La CUT en la región del Bío Bío acusa una eventual colusión entre la Comisión Médica y las AFP, debido a los constantes rechazos de licencias médicas, las que buscan justificar la incapacidad para trabajar de cientos de personas.

La querella se suma a la presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente y se sustenta en los intercambios de correos entre Longueira y el ex gerente de SQM Patricio Contesse.

El partido político Poder Ciudadano, inicio una serie de reuniones con los partidos que se encuentran fuera del duopolio, con el objetivo de lograr un acuerdo “ciudadano” ara enfrentar las próximas elecciones municipales. Entre los partidos con los que se han reunido, están el Partido Ecologista, Humanista, Igualdad, Liberal y los movimientos autónomos y RD. A cada uno de ellos han hecho entrega de una carta con los “mínimos ciudadanos” que según cuentan, debería contener este acuerdo político.

El parlamentario anunció que “recurriremos al Tribunal Constitucional si es necesario” para revertir la medida del Senado, que aprobó el control preventivo de identidad sin previo oficio del Ministerio Público. 

Recurso fue ingresado por senadores de derecha para revisar constitucionalidad del proyecto recientemente aprobado por el Congreso

Cristián Warner mantiene cuentas en dos bancos, los que deberán enviar a la Fiscalía los movimientos que registraron dichos productos entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.

Juan Manuel Zolezzi señaló tajante “Tengo la impresión de que antes del 21 de mayo no habrá nada”.

El jefe de la Fiscalía Oriente Manuel Guerra y los fiscales de Alta Complejidad, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, solicitaron la audiencia de formalización para el ex candidato presidencial Laurence Golborne, siendo fijada para el 29 de junio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Jefe de la bancada PS dijo que ya está bueno que el ex Mandatario “siga pasando piola” en lo que se refiere a los escándalos relacionados con la compañía de Ponce Lerou.

Los imputados aceptaron el acuerdo propuesto por el Ministerio Público y deberán cancelar una indemnización de $235 millones en tres cuotas a los familiares de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010.