Previamente, el Contralor Jorge Bermúdez había señalado que "no existe en el ordenamiento jurídico chileno, una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad", dejando en la ilegalidad las medidas anunciadas por los alcaldes de La Reina y La Florida.