El gobernador regional indicó que la iniciativa se enmarca en la crisis de seguridad que atraviesa el barrio 10 de Julio, el cual desencadena "comercio sexual en la vía pública e incivilidades en sus calles".

"Vamos a ejercer todas las acciones legales que procedan, sean civiles, administrativas o penales. Este acuerdo si se llega a concretar va a ser peor que el ´Davilazo´", indicó el senador Pedro Araya (PPD) .

Miguel Landeros Perkic explicó que la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de Valparaíso se basa en el posible incumplimiento del artículo 146 del Código Penal, que se refiere a la divulgación de secretos por parte de funcionarios públicos.

En concreto, las AFP´s invirtieron US$979,8 millones en las siguientes empresas concesionarias: Autopista del Maipo (US$404,8 millones), Vías Chile (US$345 millones), Autopista Central (US$81,6 millones), Costanera Norte (US$78,9 millones) y Ruta Algarrrobo (US$69,6 millones).

"¿Por qué no seríamos capaces, todos cediendo y con evidencia técnica, de sacar adelante una reforma que mejore las pensiones actuales y futuras de nuestra patria?", planteó el mandatario ante los empresarios.

Se ordenó un nuevo juicio contra el productor de cine, alegando que se habían cometido errores durante el proceso judicial celebrado en 2020.

Ambas empresas mineras operan en nuestro país, y en el caso de fusionarse, superarían a la estatal Codelco como la mayor productora de cobre del mundo.

La Sala de la Corporación aprobó el proyecto en general, pero, en particular, rechazó algunos de sus artículos, como son la exigencia de un plan de pago para las isapres y nuevas atribuciones para el Fonasa y la Superintendencia de Salud.

El abogado Claudio Gómez señaló que "la Ley minera sostiene que los plazos son fatales, es decir, llegado el día del vencimiento se extingue el derecho para el solicitante; e improrrogables, es decir que no admiten ninguna ampliación, es por eso que no se explica esta resolución dictada por el 2° Juzgado de Letras de Los Andes".

La organización advirtió que el desorden, la discriminación y la impunidad en los conflictos y en otros ámbitos se han visto potenciados por el empleo descontrolado de tecnologías nuevas y ya conocidas, que actores militares, políticos y empresariales utilizan ahora como arma de manera habitual.