Durante el presente año, dos noticias ampliamente difundidas por los medios de comunicación han generado preocupación en la ciudadanía

Organismo encargado de perseguir delitos contra el Fisco solicitó incautar documentos en el municipio de la alcaldesa Sandra Valenzuela e incorporar a una brigada de la PDI especializada en materias económicas a las diligencias.

Según el diputado Leonardo Soto (PS), los responsables de la filtración que pilló de sorpresa al nuevo mandamás de Carabineros "probablemente provienen de las redes internas de corrupción que existen en esta institución".

La solicitud se remonta a 2017, cuando El Ciudadano presentó un amparo por denegación de acceso a la información contra el municipio.

Los parientes de Maurice Grimalt son motivo de sospecha en el frente interno. Su padre es vinculado como secretario al ex jefe de Cuatro Álamos de la DINA Osvaldo Manzo Durán y su cuñado cumple condena en cárceles que él debe supervisar.

"Había un temor en la institución porque todos sabían la relación que tenía con la presidenta (Bachelet). Tenía el poder total", señala el oficial (r) Jorge Aguirre Hrepic sobre la ex autoridad máxima de la policía uniformada.

Con la indagatoria en pleno desarrollo, una comitiva encabezada por el jefe del Departamento V, subprefecto Jorge Acuña, habría llegado "sin previo aviso" al domicilio particular del denunciante para cuestionar la querella que él presentó contra funcionarios de la institución.

Según el abogado querellante, el ex general de Educación Ricardo Buscaglione -cuñado de Gonzalo Blu, otrora jefe de inteligencia que pronto será formalizado por manipular pruebas en la denominada Operación Huracán-, desplegó una serie de acciones para aplacar las denuncias, arista que no fue abordada por el tribunal castrense.

Extraer datos de fuentes abiertas era algo que parecían tomarse bastante en serio en el organismo comandado por el ex fiscal Gonzalo Yuseff. En 2010, a través de un simple "copy paste" de internet, el abogado trató de convencer al Ministerio Público de que en Chile existía una red internacional de terroristas islámicos, hipótesis que nunca se logró comprobar ante la justicia.

El pedido de sobreseimiento se suma a otro para absolver de responsabilidad al fiscal Luis Arroyo, su asistente Mónica Palma y al líder de la CAM Héctor Llaitul por la supuesta violación de secreto alegada por Carabineros en la hebra de la indagatoria que arrastró a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).