Abogada del caso de Macarena Valdés, defensora del agua y territorios mapuche: Nuevo peritaje «establece que la colgaron ya fallecida»

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Un nuevo peritaje forense demostraría que Macarena Valdés, parte de la Coordinación Newen Tranguil en Panguipulli (Región de Los Ríos), no se habría suicidado como establecieron en la versión oficial desde el Servicio Médico Legal (SML) y la Fiscalía, que ha intentado cerrar dos veces la investigación. La abogada querellante, Viviana Soto, explicó a El Ciudadano los alcances de este nuevo informe que podría cambiar completamente este caso.

El viernes 19 se realizó una multitudinaria manifestación en la ciudad sureña posterior a la conferencia de prensa que el vocero de la organización indígena-ambientalista y esposo de la activista fallecida, Rubén Collío, dio para dar cuenta del nuevo peritaje forense que podría cambiar el curso de la investigación de la muerte de su cónyuge. Un peritaje independiente hecho por el Médico Legista, Luis Ravanal Zepeda, señala que “Macarena habría sido colgada muerta y no habría sido suicidio como señaló en un principio el Servicio Médico Legal”, explica Viviana Soto, quien agrega que esto se puede establecer porque en la región cervical habría inexistencia de lesiones vitales, es decir “se establece que la colgaron ya fallecida”.

Para Soto la conclusión es “bien determinante”, pues “se trataría de la suspensión cervical por lazo de un cadáver y no de un individuo vivo”, pues en este último caso –explica- hubiesen existido “signos de infiltración hemorrágica a nivel de los tejidos blandos comprimidos por el lazo y eso no se constató”. La abogada sostiene que en términos concretos “lo que determina el peritaje es que se suspendió o se ahorcó a un cadáver y no una persona viva”.

De hecho, el médico legista Luis Ravanal, explicó que “no habían signos que demostrasen que se tratase de un ahorcamiento en vida, es decir, en el área más importante que es el cuello, que es donde una persona cuando está con vida se lesiona producto del ahorcamiento”, y agregó que “en estas circunstancias siempre va a tener signos de vitalidad, signos de hemorragia, lesiones en los tejidos, en los órganos, lo que no ocurre en un cadáver, donde estos signos están ausentes, cuando se suspende o cuando se trata de simular un ahorcamiento”. Finalmente, estableció que “a través de la autopsia, y reitero a través de la confirmación del estudio histológico, se demuestra que no hay signos de vitalidad, es decir, no hay signos que demuestren que el cuerpo se haya suspendido a través del ahorcamiento estando con vida, eso evidentemente genera una evidencia que se contrapone a la información oficial”, dijo a Radio Universidad de Chile.

Este es el segundo peritaje que se realiza al cuerpo de la activista ambiental quien fue encontrada muerta el 22 de agosto del año 2016 por uno de sus cuatro hijo en su casa, en el sector de Tranguil (Panguipulli).

Había pasado casi un año cuando realizaron la primera exhumación del cuerpo para hacer ese informe, por lo que fue difícil determinar lo que sucedió. “Quizás si se hubiera hecho más temprano se hubieran encontrado más antecedentes”, señala Soto quien critica que “fue apresurado lo que dijo en un comienzo el SML”.

Tras el primer informe, la Fiscalía Regional de los Ríos estuvo por cerrar el caso por no tener nuevos antecedentes, sin embargo, tras reunirse con Rubén Collío y una serie de esfuerzos colectivos, accedió a realizar la exhumación del cuerpo y continuar con la investigación.

Esto se logró con un metaperitaje que realizó, Luis Ravanal, quien estableció que ese informe era muy general y que era necesario hacer una nueva exhumación para determinar otras causas, analizar más los tejidos, realizar informes toxicológicos, etc. “Producto de ese informe –el meta peritaje del primero- se logra continuar con la investigación y hacer una nueva exhumación en septiembre de 2017”, explica Viviana Soto, quien complementa que ese año se hizo la exhumación del cuerpo y hoy estamos entregando los resultados de este nuevo informe.

En total, la Fiscalía intentó cerrar el caso dos veces por considerar que no habían antecedentes suficientes, sin embargo, Rubén Collío recurrió a la Fiscalía Regional de Los Ríos y logró que se mantuviera la investigación abierta, y que se realizara la exhumación.

Collío además, como forma de presión, presentó el caso judicial a la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 14 de agosto de 2017.

La incertidumbre

Tras conocer el informe, el primer paso fue entregar el lunes 14 los antecedentes a la Fiscalía, el viernes 19 realizaron una conferencia de prensa en Panguipulli donde entregaron los antecedentes a la opinión pública. Ahora, la familia Collío Valdés está a la espera de una resolución por parte de la Fiscalía, y también están esperando respuesta de una solicitud de entrevista con el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, en la que le entregarían antecedentes del caso.

La abogada es clara en señalar que lo que ahora correspondería es cambiar el tipo penal de la investigación pues ya no es un suicidio, sino un homicidio. “Lo que corresponde ahora es ampliar y continuar con la investigación, pues si hay intervención de terceros… habría que determinar quién sería este tercero. En tanto se resuelven los próximos pasos, la familia Collío Valdés junto al equipo con que trabaja están “en un momento de harta incertidumbre, pues no sabemos qué va a pasar”, sostiene Soto.

Conflicto territorial, mapuche y feminista

Macarena Valdés fue encontrada sin vida colgada en una viga de su casa el día 22 de agosto de 2016. Su deceso ocurrió en el contexto de la defensa territorial que realizaban comunidades mapuche del territorio de Tranguil y Liquiñe, en Panguipulli, contra la imposición del proyecto de central hidroeléctrica de 3MW Tranguil, de la transnacional austriaca RP Global y su filial en Chile RP Global Energía Renovables, holding del que es parte Saesa. Ella y Collío, se habían involucrado en el proceso de defensa territorial tres años antes de su muerte, pues Rubén es ingeniero ambiental y comenzó a asesorar a las comunidades en el proceso administrativo e institucional del conflicto, por lo que en poco tiempo se hicieron conocidos como parte de la Coordinación Newen Tranguil. Ella había aprendido de forma autodidacta a conservar alimentos, cuidaba a sus hijos y participaba enseñando lo que sabía a la comunidad.

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Temprano el 1 de agosto de 2016 las comunidades de la zona de Tranguil y Liquiñe realizaron un corte de ruta para que RP Global no instalara los cables de alta tensión, en la ocasión participó Macarena. Depusieron la toma a eso de las 16 hrs tras lograr un acuerdo con la Gobernadora de Valdivia, Patricia Morano Büchner, quien se comprometió a realizar una fiscalización, hacer una reunión y en paralelo para distender el conflicto, ordenó vía telefónica que RP Global se retirara del terreno.

Dicha reunión se hizo el 19 de agosto. La Gobernación –según cuentan los asistentes-, planteaba cuestiones generales y amplió el plazo porque no había fiscalizado. El domingo 21 de agosto llegó al territorio un vehículo con logo y chofer de la empresa RP Global y le exigieron a Mónica Painemilla, dueña del terreno donde vivían Macarena y su familia, que los desalojara. Ante su negativa, la amenazaron argumentando que ellos estaban revolucionando a la gente y que habían muchos que querían hacerles daño, que lo querían agredir a él y que se cuidara. Al día siguiente, 22 de agosto, Macarena fue encontrada sin vida en su casa. El martes 23 de agosto en la mañana, llegó maquinaria de Saesa a instalar el cableado de alta tensión, varios camiones acompañados del GOPE de Carabineros, y toda la operación era dirigida por el Teniente Francisco Sánchez, el mismo que estuvo el día anterior tras conocerse de la muerte de Macarena, por lo que estaba en conocimiento de la situación de duelo familiar. En tanto, Mónica Painemilla intentó colocar una denuncia por las amenazas que le habían hecho, pero la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) no la tomó pues argumentaron que ella no era familia de Macarena. A mediodía llegó otra vez RP Global, esta vez escoltada por efectivos del GOPE, Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile y de vehículos blindados a cargo del Teniente Francisco Sánchez a la casa de Macarena -mientras Rubén había ido a retirar su cuerpo-, para insistir en la instalación de los cables de alta tensión. Hubo resistencia y oposición, hubo empujones y violencia policial. A la una de la tarde la Gobernación dio la orden de que RP Global se retirara del terreno. Esa noche se veló a Macarena y el jueves 25 de agosto se realizó su funeral.

El 13 de octubre, la empresa volvió a la carga, esta vez con un mayor número de uniformados, carros policiales y tanquetas, y logró instalar los cables de alta tensión violando todas las leyes y los acuerdos políticos con las autoridades.

El proyecto hidroeléctrico es llevado a cabo por la empresa austriaca RP Global en conjunto con la distribuidora de electricidad Saesa. Comenzaron a construirlo en octubre de 2015, momento en que las comunidades mapuche del sector, propietarias de los terrenos, se enteraron de facto del proyecto. Una de las irregularidades más importantes denunciadas por las comunidades en resistencia tiene relación con que la empresa no informó sobre la existencia de comunidades mapuche, títulos de merced ni la existencia de población mapuche y colona en el lugar del proyecto, transgrediendo el Convenio 169 de la OIT –por no realizar proceso de Consulta Indígena. De hecho, tal como denunció Collío, “Tranguil es un camino de 14 kilómetros y le pidieron la opinión a la gente que vive en los dos primeros kilómetros, es decir, a la gente que no le afecta la instalación. Y la gente que colinda con las instalaciones, hicieron como que no existía”. Además, RP Global está construyendo la central sobre un cementerio indígena. Collío además denunció que el camino Tranguil era un camino vecinal y de un día para otro pasó a ser fiscal, y hay dos vías para que ello ocurra: que la comunidad lo solicite o que sea expropiado por el fisco, lo que debe traer aparejado una indemnización. Según acusaron no había ocurrido ninguna de las dos. También afirma Collío el cableado del proyecto energético pasa por encima de su casa.

Manifestaciones

El mismo viernes, tras la conferencia de prensa, Panguipulli vivió una importante manifestación para desmentir la versión oficial. Después, realizaron una funa a las oficinas de la transnacional SAESA. Este lunes 22 de enero, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) se suma a los llamados de movilización en diversos territorios, exigiendo justicia para Macarena Valdés, pues “fue asesinada en el marco del conflicto con el proyecto hidroeléctrico de la compañía transnacional austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa, aprobado en el gobierno de Sebastián Piñera”, se lee en la convocatoria.

Para MAT esto es un “feminicidio empresarial”, un “crimen de odio”, pues “fue asesinada por ser una defensora del agua y los territorios, por negarse a la usurpación histórica de territorio mapuche por parte del Estado chileno y transnacionales, en un marco de persecución, abuso y vulneración de los DD.HH. en Wallmapu”.

Este sería el primer caso de criminalización de la protesta social en un conflicto ambiental que concluye con la muerte. Si bien han existido casos anteriores este sería el primero en terminar con la vida de una defensora.

Se espera que las manifestaciones colaboren a apurar el trámite judicial para que se cambie el delito pena y se comience a hablar de homicidio.

Por Javier Karmy Bolton