Por Movimiento ‘Un parque para Las Salinas de Viña del Mar’
Desde que se retiró la industria petroquímica del paño Las Salinas, cerca del año 2004, Copec comenzó de inmediato a rentabilizar —de la forma más intensa y onerosa posible— el pasivo ambiental, esa deuda ecológica acumulada tras más de un siglo de contaminación cancerígena y neurotóxica.
El primer llamado de alerta sobre los efectos en la salud pública de la comunidad expuesta lo emitió el propio Ministerio de Salud, a través de su representante en la región: el Seremi de Salud de la época, el epidemiólogo Aníbal Vivaceta de la Fuente.
El 6 de febrero del año 2004, mediante la Orden N° 1.096/45, el Seremi presentó su “Informe Proyecto Recuperación Terreno Las Salinas”, en el cual establece de forma categórica que:
“El titular debe hacerse responsable por los eventuales daños producidos por los contaminantes a los terrenos aledaños, incluyendo la determinación previa de este eventual daño. Se solicita incluir dentro del área de influencia terrenos aledaños (playa y conjuntos habitacionales adyacentes, entre otros), con los correspondientes análisis de línea de base, medidas de mitigación, reparación y/o compensación, según corresponda.
Debido a la preocupación por la presencia de elementos contaminantes en el sector durante largo plazo, su eventual efecto sobre la población circundante y con el fin de determinar científicamente los riesgos asociados a su eventual dilación en el proceso de saneamiento, es pertinente solicitar a la empresa un estudio del impacto en la salud de la población circundante de estos contaminantes que incluya determinaciones biotoxicológicas.”
En esta observación oficial, la Seremi de Salud puso el foco en el impacto crónico de la contaminación en la salud de quienes habitan Viña del Mar.
Ya en ese entonces, se solicitó explícitamente la realización de análisis biotoxicológicos en la comunidad expuesta al daño ambiental.
Hoy, más de dos décadas después, existen metodologías que integran biomarcadores biológicos, genéticos, epigenéticos y análisis causales avanzados, capaces de evidenciar la huella profunda y persistente que deja la exposición a contaminantes cancerígenos y neurotóxicos.
La finalidad de estas solicitudes era clara: garantizar una remediación correcta, basada en evidencia científica, y evitar que las víctimas fueran nuevamente expuestas a una carga tóxica adicional.
La industria petroquímica jamás respondió a esta solicitud.
Desde el año 2004, mucha agua ha pasado bajo el puente.
Entre 2008 y 2013, se ejecutó una supuesta “remediación” en 13 puntos críticos del paño Las Salinas, con excavaciones de solo un metro de profundidad, lo que resulta insuficiente frente a décadas de contaminación con hidrocarburos, pesticidas y metales pesados.
El proceso fue supervisado por la Fundación Chile, en calidad de Auditor Ambiental Independiente (AAI), pero terminó con excedencias severas respecto a lo aprobado.
Mientras la RCA autorizaba el saneamiento de 9.300 m², se intervinieron finalmente 22.895 m², es decir, un 146,1% más.
Además, de las 46.757 toneladas de suelo contaminado extraído, 22.195 toneladas (47,5%) correspondieron a nuevos hallazgos no contemplados inicialmente.
Considerando una densidad de 1.600 kg/m³, el volumen total enviado a relleno de seguridad fue de 29.223 m³, superando en un 214,2% el volumen aprobado en la RCA.
A esto se suma el traslado irregular de suelos contaminados por el camino a Quillota y una ejecución que se extendió por 5,25 años más de un 50% del tiempo estimado.
Estos hechos reflejan una subestimación grave del daño ambiental real, con impactos que fueron ocultados, minimizados y mal gestionados desde el inicio del proceso.
La empresa nunca abandonó su interés inmobiliario. A pesar de la toxicidad persistente del terreno, ha insistido en construir sobre un área que debiese haber sido restaurada como bien común y no como negocio.
En su intento, quisieron trasladar la contaminación en camiones hacia otras zonas de la región de Valparaíso, lo que fue rechazado en 2017 por el propio Gobierno Regional.
Llegado el año 2018, Copec, ahora operando en solitario a través de su filial inmobiliaria, vuelve al ataque con su proyecto de “torres en altura” en el paño contaminado.
Esta vez, la empresa presenta su proyecto bajo el rótulo de “biorremediación”, pero en los hechos propone un método de alto impacto denominado Pilas Biológicas, que no cumple con los estándares mínimos de una remediación real ni segura.
El procedimiento consiste en acopiar y remover suelos contaminados sin encapsulado, aplicando bacterias nativas, exógenas o introducidas, algunas de ellas con potencial patógeno, como Acinetobacter radioresistens, con riesgo de dispersión de compuestos peligrosos y sin ningún tipo de monitoreo participativo ni garantías de fiscalización ciudadana efectiva.
Más que una solución ambiental, se trata de una operación de traslado encubierto de la contaminación hacia un vertedero, perpetuando el daño, sin restaurar el equilibrio ecológico ni proteger la salud de la población adyacente.
El proyecto presenta múltiples fallas metodológicas y riesgos evidentes para la salud humana, lo que ha sido denunciado por diversos actores científicos y sociales ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental.
A pesar de ello, la empresa ha logrado sortear las dos primeras instancias gracias a un lobby feroz, invisibilizando el conflicto y el sufrimiento de miles de personas expuestas durante décadas a la toxicidad acumulada en Las Salinas.
Pero hay un detalle que dejó al descubierto la magnitud del riesgo sanitario, incluso desde el propio entorno técnico de la empresa.
Copec, a través de un equipo dirigido por el profesor Michael Seeger de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), cometió un error grave para los intereses de su filial inmobiliaria: al realizar estudios en las playas colindantes al paño Las Salinas, detectaron altos niveles de contaminación en las arenas, incluso en zonas subterráneas, sectores de rompiente donde niños y familias caminan o juegan sin protección alguna.
Los resultados fueron concluyentes: los niveles de exposición a contaminantes cancerígenos en población infantil alcanzaron un riesgo muy alto y clínicamente inaceptable.
Por ejemplo:
- Para niños menores de 10 años que jugaban en la arena dos veces por semana durante el verano, se estimó un riesgo de 1.983 casos de cáncer por cada millón de personas expuestas.
- En aquellos que lo hacían tres veces por semana, el riesgo aumentó a 3.824 casos por millón.
Estos valores representan un riesgo crítico para la salud pública, superando por miles de veces el límite aceptado internacionalmente, que establece como tolerable un caso por cada millón de personas expuestas.
Lejos de asumir estos datos con responsabilidad, la empresa los silenció y continuó promoviendo su negocio inmobiliario, en un terreno donde los propios estudios financiados por Copec confirman la persistencia del daño.
El municipio ha sido oficiado y notificado en múltiples ocasiones, pero solo se obtuvo una respuesta formal durante la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato, quien reconoció que la playa podría ser incorporada como zona de riesgo en las modificaciones al Plan Regulador Comunal.
Desde entonces, no ha existido ningún pronunciamiento oficial ni acción concreta, a pesar de la evidencia acumulada sobre la contaminación del borde costero.
Estamos en pleno 2025, y la empresa sigue ejecutando faenas, acumulando múltiples transgresiones a su propia Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
En este punto es donde ocurre un giro cinematográfico:
La comunidad presenta un recurso de protección, denunciando que la empresa ha actuado con autotutela, iniciando sus operaciones sin cumplir las condiciones básicas establecidas por la autoridad ambiental.
En particular, se omitió la activación del Plan de Monitoreo Participativo (PMP), de la forma que lo exige la RCA —una condición impuesta por el Comité de Ministros.
Pero este plan, lejos de ser una garantía, se ha convertido en un experimento institucional mal diseñado: un verdadero Frankenstein normativo, sin base técnica ni jurídica, pero que, aun así, es irrenunciable para dar inicio al proceso en Las Salinas.
En primera instancia, el recurso de protección fue rechazado, sin considerar adecuadamente el voto disidente, que advirtió con claridad el riesgo inminente para la salud pública de la población expuesta.
En la Corte Suprema, el voto disidente fue aún más categórico, al afirmar que la actuación de la empresa constituye una forma de “autotutela imposible de amparar en derecho”.
Después de más de 20 años de lucha inagotable por parte de la comunidad, la Corte reconoció la gravedad del daño causado por la industria petroquímica, los riesgos manifiestos y evidentes para la salud, y la grotesca y desvergonzada forma en que la empresa decidió actuar por sí misma, sin esperar supervisión ni cumplir los estándares mínimos impuestos por la RCA.
Ese fallo dejó en jaque a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y al Tribunal Ambiental.
La SMA ha actuado con negligencia y complicidad, permitiendo que la empresa inicie faenas sin cumplir condiciones básicas de control, fiscalización ni resguardo sanitario.
En el Tribunal Ambiental, en cambio, aún tenemos la esperanza de que falle en defensa de la salud de las comunidades, reconociendo su deber de proteger a las víctimas de esta histórica zona de sacrificio.
Esta nueva realidad ha golpeado a Copec en lo más profundo.
La empresa, en lugar de asumir su responsabilidad, ha optado por una estrategia de acoso judicial, iniciando una SLAPP —Demanda Estratégica Contra la Participación Pública— contra la comunidad víctima de la contaminación y contra quienes hemos ejercido legítimamente nuestro derecho a defender la vida y el territorio.
Lamentablemente, este es el “precio de la verdad”: ser perseguidos por denunciar lo evidente, por buscar justicia ambiental y por desafiar la impunidad con pruebas, memoria y organización.
Pero esta lucha no ha sido en vano.
Estamos a las puertas de un precedente histórico, que puede sanar en parte el daño causado y respetar el derecho a vivir en un ambiente sano a toda Viña del Mar.
Movimiento Un Parque Para Las Salinas de Viña del Mar.
Correo: [email protected]
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