Institución negó solicitud presentada por ex cabo en el entendido que acceder a ella "pondría en riesgo la seguridad nacional". El argumento fue calificado por la Corte de Apelaciones de Santiago como "carente de respaldo".

La entidad "maneja recursos gigantescos, administra y opera los aviones que tiene Carabineros, los helicópteros, y lo hace con fondos fiscales, pero es una organización privada y por consiguiente en esa dualidad está el riesgo de que ocurran varios delitos vinculados a corrupción", señaló.

La investigación podría tomar un rumbo insospechado, atendida la eventual existencia de fraudes con recursos pertenecientes a todos los funcionarios de Carabineros en servicio activo.

Diputado Sergio Espejo describió la postura del gobierno como un "salvavidas de plomo" para el Alto Mando de Carabineros.

En julio de 1981, como subteniente, la hoy relacionadora pública de la Dirección de Educación y Doctrina fue traspasada en comisión de servicio a la unidad de exterminio encabezada por el militar Álvaro Corbalán Castilla.

Informe constató un potencial conflicto de intereses en la evaluación de polémica faena El Soldado. También se detectó la inexistencia de un procedimiento formal que regule comunicaciones entre el servicio y titulares de proyectos mineros.

Investigaciones lleva ocho meses sin subsanar pago. Prefecto cuestionado afirmó en enero que toda la información había sido transparentada.

El otrora tercer hombre de Carabineros disparó contra CIPER Chile, planteando que sus reportajes sirvieron para "obstruir" la implementación de un sistema de control financiero que habría detectado la fuga de recursos.

El encargado de gestionar el patrimonio fiscal entre 2014 y 2016 colocó paños fríos a la posibilidad de que el acuerdo para disolver la entidad, que fue encabezada hasta el año pasado por Lucía Hiriart de Pinochet, haga cesar la investigación por eventuales delitos realizados con propiedades de todos los chilenos.

Según fuentes policiales de El Ciudadano, la abogada se habría negado a explicar la razón por la cual no presentó querellas contra los responsables del crimen del detective Franco Collao.