyecto Embalse Punilla. Este estudio geológico expone de manera directa cómo el Estado chileno y los promotores de la iniciativa han desestimado el peligro de catástrofe que pesa sobre los habitantes de San Fabián de Alico, un pueblo cordillerano en la Región del Ñuble, quienes quedarían expuestos ante una eventual fractura de la represa.
El principal argumento del organismo estatal apunta al comportamiento físico y sísmico del subsuelo tras el terremoto del año 2010. Los estudios confirmaron de manera textual que «se detectó un desplazamiento vertical acumulado de 7 a 10 cm en una falla que pasa exactamente por el eje del muro», afirman. Esta deformación activa en el terreno convierte la cimentación de la represa en un peligro permanente para la seguridad de toda la comuna.
A este escenario estructural se le añaden los desprendimientos de tierra y remociones en masa detectados en las laderas que rodean la cuenca del Río Ñuble, según se constata en el mismo informe de SERNAGEOMIN 2010. Los geólogos determinaron que estas inestabilidades activas representan una amenaza real de aluviones que podrían caer directamente sobre el depósito de agua del futuro embalse. Un desprendimiento de esta magnitud provocaría un desborde de las aguas acumuladas, impactando a las familias rurales de los sectores bajos.
La situación para San Fabián de Alico es más crítica al evaluar la cercanía del proyecto con el Complejo Volcánico Nevados de Chillán, alerta detallada en el informe técnico de SERNAGEOMIN 2002. Este reporte de peligro volcánico identifica un riesgo físico directo que no ha sido resuelto por las autoridades. Específicamente, el servicio estatal advirtió en su informe que tal Complejo «presenta un peligro latente de generación de lahares con alta probabilidad de impactar el cauce del río y la estructura proyectada».
Pese a la vigencia de estas alertas, el avance del proyecto omite la seguridad y los derechos de la población local. Los propios afectados de la precordillera y las familias agrupadas en el Comité de Allegados de Punilla han denunciado el incumplimiento del Plan de Desarrollo Social y la ejecución de un proceso de relocalización forzosa totalmente inconcluso, situación que los obliga a permanecer en un territorio bajo condiciones de vulnerabilidad ambiental y sin garantías básicas de seguridad.
Además, el conflicto involucra al actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien había liderado la Junta de Vigilancia del Río Ñuble y representado a grandes canalistas con derechos de agua en la zona antes de ser secretario de Estado. Su histórica defensa de la megaobra cruza la alerta técnica de San Fabián con las decisiones del poder político de derecha y el empresariado.
Ante la gravedad del peligro que significa el Embalse Punilla, organizaciones sociales como la Asamblea Ambiental Alico levantaron una campaña de denuncia pública a través de sus redes sociales para alertar a la población y generar conciencia sobre esta amenaza. Mediante sus plataformas, la agrupación busca visibilizar de forma urgente la inviabilidad de continuar impulsando un megaproyecto diseñado bajo estos criterios técnicos.
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