“Las concesionarias no pueden hacer lo que quieran. El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, tiene una responsabilidad como mandante y debe garantizar que el servicio que se está entregando cumpla con las condiciones de seguridad exigibles”, enfatizó, haciendo un llamado a que la Contraloría "realice una fiscalización rigurosa y permita establecer las responsabilidades correspondientes".