Ex mayor a cargo de la investigación reveló presiones contra una testigo que "participaba en fiestas donde había droga". La identidad del funcionario que habría amedrentado a la mujer -según datos recabados por este medio- correspondería a un miembro del Cuerpo de Generales de la policía uniformada.

En cuanto a otras pistas que podrían haber apartado a Mauricio Ortega de las sospechas del equipo investigador, el oficial dijo que "se hicieron las diligencias y hasta donde yo sé, no hubo ningún antecedente comprobable, fidedigno, que abriera una línea investigativa fuerte que nos permitiera, en definitiva, establecer una autoría distinta".

Un revelador testimonio del ex jefe de la Dirección de Finanzas, Flavio Echeverría, podría ser el punto de partida de otra pesquisa.

Una conversación de dos segundos desde el celular de la víctima hacia el teléfono del imputado, horas después del ataque y en momentos en que la mujer luchaba por su vida, según declaró al tribunal un funcionario de Carabineros, abre nuevas aristas. A ello se suma el contradictorio análisis de especialistas sobre la huella genética presente en el bloque de cemento usado en la agresión.

Numerosos vacíos en los procedimientos de Carabineros podrían afectar los intentos de la Fiscalía por condenar al único imputado, cuyo material genético no concuerda con las muestras halladas en la piedra que se usó para golpear a la víctima.

El abogado Juan Pablo Gómez recordó el caso de Raúl Castro Antipán, mapuche confeso de cometer actos ilícitos a petición de uniformados. Los demás representantes de los inculpados cuestionaron los análisis de ADN contenidos en la causa.

La Defensoría Penal Pública confirmó que cuestionará el trabajo de inteligencia policial durante el juicio que empezó este viernes.

El suboficial en retiro Esteban Infante aseguró que la institución "está para servir a la comunidad, no para servirse de ella". Además, opinó que el general director Bruno Villalobos debe "poner su cargo a disposición por dignidad", ya que no detectó el fraude en Finanzas durante su cargo como jefe de Inteligencia.

La ministra Alicia Araneda descartó una conexión entre diversas muertes de jóvenes con una presunta asociación ilícita conformada por empresarios, autoridades judiciales y efectivos de Carabineros y el Ejército.

El fiscal Eugenio Campos individualizó al ex jefe de Intendencia como el máximo líder de la "asociación ilícita" para defraudar al Fisco. En su caso, habló de un total aproximado de $416 millones de pesos de patrimonio sin justificar.