¿A dónde pretende llegar Chile con las actuales políticas de energía eléctrica?

Por Dra. Jenny Schmid-Araya

De la finalmente lograda audiencia pública organizada por la sociedad civil en la ciudad de Ancud el 31 de marzo de 2025, se concluye que las autoridades presentes necesitan asimilar cuidadosamente las presentaciones sobre la amenaza de la mega industria energética en Ancud y sus impactos locales y provinciales. Al mismo tiempo deberán atentamente en 30 días hábiles considerar las solicitudes de la sociedad civil.

Las audiencias públicas son un derecho ciudadano y de diálogo entre la sociedad civil y la denominada autoridad, donde en este acto público se expresan las preocupaciones, demandas y propuestas desde la perspectiva de los ciudadanos, sobre materias de interés público [1]. Por ende, parte del rol de un concejal es precisamente hacer efectiva la participación de la comunidad local y no de rechazar una audiencia pública como tampoco excluirse de la asistencia a dicho evento, algo que ocurrió en Ancud y que como consecuencia llevó a reprogramar dicho evento.

Las presentaciones efectuadas por la sociedad civil en Ancud se destacaron porque la discusión fue desde una perspectiva distinta a lo esperado, ya que se examinaron si acaso estas inversiones son compatibles con la vocación del territorio chilote, considerando, por ejemplo:

a) la categoría de patrimonio agrícola mundial (SIPAM Chiloé),

b) la situación de estrés hídrico causada por el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas acumuladores de agua en Chiloé,

c) el abuso del poder motivado por las ganancias privadas de empresas extranjeras,

d) la pérdida de democracia,

e) la “letra muerta” de la enmarañada estructura de los instrumentos de planificación territorial entre muchos otros temas.

Esta audiencia pública era necesaria porque, desgraciadamente, las supuestas autoridades continúan descuidando los intereses de la sociedad civil, que incluye los pueblos originarios que se han enfrentado en Chiloé desde hace bastante tiempo a la brutal entrada de la mega industria de energía eléctrica, y, que, desde nuestro punto de vista, existe un fuerte lobby no solo por las empresas en cuestión, sino también por parte de la Seremi de Energía de Los Lagos. No somos amnésicos y no olvidamos el hecho que la ex seremi votó dos veces a favor del polémico proyecto Línea de transmisión Tineo (Llanquihue) – Nueva Ancud (Ancud) (o, en breve, Transelec), un voto como seremi de Energía y un voto por la seremi de Medio Ambiente (quien a esa fecha tenía una representación por una subrogante). Tampoco podemos ignorar la puerta giratoria que permitió a una jefa del Servicio de Evaluación Ambiental [SEA], con un vasto conocimiento del proceso de evaluación, llegar a ser gerenta de la empresa Transelec [Valdés 2024].

El aumento y la invasión de un territorio por parte de estas industrias de energía eléctrica (autodenominadas sustentables o renovables) se justifica de distintas maneras dependiendo del gobierno de turno, incluso el actual autodenominado ecológico, en algo así como “renovar el sistema eléctrico”, “diversificar la matriz del país”, como también “descarbonizar o disminuir las emisiones”, y, en el caso específico de Chiloé, “mejorar el suministro”. Pero ya en el año 2020, con los proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación Ambiental para Chiloé en esa fecha, era evidente que la capacidad de energía eléctrica proyectada por instalar era nueve veces más que el consumo de la Isla [Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos, 2020].

La audiencia pública cuestionó la idea tan arraigada de que este tipo de transición energética generará más empleos o reducirá la pobreza y desigualdad social. Los empleos que se ofrecen son temporales durante la construcción -o destrucción del territorio- y, a veces, como es común en la región de Los Lagos, con mano de obra de fuera de la región; mientras que el mantenimiento de, por ejemplo, complejos eólicos, se hace solo por un par de personas.

Entonces, si consideramos todos los complejos eólicos por venir a Chiloé, y que recientemente el eólico Tablaruca fue desistido, pero sin duda regresará al sistema de evaluación ambiental ¿para qué se necesita tanta energía eléctrica? Porque en el intertanto es evidente que no es para los chilotes y sus necesidades, sino que es simplemente un saqueo para un lucro y especulación de privados [Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos 2020].

Debemos tener en cuenta que la industria minera en Chile consume el 30% de la electricidad [Aiguasol 2021] como también que Chile exporta energía eléctrica hacia Argentina [El Mostrador 2022], aunque no está claro en cuánto porcentaje. Pero lo que debemos tener presente es que existe también la ambiciosa estrategia nacional del hidrógeno verde, generado a partir de electricidad provenientes de energías renovables, que no solo vendría a reemplazar los combustibles fósiles, sino que Chile aspira a producir el hidrógeno verde más barato del mundo [Cabaña & Aedo 2021].

¿Cuál es el costo ambiental de todas estas ambiciones de los privados? Particularmente en una Isla tan vulnerable como Chiloé, declarada ya por segundo año zona de escasez hídrica, un proceso sinérgico (involucrando el cambio climático, la contaminación y el uso del agua) que parece no haberse considerado en el algoritmo del explorador de amenazas climáticas del Ministerio del Medio Ambiente. Lamentablemente esa simulación es usada por consultoras sin observar las realidades en terreno, transformándose en otro proceso de copia y pega dentro del sistema de evaluación ambiental.

En las presentaciones de la audiencia pública en Ancud se demostró que la empresa Transelec [de propiedad de fondos canadienses [2] y de China [3]] es el actor clave en la instalación del polo energético en el sur de Chile, considerando su masiva línea de transmisión entre subestación Tineo (Llanquihue) y subestación Nueva Ancud (Ancud, Chiloé). Los 96 km de línea con sus 245 torres (según RCA 29 febrero 2024: 180 en el continente y 65 en la comuna de Ancud) devastarán 837,27 hectáreas solo en superficie.  En el continente, esta línea de transmisión divide literalmente por la mitad la enorme cuenca del rio Maullín (incluido el Santuario de la Naturaleza), pasando por múltiples redes hidrológicas (ríos, riachuelos, esteros), como también humedales (incluido turberas naturales y antropogénicas, mallines), suelos Ñadi, y bosques nativos (incluido tepuales). En el norte de Chiloé, esta línea cruza por todas las fuentes de aguas (bosques nativos, humedales, suelos Ñadi, turberas naturales y antropogénicas) que no fueron evaluadas correctamente en el estudio de impacto ambiental, y, aún más, sin considerar el cambio climático y la escasez hídrica de Chiloé.

La audiencia pública destacó que, durante la evaluación ambiental de esta polémica línea de transmisión, la Municipalidad de Ancud (una de las seis comunas por donde pasa el trazado) no contribuyó como se esperaba en realizar observaciones al proyecto, que son cruciales para la protección del medio ambiente, en especial los recursos naturales clave o la preservación de la diversidad biológica y la conservación del patrimonio ambiental. Pero sí la entidad edilicia de ese entonces, en 2020, se alistaba rápidamente en su red social Facebook (un bien municipal) para promover y felicitar la entrega de cajas de alimentos de la empresa Transelec durante la pandemia y en pleno proceso de evaluación de su proyecto.

En las presentaciones de la audiencia pública en Ancud se revelaron los múltiples instrumentos de planificación territorial, que curiosamente pululan en un escenario típico chileno de visión y funcionamiento centralista. Al mismo tiempo, es claro que estos instrumentos solo promueven el incremento económico, sin considerar la calidad de vida de las personas y deprimiendo aún más el paisaje. Este desarrollo territorial es poco sostenible y es curioso entonces que se pretenda una planificación coherente y sustentable, considerando que existen múltiples componentes de los territorios (por ejemplo, medio físico, población humana, actividades de esta última, etc.) con una alta complejidad en las interacciones entre estos componentes. A pesar de la batería de instrumentos de planificación territorial, no todos están en el mismo nivel de consolidación; basta con darse cuenta de lo que sucede con el plan regional de ordenamiento territorial [PROT]. Claramente, existen barreras de enfoque, de escala, como también barreras administrativas y políticas que impiden que estos instrumentos contribuyan a la descentralización. Entonces ¿no nos queda otra alternativa que confiar en la responsabilidad y capacidad de las propias regiones y comunas en materia de planificación territorial? Quizás por ello era necesario el llamado de atención a la Municipalidad de Ancud.

Muchos dirán que necesitamos progreso o quizás creerán que toda esta destructiva infraestructura en una isla vulnerable es para una “energía eléctrica renovable” que reducirá la huella de carbono de Chile. Desgraciadamente, Chile es un país diminuto en el porcentaje de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, comparadas con China, Estados Unidos o Rusia. En el año 2021 Chile generó un 0,23% de las emisiones globales. Es verdad que el sector que más emisiones genera es el energético (debido al uso de combustibles fósiles), pero también Chile genera emisiones desde el transporte, como también construcción, y curiosamente jamás se discuten políticas en estos dos aspectos. Al mismo tiempo, el servicio de evaluación ambiental no exige actualmente la obligatoriedad y transparencia de entregar detalles en las cantidades que estos proyectos contribuyen a liberar gases de efecto invernadero al destruir los suelos, bosques nativos, humedales, turberas (naturales y antropogénicas) y todas las fuentes de agua en Chiloé, como tampoco se exige en declarar cuál es la huella de carbono al destruir estos sumideros naturales. Estos ecosistemas absorben una gran parte del CO2 emitido por actividades humanas.

Es lamentable que las instituciones públicas sigan insistiendo en las llamadas: restauración o reforestación y a veces: mitigación o compensación por la pérdida de la flora y fauna nativa, como también lo que llaman recursos naturales (suelos Ñadi, agua). Los cientos de especies que habitan los bosques nativos, turberas, humedales, riachuelos y ríos en Chiloé, muchas endémicas o nuevas para la ciencia, han tomado millones de años -desde o antes de la fragmentación gondwánica– en evolucionar hasta lo que actualmente podemos observar en la Isla. Es absurdo y grosero pretender que fuese tan fácil “hacer crecer”, de unas simples plántulas, todas esas relaciones tan intrincadas y complejas (que incluso científicos no terminan de entender) de toda esa biodiversidad tan milenaria de la Isla.

Por Dra. Jenny Schmid-Araya

Investigadora científica independiente.

[1] Ordenanza sobre participación ciudadana, Ordenanza Municipal Ancud 1/99, Decreto N° 2.374 del 31 diciembre de 2021.

[2] Canadian Pension Plan Investment Board (CPP, 27,73%), British Columbia Investment Management Corp. (bcIMC, 26,00%) y Public Sector Pension Investment Board (PSP, 18,48%).

[3] Southern Power Grid International (27,79%).

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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