Perito denunció inconsistencias en declaración al tribunal. La acusada ya fue condenada por facilitar el ingreso de mujeres colombianas a Chile para fines de explotación sexual.

La entidad señaló que "se han tomado todas las medidas necesarias para salvar las observaciones realizadas por el órgano de Control", el cual confirmó lo publicado por El Ciudadano sobre faltas a la probidad en millonarias licitaciones.

Diputado Leonardo Soto pidió aclarar si procede aumento de remuneraciones en favor del médico Bruno Villalobos Coz, familiar directo de la máxima autoridad de Carabineros, quien contaba con permiso para ausentarse de sus labores en el Hospital institucional.

Informe constató que el director de Obras ejerció presiones indebidas en favor de empresa ligada a alcalde de Hualañé, y que la máxima autoridad de la comuna, Sandra Valenzuela, incumplió el deber de supervisar al involucrado y prevenir conflictos de intereses. Los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Local de Curicó.

Entrega de millonaria indemnización tras fallo de tribunal de Rancagua se ha dilatado por más de nueve meses. "Obviamente, nadie responde, nadie paga, el Fisco se equivoca, los poderes del Estado lo avalan, la ley los protege, como no desear la existencia de un Defensor del Pueblo, siendo el Estado el peor empleador y el peor deudor", afirma abogada del funcionario que demandó a la institución.

Contrato directo de más mil millones fracasó por segunda vez. En paralelo, la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (ADIPTGEN) se dirigió nuevamente a Contraloría para aclarar eventuales irregularidades en la administración.

Desorden financiero persigue al ex tercer hombre de la policía civil.

Nuevo sistema fue adjudicado a empresa de ex militar que peleó en El Líbano, pese a tener un puntaje menor que sus competidoras. Alto funcionario que intervino en el proceso fue denunciado como "operador" político del Ministerio del Interior. Las dudas fueron puestas en conocimiento de la Contraloría, y el titular de Justicia, Jaime Campos, señaló que el caso no pasó por sus manos.

El director nacional Jaime Rojas no ha querido recibir al afectado.

Tiene 60 años y aparece en la lista de 1.200 miembros del aparato represor de Pinochet que en 1990 fueron traspasados a una planta civil de la Dirección de Inteligencia institucional (DINE). Ante una solicitud de El Ciudadano, el comandante en jefe Humberto Oviedo se negó a detallar las funciones que cumple por motivos de "seguridad nacional".