Con la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos se ha configurado como un país manifiestamente agresor y con conductas expresamente violatorias del más elemental derecho y moral internacionales. E incluso su presidente se ha convertido en una suerte de matón y mafioso a escala global utilizando sistemáticamente las amenazas, los insultos y las extorsiones y chantajes a todos los gobiernos que no se ajustan a sus deseos.

Ni siquiera se puede aducir que el comportamiento de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos de defensa de Pinochet haya sido producto del temor a un eventual golpe de Estado. Ya desde 1990 (con Patricio Aylwin de presidente) los gobiernos de la Concertación se molestaban públicamente con las críticas que le llegaban a Pinochet en el exterior cuando viajaba como comandante en jefe del Ejército.

Particularmente, con una disminución del impuesto a las grandes empresas de 27% a 23%; y con el fin del pago de contribuciones a la primera vivienda que cancela sólo el 9% de los adultos mayores más ricos de la población. Y con un recorte del gasto público en salud que alcanzaría a 413 mil millones de pesos; y específicamente de 259 mil millones de pesos para Fonasa.

Y ha llegado a ser tal el deterioro político y económico de Estados Unidos –a nivel mundial como nacional- que para revertirlo ha elegido -¡ya dos veces!- a un presidente como Trump, que ha propugnado acentuar aún más el carácter imperialista del país, en un afán desesperado y extremadamente voluntarista de hacer renacer su predominio mundial.

Este debilitamiento de las organizaciones laborales causado por su fuerte represión gubernamental y por su creciente división contribuyó, paradójicamente, a que uno de los grandes objetivos del gobierno de Alessandri, como la aprobación de un Código del Trabajo, se atascara en un Congreso en el cual ni siquiera contaba con una mayoría en el Senado.

Si bien el Ejército de Chile reaccionó con espanto a la revolución rusa, abominando del bolchevismo, también criticó la desenfadada desigualdad económica y los abusos cometidos por la oligarquía criolla, abogando por una relación más armoniosa entre el capital y el trabajo, un mayor desarrollo industrial y por mejores condiciones de vida para los obreros.

En 1923 la represión de Alessandri contra los trabajadores se acentuó en el norte. En este sentido es muy ilustrativa una nota confidencial enviada por el propio Alessandri al Intendente de Tarapacá, el almirante (R) Recaredo Amengual, en respuesta a la preocupación de éste por la proyectada visita del entonces diputado comunista Luis Emilio Recabarren a varias oficinas salitreras de la pampa y el rechazo a ello expresado por los industriales de la zona.

Durante la huelga del carbón de enero-marzo de 1922, Alessandri envió tropas a la zona de Lota y Coronel, y permitió que los empleadores formaran comités de vigilancia armados. Su respuesta a la huelga general del 10 de febrero (convocada por la Foch) fue básicamente la misma que la de sus predecesores: Santiago se convirtió en un campamento armado.

En 1921, durante el primer gobierno de Arturo Alessandri, el destacado abogado y académico Carlos Vicuña Fuentes, dentro de un conjunto de opiniones dadas en el seno de la Fech, señaló que “debe resolverse el problema internacional del Norte mediante la devolución al Perú de las provincias de Tacna y Arica y la cesión a Bolivia de una faja de terreno en Tarapacá, para que tenga una salida al mar”. El 2 de septiembre de ese año, el Gobierno acordó la destitución de Vicuña de su trabajo como profesor interino de la Universidad de Chile.

En la medida que el sector patronal fue endureciendo su actitud con los trabajadores en el curso de 1921, las relaciones de Alessandri con ellos comenzaron a empeorar. Así, en julio el Gobierno le ayudó a la compañía de tranvías de Santiago a quebrar una huelga de choferes y cobradores, terminando centenares de trabajadores despedidos.