Terrenos de la generadora eléctrica Pehuenche son una piedra en el zapato para la conectividad de vecinos que, pese a vivir dentro de la jurisdicción de la comuna, carecen de acceso expedito a servicios municipales básicos.

La institución se negó a proveer documentos que acrediten el mal estado del parque vehicular que fue dado de baja y aquellos tendientes a justificar la inversión.

Defensa del general (r) Flavio Echeverría señaló que el Ministerio Público cometió un error al indagar el caso con Carabineros, pues ello no garantizaría un proceso "imparcial".

El fiscal adjunto Roberto Sahr pidió comunicar el mismo cargo a los civiles Nelson y Rodrigo Bustos Morgado, hermanos del ex coronel imputado en el caso, Christian Bustos Morgado.

Las irregularidades involucran millonarias cifras, y van desde compras sin el suficiente respaldo hasta bienes cuyo ingreso no fue posible acreditar.

La ex gendarme Sandra Blanco Olivares murió de un disparo al tórax en marzo de 1995, luego de ser encontrada herida en su domicilio en Talca. La autopsia caratuló el caso como un suicidio, sin embargo, de acuerdo a la indagación judicial, no hubo claridad sobre lo ocurrido. En primera instancia, la institución negó la existencia de la funcionaria y, después de admitirla, informó que los documentos del hecho se habían quemado en un incendio.

"No le tengo miedo a nadie, para que sepan... Y menos a una contralora, que me levantó una calumnia dentro de un informe público", señaló la autoridad frente a los concejales.

Policía acusó al actual jefe de la Prefectura del Loa por supuestamente alterar los plazos en que deben ser diligenciados "los diversos decretos y órdenes de investigación" de la Fiscalía y los tribunales de justicia.

Informe llama a la autoridad sanitaria a fortalecer los procedimientos de control e inspección conforme a las atribuciones sancionatorias "que el ordenamiento jurídico le confiere". Basurales de Talca, Río Claro, Teno, Constitución y San Clemente forman parte de la lista.

Dirigentes de la ADIPTGEN Nacional denunciaron al subdirector de Administración y Finanzas, Sergio Palma Sepúlveda, por "subir grados a unos en desmedro de otros, sin criterio objetivo ni técnico alguno". Los afectados habían realizado denuncias a la Contraloría por eventuales irregularidades en licitaciones del ente penitenciario.