Cámara votará este martes proyecto para anular la “Ley Longueira”

Las comisiones de Constitución y Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados votarán este martes para declarar la nulidad de la “Ley Longueira”, indicó el presidente de la Comisión de Pesca, Jorge Brito (RD).

Brito recalcó que, al votar el proyecto que declara la nulidad de la ley, se busca poner freno a la corrupción, así como permitirá tramitar una nueva Ley de Pesca justa y sustentable.

“Esperamos que mañana (martes)podamos despachar a Sala la nulidad de la Ley de Pesca corrupta poniéndole una fecha de vencimiento a la legislación que fue fraguada en medio de la corrupción”, afirmó el parlamentario RD, citado por El Mostrador.

Asimismo, enfatizó en aclarar las dudas que hubo en torno a la nulidad de la ley N° 20.657. “Ya despejamos si el Congreso podía o no anular una ley, por ende, hoy lo que queda es fijar las indicaciones que van a establecer el régimen jurídico de transición”, dijo.

El diputado Brito se refirió al impacto nocivo de la actual Ley de Pesca sobre el medio ambiente y recordó que solo genera “daños al ecosistema y a la pesca artesanal”, por lo que es necesario “establecer una legislación pesquera justa y sustentable, hecha con las manos limpias y que nos entregue un horizonte de desarrollo hacia la soberanía alimentaria”.

El debate se da luego de una reuniones de las Comisiones con representantes de la industria pesquera.

“Hemos concluido las jornadas históricas de audiencias en donde representantes de la industria pesquera, de cara a todo Chile y sin corrupción, manifestaron su parecer, así como también los representantes de las caletas de pescadores y pescadoras artesanales de Arica a Punta Arenas”, señaló el legislador RD el pasado 30 de agosto.

La corrupta Ley Longueira

La Ley Longueira o Ley 20.657, fue publicada el 9 de febrero de 2013, durante la administración de Sebastián Piñera, bajo la promesa de solucionar positivamente la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos del país, regular mejor el acceso de los operadores a la actividad pesquera industrial y artesanal, generar normas para fomentar la investigación y aumentar la fiscalización en las pesquerías nacionales.

Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario, ya que se transformó uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia del país, con parlamentarios acusados de cohecho, importantes ejecutivos, empresarios y asesores legislativos condenados por ese delito.

Basta recordar el caso del ex senador UDI, Jaime Orpis, acusado de recibir pagos de más de $233 millones por parte de la pesquera Corpesca para beneficiar sus intereses en la discusión de la Ley de Pesca y de irregularidades en el pago de sus asesores, por lo que fue formalizado por los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios, que se realizaron de forma reiterada. 

Así como también el de la ex diputada, Marta Isasi, quien está formalizada por delitos reiterados y consumados de cohecho y facilitación de documentos tributarios falsos. Según la Fiscalía habría recibido $40 millones para actuar como representante de los intereses de Corpesca en el Congreso.

Incluso el ex ministro de Economía Pablo Longueira y que le dio el apelativo a la ley, está fuera del ruedo público, formalizado y acusado por el Ministerio Público por cohecho y múltiples delitos tributarios

Todos estos factores le otorgaron una percepción de completa ilegitimidad de origen a la normativa pesquera que se busca anular.

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