Alerta por posible reactivación de conflicto hidroeléctrico “Santa Olga” en comuna de Cunco

“Santa Olga” es un proyecto que ha ingresado en dos ocasiones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El primero fue en octubre del 2017 y no fue admitido a tramitación. La segunda ocasión fue en junio del 2018 el que finalmente fue desistido por la propia empresa.

Por El Ciudadano

05/08/2021

Publicado en

Chile / Medio Ambiente / Portada / Regiones

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“Santa Olga” es el proyecto hidroeléctrico vinculado a la familia latifundista García, que involucra al diputado René Manuel García (RN) y que ha intentado tramitarse en dos ocasiones en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de manera fallida, en medio de la oposición de un amplio sector en la comuna de Cunco, Región de la Araucanía.

Hoy, vecinos de esta comuna han puesto en alerta sobre una nueva arremetida que tendría este proyecto que pretende emplazarse en el río Allipén. El movimiento por el acceso libre al lago Cólico ha señalado recientemente en una publicación en redes sociales: “!! ATENCION CUNCO !! Una vez más , por sobre los derechos de los ciudadanos , la empresa denominada proyecto minihidro Santa Olga, realiza un estudio supuestamente en las comunidades, vecinos y cercanos al sector de interés. ¿No existe un ente que sea capaz de regular estos estudios? para dónde apunta nuestra comuna, esto es lo contrario. Atención Cunco y más atención las autoridades”.

El estudio señalado, tendría relación con una encuesta que estaría siendo ejecutada por la consultara ambiental “GESAM” denominada “Pauta entrevista semiestructurada profundización antropológica proyecto mini hidro Santa Olga”, la que invoca el reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, Decreto 40, Artículo 18, e 10, para los grupos humanos pertenecientes a los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, consultada las bases del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto en cuestión no ha sido ingresado nuevamente al sistema (SEIA) desde el 2018, oportunidad donde fue desistido. Asimismo, el propio SEA establece que “El proceso de consulta a pueblos indígenas (PCPI) se extiende durante todo el procedimiento de evaluación del proyecto en el SEIA”, es decir requiere que el proyecto esté ingresado y el organismo obligado a establecer cualquier procedimiento de consulta es este organismo público y no particulares, por lo que debería ser objeto de investigación.

La consultora aludida Gesam, se presenta en su página web como “una sociedad de profesionales con una vasta experiencia en estudios ambientales de proyectos de desarrollo.  Prestamos servicios relacionados a los campos de la biología y la gestión ambiental” y su objetivo es: “realizar estudios ambientales que optimicen la relación de los proyectos de nuestros clientes con el medio ambiente”, quien presenta domicilio en Las Condes.

La amenaza hidroeléctrica “Santa Olga”

“Santa Olga” es un proyecto que ha ingresado en dos ocasiones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El primero fue en octubre del 2017 y no fue admitido a tramitación. La segunda ocasión fue en junio del 2018 el que finalmente fue desistido por la propia empresa.

De acuerdo con denuncias efectuadas por comunidades y organizaciones en el territorio de la comuna de Cunco, el proyecto involucra a la familia terrateniente de apellido García, incluyendo al diputado René Manuel García.

Con este proyecto hidroeléctrico se busca intervenir el río Allipén para la generación de 17,9 MW, hecha pasar como “mini central”, sin embargo se han identificado una serie de impactos a una amplia escala con características de represa.

Los proyectos fallidos en el SEIA han tenido como titular a la Sociedad Hidroeléctrica Santa Olga SpA, que ha sido representada por Cristián Fernando Pérez Rossi, proyecto que estaría relacionado directamente con la familia García, incluyendo la posesión de terrenos en las inmediaciones con derechos de agua constituidos en el territorio.

La Sociedad que ha impulsado el proyecto, se relaciona con la empresa Conpax encargada de la construcción civil pesada, actuando principalmente en los sectores de Infraestructura, Minería y Energía orientada a clientes tanto públicos como privados. Entre las especialidades se encuentran obras de infraestructura vial, sanitarias, hidráulicas, hidroeléctricas, eólicas, portuarias, movimientos de tierra, túneles, montaje industrial y casas para el segmento inmobiliario.

Asimismo, desarrolla negocios en las modalidades de construcción directa, Asociaciones Público-Privadas (APP), contratos de Ingeniería-Adquisiciones-Construcción (EPC’s) y contratos llave en mano, entre otros.

En contra de este proyecto se han realizado diversas manifestaciones en oposición a este tipo de intervenciones las que se contraponen con los anhelos de preservación y propuestas por el buen vivir. El propio premio nacional de literatura, Elicura Chihuailaf ha sido parte de la oposición a este proyecto, indicando el 2017 “«Esto pretende violentar a nuestro río Allipén, el agua es la vida, el agua no tiene nacionalidad, juntos debemos defenderlas».

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