Autoridades medioambientales permiten que casino en Talca avance sin estudio de impacto ambiental, pese a riesgos

El pasado viernes se hizo oficial una noticia que podría marcar un antes y un después en la protección ambiental urbana en Talca: el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Maule publicó la resolución que exonera al proyecto del casino Dreams de someterse a evaluación ambiental, a pesar de estar emplazado en una zona inundable y junto a un humedal urbano protegido por ley.

La decisión -que se encontraba firmada desde el 30 de mayo pero recién fue dada a conocer públicamente hoy- confirma que el megaproyecto “Modificación Parque Ferial AGAC” no será evaluado ambientalmente antes de su ejecución, abriendo la puerta a que las obras comiencen sin análisis independiente ni participación ciudadana.

¿Qué se aprobó?

El proyecto consiste en la construcción de un centro de convenciones, restaurantes, explanadas y un casino de juegos en plena ciudad de Talca, sobre un terreno de 4,5 hectáreas en el ex recinto Fital. Se trata de una intervención de más de 45.000 m², en una zona reconocida oficialmente como área de riesgo de inundación por el Plan Regulador Comunal, y colindante al Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, declarado como tal en diciembre de 2024 por el Ministerio del Medio Ambiente.

Pese a que tanto la Dirección General de Aguas (DGA) como la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) advirtieron riesgos asociados al proyecto -incluyendo la presencia de un acuífero de alta vulnerabilidad-, la Seremi del Medio Ambiente del Maule emitió el Oficio N.º 3467, concluyendo que el proyecto no configura ingreso obligatorio al SEIA. Lo hizo basándose exclusivamente en los antecedentes entregados por el titular, sin cuestionarlos ni contrastarlos con informes técnicos independientes.

Presión y lobby: un patrón documentado

La autorización ambiental se produce tras al menos cinco reuniones de lobby entre representantes del proyecto y autoridades del SEA y del Ministerio del Medio Ambiente durante 2025. Según consta en la plataforma de Ley del Lobby, participaron representantes de Agrícola Central, consultoras ambientales y abogados.

Las autoridades que recibieron directamente a los gestores de intereses fueron:

• Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA nacional (Santiago).

• Roberto Olave Astudillo, director regional del SEA Maule.

• Daniela de la Jara, Seremi del Medio Ambiente del Maule.

Además, también se registraron reuniones con profesionales del área jurídica y técnica del SEA Maule.

La presión tiene una motivación concreta: según las bases de licitación de la Superintendencia de Casinos de Juego, el casino debe estar construido y operando a más tardar en octubre de 2026. Si no cumple ese plazo, el grupo Dreams pierde la concesión para operar en Talca.

Cualquier retraso por ingreso al SEIA -que implica consulta ciudadana, estudios técnicos y evaluaciones de organismos públicos- podría poner en jaque la viabilidad comercial del proyecto.

En su resolución, el SEA reconoce que no se trata de una autorización ni de una evaluación de impacto, sino de una “opinión técnica” basada únicamente en lo que declaró el titular. Aun así, permite que el proyecto continúe sin exigencia ambiental alguna.

¿Qué está en juego?

El humedal urbano de Talca no es un terreno baldío. Abarca más de 340 hectáreas, alberga especies protegidas como el picaflor chico, la culebra de cola larga y el sapo de rulo, y cumple funciones clave para la ciudad: absorbe CO₂, regula inundaciones y recarga los acuíferos subterráneos.

Su cercanía con el proyecto (entre 344 y 407 metros) y la infiltración directa de aguas lluvias al subsuelo desde zonas de estacionamiento, podrían afectar gravemente los flujos ecosistémicos que la ley busca proteger.

¿Y ahora qué?

A partir de ahora, el proyecto podría avanzar en su fase de permisos sectoriales y construcción sin ningún tipo de Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, el caso podría escalar a otras instancias, como la Superintendencia del Medio Ambiente, la Contraloría General de la República o incluso a la justicia ambiental, si organizaciones ciudadanas deciden recurrir.

Más allá del casino, lo que está en juego es el rol del Estado en hacer cumplir sus propias leyes ambientales y garantizar que decisiones de alto impacto no se tomen entre cuatro paredes.

El Ciudadano