La promulgación de la ley que tipificó el delito de tortura y dejó fuera de los tribunales militares aquellos casos donde civiles eran víctimas de Carabineros (fin parcial de la Justicia Militar), es fruto de una larga lucha que por años fue dada por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

Ex cabo alejado de las filas presentó demanda laboral contra la institución. Su abogado, Marcos Herrera Chirino, denunció irregularidades en la investigación que llevó adelante la Justicia Militar para aclarar la existencia de anomalías en un sumario. Livianas medidas tomadas a raíz de un incidente de alcoholismo que involucró a dos oficiales de la Guardia de Palacio, con asiento en La Moneda, confirmarían la existencia de una discriminación contra el funcionario, cuyos derechos podrían ser coartados por el Tribunal Constitucional.

El organismo pidió determinar el destino de los fondos malversados e identificó a tres coroneles de la Dirección de Finanzas como supuestos coordinadores del ilícito.

El neurólogo Pedro Chaná depositó su confianza en que las conclusiones del comité de expertos, que tildó la financiación del programa como necesaria, sirvan de suficiente insumo para que el Ejecutivo autorice una marcha blanca a partir de abril.

Uniformados habrían simulado la matrícula de niños para cobrar asignaciones que posteriormente se repartían con personas vinculadas a los establecimientos.

La semana pasada, el director Bruno Villalobos minimizó ante los parlamentarios el monto del fraude que involucraría a funcionarios de la Dirección de Logística. La causa avanza en paralelo a la indagatoria por robos de Finanzas iniciada en Punta Arenas y que motivó la detención de 17 efectivos.

Alegando inocencia, Mauricio Ortega, formalizado el año pasado por el Ministerio Público, es interrogado en Coyhaique en la primera audiencia del juicio oral por las agresiones que dejaron a su pareja con múltiples facturas y signos de hipotermia.

El director de Carabineros, Bruno Villalobos, confirmó la noche de este lunes la desvinculación de nueve oficiales potencialmente involucrados en el mayor fraude conocido hasta la fecha al interior de la institución: el traspaso a cuentas particulares de cientos de millones de pesos contenidos en las arcas de la policía uniformada

Jueza de Licantén había determinado que el querellado por "injurias" no tuvo la intención de deshonrar, menospreciar o desacreditar a la autoridad comunal de Chile Vamos, sino expresar su indignación, crítica y opinión respecto al no pago de facturas por trabajos realizados al municipio.

Coronel que solicitó destituir a funcionario habría encubierto caso de maltrato laboral vinculado a una posible distribución de material pornográfico infantil. Dirigente de la asociación de oficiales profesionales, Leandro Tegler, interpreta el hecho como una "pasada de cuentas".