Chile necesita hablar de empleo, pero también de las personas que están detrás de esas cifras. Porque recuperar el trabajo no significa solamente recuperar un ingreso. Para muchas personas significa recuperar tranquilidad, autonomía, confianza y la posibilidad de volver a mirar el futuro.

Bajo la dirección de Soledad Cruz, el montaje ahonda en las memorias y contradicciones con el presente de tres mujeres que se organizaron en los ´70 en contra del gobierno de la Unidad Popular, y se reencuentran en la actualidad en un funeral. "Nos interesaba mirar la historia desde un lugar incómodo", señala la directora de la obra, protagonizada por Tamara Ferreira, Carol Henríquez y Bárbara Mártin, y que se presentará entre el 3 y el 13 de septiembre en la sala Bunster del Centro Cultural M100, Santiago.

Estados Unidos logró imponer que la problemática principal estaba al interior de nuestros estados y que requiere de todos los esfuerzos posibles, concluyendo que hoy el gran asunto es la participación directa de las instituciones castrenses en seguridad interna, con la consecuente militarización de la vida nacional, que se traducirá en una política más global e integral de control y represión social.

"Las soluciones existen, pero requieren inversión y voluntad política", afirmaron desde la ONG internacional. En ese sentido, el panorama en el país no es muy alentador, al constatarse que menos de un tercio de los municipios chilenos cuenta con Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC).

Cuatro organizaciones de DDHH -entre ellas Human Rights Watch- presentaron una demanda en un tribunal federal de EEUU, para impugnar las sanciones impuestas por Trump contra fiscales y jueces de la CPI, un experto de la ONU, y tres organizaciones palestinas de Derechos Humanos. Para los demandantes, estas acciones "exceden las facultades del Presidente y se basan en una supuesta 'emergencia nacional' que carece de fundamento real".

La obra, profusamente documentada a partir de expedientes, registros de audio de audiencias y archivos judiciales de casos emblemáticos, ofrece una perspectiva crítica —denominada "la otra mirada"— sobre cómo el sistema penal chileno se ha desplazado de la protección de derechos y la presunción de inocencia, hacia un rol de disciplinamiento y criminalización selectiva contra el pueblo mapuche.

"La diferencia entre lo que el Estado ya puede hacer contra el narcotráfico o el crimen organizado y lo que este proyecto añade está, precisamente, en su enfoque en restringir la reunión, la asociación, la libre circulación y la vigilancia de las comunicaciones. Facultades que no son efectivas para perseguir a un narco (que no marcha, que no se asocia públicamente ni ocupa una plaza para pedir nada), pero son las que se necesitan, en cambio, para disolver una manifestación social".

Una vez más, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Lagos, rechazó de manera transversal todas las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), que se votaron el 25 de agosto. Estas solicitudes en promedio han estado en trámite entre 7 y 10 años. Desde el año 2024 se han rechazado 18 solicitudes. Sin embargo, a pesar de la preocupación que esta situación genera, las comunidades se mantienen firmes y activas.

"La libertad ciudadana y sindical no consiste únicamente en tener una organización inscrita legalmente. Significa poder reunirse, desplazarse, comunicarse, elegir democráticamente a sus representantes, coordinarse con otras organizaciones sociales y sindicales. Significa, además, que los ciudadanos podamos organizarnos sin temor a ser vigilados o tratados como delincuentes", plantearon en una declaración.

Parlamentario pidió citar al ministro de Seguridad, Martín Arrau, a la Comisión de Seguridad de la Cámara, para que explique los resultados de las medidas implementadas por el Gobierno luego de conocerse las cifras del Servicio Nacional de Migraciones, que marcan un preocupante aumento de 62% en los ingresos irregulares por Arica, entre enero y julio de 2026.