18.450: La nefasta Ley de Riego que seca el territorio, mata flora y fauna nativa y destruye agricultura campesina … solo para favorecer a la elite

Grandes empresas agroexportadoras han recibido más que millonarios subsidios estatales para riego en el marco de su expansión industrial, con una política de gestión hídrica que ha recibido diversas denuncias por su ineficacia, acaparamiento y afectaciones socio ambientales, en desmedro de sectores campesinos.

Por Alfredo Seguel y Rodrigo Gallardo

Un reciente reportaje ChileVisión emitido el 1° de agosto, señaló que, durante la pandemia, el Estado ha traspasado más de $20 mil millones de fondos públicos a grandes y medianos empresarios agrícolas que obtienen subsidios para proyectos de riego. La Viña Concha y Toro, por ejemplo, ha recibido en los últimos 10 años cerca de $1.000 millones, encabezando el grupo de grandes compañías que reciben más financiamiento del Estado por este concepto. Le sigue Sociedad Agrícola Ancla Ltda., con más de 677 millones y luego, Sociedad Agrícola, ganadera y forestal “Mataquito” con más de 669 millones.

Desde el punto de vista de las distribuciones, el reportaje da cuenta que las grandes empresas han obtenido cerca de 68.453 millones, siendo casi el doble de los subsidios de pequeños empresarios que han recibido 34.797 millones. Sin embargo, en comparación con pequeños agricultores de Indap la diferencia es casi cuatro veces, ya que la cifra que ha recibido este sector es de 15.942 millones. Hay que señalar que los montos están relacionados a la cantidad de suelo que se regará y a los aportes que la propia empresa haga a su proyecto.

Este escandalo ya había sido denunciado durante el 2020. La Fundación Terram daba a conocer en una publicación realizada en Ciper, Concha y Toro acumulaba 45 subsidios de la Comisión Nacional de Riego (CNR)  por $1.388 millones, mientras que sus tres filiales –Viña Cono Sur S.A., Frutícola Viconto S.A. y Viñedos Emiliana S.A. – sumaban $375 millones en subsidios. De esta forma, es la matriz de empresas que más dinero ha recibido por esta vía desde 1986, destacaba la Fundación.

Millonarios subsidios y tala de bosque

Otro elemento polémico, se agrega la relación de empresas con subsidios y que a su vez han generado amplias talas de bosque nativo. Según datos oficiales proporcionados vía Transparencia por la CONAF y la CNR el 2020, de las 20 empresas que más han talado bosque nativo entre 2008 y 2020, doce han recibido cuantiosos subsidios de la Comisión Nacional de Riego.

Para Christian Paredes, abogado de la Fundación Terram, “tanto la tala de bosque nativo a través de planes de manejo aprobados por CONAF, como los subsidios a las obras de riego entregados por la CNR, son engranajes de un diseño jurídico-institucional, en torno al Ministerio de Agricultura, gestado durante la primera mitad de la dictadura y caracterizado por la promoción irrestricta del crecimiento del sector silvoagropecuario orientado a la exportación, a costa de una serie de impactos ambientales y sociales”.

Fundación Terram señala que en la larga lista de beneficiarios de los subsidios de riego también hay familiares de los integrantes de la Comisión Investigadora de los actos de CONAF. A modo de ejemplo:  Rodrigo Barros Montero, hermano del diputado Ramón Barros (UDI), ha recibido siete subsidios de la CNR por un total de $394 millones a través de Agrícola Caltex Ltda., Agrícola Purissima Ltda. y Agrícola 2R Responsabilidad Limitada. Por su parte, Fernando Urrutia Bonilla, hermano del diputado Ignacio Urrutia (Partido Republicano, ex UDI), ha recibido 12 subsidios de la CNR por un total de $310 millones, a través de Agrícola Santa Ximena S.A., Agrícola Cuñao Ltda., Agrícola Palomar Ltda., Agrícola Palomar S.A. –en cuya propiedad participa el propio diputado- y Agrícola Mira Ríos S.A.

Terram según publicación de Maximiliano Bazán, indica: “Todas las bonificaciones estatales recibidas por las empresas de los hermanos de los diputados se ejecutaron dentro del período en que estos ya ejercían la labor parlamentaria, que en ambos casos se arrastra desde 2002, siendo reelectos de manera ininterrumpida hasta hoy en las regiones de mayor superficie agrícola del país: O´Higgins, en el caso de Barros, y Maule, en el de Urrutia”.

Alerta desde el norte Chico por impactos agroindustriales

Barbara Salinas es de Monte Patria,  de la Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento y  con respecto a la realidad que se vive en la Región de Coquimbo, señala a El Ciudadano: “En los valles transversales del norte chico, Región de Coquimbo, se ha disparado la demanda de agua, pues la eficiencia en el riego, financiada por la CNR, ha implicado el aumento desmesurado de la superficie plantada. Hoy el agua superficial no alcanza para tal superficie y se está amenazando las aguas subterráneas, las cuales no tienen capacidad de recarga, por lo tanto el daño intergeneracional es enorme, irreparable”.

Agrega Salinas con respecto a los impactos que se viven en los valles: “El entubamiento de canales e intervención de los cauces de los ríos provoca un daño ambiental que en el actual contexto es muy grave, la flora nativa que aún queda es la que nos está permitiendo detener el avance del desierto y toda esta muere cuando se impermeabiliza los cursos de agua con fines de ‘eficiencia en la conducción del agua’. Es un círculo vicioso de productividad, rentabilidad, para quienes exportan y muerte de la flora, fauna y los ecosistemas de agua”.

Al respecto, María Consuelo Infante, del Consejo Regional Campesino, de la misma región, indica: “Un entubamiento es matar corredores biológicos y el estado no solamente cautela que esto no tenga que ingresar a un sistema de evaluación ambiental, sino que financia la obra con plata de todos nosotros para beneficio privado, contra el bien común y aludiendo que beneficia a los pequeños”.  

Agrega Infante: “Hay que cambiar el enfoque, no puede seguir este modelo productivista que obliga a quien habita este territorio a producir para el mercado y, si no produce, no sirve. Tiene que haber un estado de derecho garante, que no te haga concursar para tener agua o para tener comida, porque eso es lo que ha hecho la ley 18.450, hace que los pequeños tengamos que concursar con los grandes, en condiciones de brutal asimetría, para poder tener agua en el campo. Eso no se corrige en la actual legislación, porque se sigue considerando como piso mínimo para beneficio, en este sistema perverso de concurso, al pequeño productor y no al campesino (…) es una decisión política que inviabiliza la vida en el campo, nos están matando”.

Daniela Albornoz, integrante de la organización Catemu en Movimiento y la coordinadora interprovincial por la defensa del río Aconcagua, señala: “Es super compleja la situación en el sector rural, nosotros vivimos en el valle de Aconcagua que es más bien húmedo dentro del centro, pero aun así toda la pequeña agricultura tiene problemas de racionamiento de agua. Vemos que la concentración de tierras y agua se replica en todas las regiones, es aberrante”. Sigue: “Se están también viendo los datos de los subsidios de la CNR, porque ellos se jactan en decir que el 80% de los beneficiados son pequeños agricultores, pero en cantidad de usuarios o beneficiarios, en monto de plata es totalmente al revés. No pasa del 20% en aportes monetarios, el resto se lo llevan los grandes agricultores”.

Albornoz agrega: “El año pasado apareció un decreto de la Contraloría, donde declaró ilegales la tala de bosque nativo para plantación de frutales, como los palteros. Así, las 22 mil hectáreas aprobadas por Conaf a través de los planes de manejo son declaradas ilegales desde el 2008 hasta el 2020. Sin embargo, todas ellas fueron beneficiadas por la Comisión Nacional de Riego. Ya no se puede talar bosque nativo para plantar paltas, pero el material esclerófilo como arbustos y enredaderas no están protegidos, entonces los palteros siguen pelando los cerros”.

Leticia Ramírez, del Consejo Regional Campesino, indica: “Las platas de la CNR han servido para que el monocultivo se expanda en toda nuestra región y ninguna autoridad ha buscado limitar eso. Tenemos que definir la prioridad de los usos del agua: esta tiene que ser, primero para el consumo humano, la producción de alimentos y el cuidado del medioambiente, y ahí después para otros usos (…) No puede ser que en Combarbalá deban juntar agua por una semana para poder bañarse”.

Proyecto de Ley sobre modificaciones y prórroga Ley N° 18.450

Actualmente se tramita en el Congreso el proyecto de Ley que Introduce Modificaciones y Prórroga la Vigente Ley N° 18.450, que Aprueba Normas para el Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, existiendo diversas observaciones y reparos desde organizaciones comunitarias y campesinas.

Sobre esta iniciativa legislativa, Bárbara Salinas señala: “La ley 18.450 de riego está en tramitación para su actualización por aproximadamente 10 años más, es una ley nefasta que perpetúa el abuso del empresariado a costas de los fondos públicos de todos y todas”.

El 20 de marzo de este 2021, Organizaciones Sociales y Ambientales de Coquimbo, Valparaíso y O’higgins, expusieron en la Cámara de Diputados una serie de observaciones, dando cuenta de la exclusión de grupos y ciudadanos que son sistemáticamente apartados de las decisiones, de las instituciones y de los recursos del Estado. También, hicieron referencia de la captura del Estado (o de alguno de sus organismos, como los reguladores y supervisores) por parte de las élites que se adueñan de la política y la ponen al servicio de sus intereses.

Las representaciones de las organizaciones campesinas, comunitarias y socio ambientales, dieron cuenta de la grave crisis hídrica que se vive en sus territorios, incluyendo los numerosos impactos a la tierra, además de los numerosos impactos a la vida campesina.

Quienes expusieron allí, fueron: Bárbara Salinas y Aníbal Carmona, de la Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento; Nelson Veas, de la Mesa de Turismo de Monte Patria y Leticia Ramírez y María Consuelo Infante, del Consejo Regional Campesino de Coquimbo. Ellos junto a Modatima provincia de Limarí, la Escuela de Agroecología Germinar, de la Provincia de Petorca; Catemu en Movimiento, de la comuna de Catemu, provincia de San Felipe, y la Coordinadora Valle Akunkawa, organización interprovincial de la región de Valparaíso, han preparado sendos análisis -en los que detallan los vicios de la Ley de Riego- y han realizado importantes propuestas.

Parte de las propuestas presentadas en el marco del proyecto de Ley para Modificaciones y Prórroga de la Ley N° 18.450, que Aprueba Normas para el Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, han sido las siguientes:

  •  Comprender que ya no es viable el enfoque productivista sobre el socioambiental, y que se debe incluir como beneficiarios en la ley 18450, al “campesino”, siguiendo lo establecido en el artículo 13 de la Ley de INDAP.
  • Planear estratégicamente el desempeño de la agricultura en el largo plazo con fines de alcanzar la sostenibilidad ambiental asegurando el desarrollo de la actividad económica en el tiempo, considerando un escenario de adaptación al cambio climático con criterio de regeneración de las cuencas. Esto en concordancia con y para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
  • Cuantificar y cualificar los impactos negativos -sinérgicos- de las obras de riego en la cuenca.
  • Otorgar puntaje al tipo de cultivo y la forma de agricultura que se realiza, privilegiando a quienes con su técnica potencien suelos fortalecidos y capaces de retener la humedad. Incorporar el concepto de agricultura regenerativa.
  • Que los estudios y planes de manejo generados por la CNR y DGA estén en un constante proceso de construcción conjunta con las comunidades que habitan los cluster de bonificación.
  • Potenciar la agricultura de pequeña escala y para el consumo local sin requerimiento de concursos.
  • Que no se otorguen bonificaciones a proyectos de especies exóticas que ocasionen deterioro o degradación del suelo, tampoco a quienes hayan incurrido en prácticas de robo de aguas, o adulteración de su condición de propietario con múltiples roles y personalidades jurídicas.
  • Los titulares no pueden acceder a bonificación dos años seguidos, sería recomendable usar los mismos criterios de otras reparticiones públicas, fijando una bonificación por cada 5 años, por ejemplo, para permitir que haya más acceso a los beneficios.
  • Énfasis en proyectos comunitarios en el secano, teniendo en cuenta y reconociendo los derechos de aguas históricas y la tenencia comunitaria de la tierra.
  •  Aumentar la valorización en proyectos que fomenten la conservación productiva y medioambiental de forma asociada (donde ambas se vean beneficiadas).
  • Precisión de rango de sanciones administrativas frente a infracciones de consultores, sancionando el engaño, la desinformación, el abandono de obras, la obra incompleta o inutilizable, estableciéndose desde multas hasta inhabilidad.
  • Incorporar mecanismos de recuperación ambiental de las cuencas en el largo

plazo.

  • Determinar medidas de mitigación de los daños ambientales de cualquier obra de riego y drenaje. Riego de vegetación nativa, abrevaderos, etc.
  • Que sea obligatorio devolver entre un 25 y un 100% del ahorro de agua por eficiencia del sistema de riego bonificado, al sistema hídrico natural. Riego de conservación en el predio o fuera de él, recarga de acuíferos, etc.
  • Renuncia de DAA ante la DGA sean utilizados para fines de consumo humano o regeneración del ecosistema.
  • Detener el sobre uso del agua. Que NO se bonifique la expansión de cultivos en contexto de sequía.


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