Allanamientos a pescadores en Llanquihue: Una actividad ancestral tipificada como delito por el Estado de Chile

Según lo establecido por el tribunal, el Ministerio Público procedió bajo el amparo de la Ley 136 TER, que establece como delito lo practicado por los pescadores ancestrales. "Esos mismos que se apresuraron a tipificar como delito esta actividad ancestral son los que se niegan hoy día a tipificar como delito el daño ambiental que por años provocan las salmoneras, las inmobiliarias, las forestales", afirmó la abogada defensora de las comunidades afectadas, Orietta Llauca.

Por Raigan Nawel

Los pescadores ancestrales del Lago Llanquihue y el Río Maullín fueron allanados, apresados y destruidas sus viviendas por una orden judicial, en un escandalosa invasión a sus domicilios ocurrida el martes 17 de enero de 2023.

Los trabajadores del mar fueron notificados de que su antigua actividad laboral hoy es delito e incluso con una consideración aún más grave para Chile, país donde la industria pesquera con sus centros de cultivos en cautiverio, pueblan con jaulas de confinamiento las aguas del gran lago utilizando procedimientos que ensucian, contaminan y matan el fillkemongen (todas las formas de vidas) del espacio lacustre.

Es en Llanquihue también el lugar donde se establece la colonia ocupante de las tierras Mapunche por facilitación de Chile, que bajo responsabilidad de Vicente Pérez Rosales entregó territorios a los alemanes.

Por la ciudad se ven múltiples esculturas de madera con figuras de Ngen Mapu (ordenadores de la tierra) que representan el conocimiento extraído de la sabiduría Mapunche. Con ello adornan sus calles promocionando el turismo como explotación económica, contrastando este empacho cuando con sus instituciones persiguen a los habitantes ancestrales, a quienes se les ocurre considerarse sujetos de derechos.

Des-coordinación institucional

Estigmatizarlos y sosegarles es la constante. Así surge el procedimiento que confiscó sus elementos de trabajo y destruyó sus viviendas, apresándolos y llevándolos a los calabozos, orden que fue emanada desde el tribunal por la fiscal Lorena Meza, que vio en la descoordinación institucional chilena una manera de llevar a cabo sus métodos.

Lo anterior se sostiene en los dichos de Débora Guarda, vocera de la comunidad Mapunche Epuwe Wünen, quien recuerda que “los pescadores ancestrales estamos desde antes que existiera la comuna de Llanquihue y todos los que hoy son pescadores es porque antes fueron los abuelos y tatarabuelos que por años se han transmitido conocimientos, entonces no hay como años determinados de pesca”.

Los resultados de esta orden invasiva deja recuerdos que al recrearlos, los afecta: “Fui detenido y esposado como un delincuente peligroso, porque la forma en que me trataron fue muy violenta”, cuenta Mauricio Villegas uno de los pescadores apresados.

Mientras, para Pamela Chacón, la envergadura del procedimiento fue desastrosa: “7 carabineros con metralleta entraron a mi casa, rompieron la puerta y mi niñita de 5 años estaba durmiendo en la pieza, yo no sabía por qué estaban adentro de mi casa, pregunté por qué estaban haciendo el allanamiento y me dijeron que por las redes de pesca”.

La experiencia del shock los paraliza: «Me decían que me botara al suelo, pero como estaba en shock no atiné a tirarme, entonces fui reducido entre 3 efectivos y me dejaron boca abajo”, agrega Mauricio Villegas.

De esa forma, el procedimiento chileno afectó a varias familias, especialmente a mujeres, niños, dejando viviendas destruidas y equipos de trabajos secuestrados.

Estreno de la Ley 136 TER

Según lo establecido por el tribunal chileno, el Ministerio Público procedió bajo el amparo de la Ley 136 TER, que establece como delito lo practicado por los pescadores ancestrales (ver legislación aquí).

“Hoy día estamos en esta situación donde los pescadores no tienen los ingresos para sus hogares porque en ese Congreso, el año pasado, modificaron la Ley de Pesca. Siempre se ha pedido que se modifique pero en favor de la ciudadanía y de los derechos, pero aquí la modificaron para tipificar como delito lo que ellos ancestralmente desarrollan”, sostiene Orietta Llauca, abogada defensora.

Por ello, la profesional se aventura a atribuir responsabilidad directa al Congreso de Chile, indicando como agentes a los diputados y senadores.

Llauca explica que la defensa “la sustentamos en el derecho ancestral y consuetudinario que encuentra soporte en el ordenamiento jurídico nacional de Chile y en los propios acuerdos internacionales, y en algunas leyes que se han dictado acá, como la ley 19.253, donde nos sirve el artículo 2 que establece que ellos son miembros de pueblos originarios”, dice la abogada, mientras recopila los antecedentes junto a los afectados para elaborar una ecuación jurídica que los exculpe de los delitos.

A su vez, estima que no sólo deben ser liberados de culpas, sino que se deben considerar aspectos que los proteja para que sigan trabajando: “Es una actividad ancestral que no debe desaparecer, los detenidos que están contenidos en la orden judicial afortunadamente quedaron en libertad, pero con órdenes de arraigo y otras cautelares, que deben resolverse dentro de plazo de 60 días salida. Estamos buscando en reuniones con fiscalía para que sigan desarrollando la actividad, resuelvan sus economías y las de la gente que adquiere sus productos, y queden libre de condena por sacar adelante su forma de vida que les corresponde como pueblo originario”, acota la defensora abogada mapunche.

La industria, mirada desde lejos

La comunidad afectada queda con la evidencia de que los intereses de Chile hacen prevalecer el extractivismo como operación económica y quienes cometen los delitos de destrucción y empobrecimiento, además de matar la vida en el lago y los ríos, actúan en la impunidad de sus actos.

Existen pisciculturas cerca de Totoral que son los que dañan nuestro lago, no así lo que nosotros practicamos por años”, señala Débora Guarda, antecedente que comparte Mauricio Villegas: “Hay industrias pesqueras que uno siempre se encuentra cuando se adentra al lago, hay balsas que están por los sectores de Totoral, Frutillar, Cascadas”, apunta.

La industria que tranquila se baña en las aguas del mar, los lagos y ríos, contrasta con los años prometedores de un futuro esplendor que reza el himno del país ocupante.

“Esos mismos que se apresuraron a tipificar como delito esta actividad ancestral son los que se niegan hoy día a tipificar como delito el daño ambiental que por años provocan las salmoneras, las inmobiliarias, las forestales”, acota la abogada.

“Tienen que cuidar lo que es el río, el lago, ellos son los que están siempre atentos y han sido parte de los denunciantes del daño que ha se la causado al lago Llanquihue con Nestlé, la pesquera, Essal, entre otras, entonces no solamente ven las aguas como fuente de sustento, sino que ellos son los protectores y los guardianes y eso se tiene que respetar, este es territorio de la comunidad del cual son parte los pescadores ancestrales, lo van a defender así como lo han hecho ellos y su familia. Están en su derecho y están amparados por tratados internacionales”, agrega Llauca.

Lo laboral mapunche es una instancia donde se conjugan acciones para obtener recursos y felicidad compartiendo sus abundancias y esa lectura la hacen los pescadores ancestrales que, aparte de considerar un espacio de trabajo, también ejercen algunas responsabilidades que surgen de su filosofía de vida y conocimientos que se van traspasando desde antiguas investigaciones de los abuelos mapunche.

«Esos mismos que se apresuraron a tipificar como delito esta actividad ancestral son los que se niegan hoy día a tipificar como delito el daño ambiental que por años provocan las salmoneras, las inmobiliarias, las forestales…»

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