Chao bolsas plásticas: Los alcances de la ley aprobada en el Parlamento

Chile se constituirá en el primer país de Latinoamérica en establecer una prohibición nacional para la entrega de cualquier tipo de bolsa plástica en el comercio. Con esta afirmación, la Ministra del Medioambiente, Marcela Cubillo, graficó la importancia del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y despachado al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República, hecho que se verificará una vez que pase su respectivo control ante el Tribunal Constitucional.

El proyecto fue analizado en tercer trámite dado que la propuesta original, iniciada en moción, restringía el uso de bolsas solo para el territorio de la Patagonia, en tanto que el texto ratificado por el Senado, bajo el patrocinio del Ejecutivo, amplió la prohibición para todo el territorio nacional, incorporando incluso las llamadas bolsas biodegradables, así como materias de fiscalización y de sanción para los infractores.

Las modificaciones del Senado, incluyendo las normas de quórum especial, fueron ratificadas por la Sala de la Cámara por 134 votos a favor y una abstención.

El proyecto, en primer lugar, define que su objetivo es proteger el medio ambiente mediante la prohibición de entrega de bolsas plásticas en el comercio, para pasar luego a un marco de definiciones relativas a esta ley, como por ejemplo, lo que se entenderá por «Bolsa plástica de comercio».

También se define la prohibición propiamente tal para los establecimientos de comercio, excluyéndose en este ámbito las bolsas que constituyan el envase primario de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos.

La iniciativa encarga la fiscalización a las municipalidades, que podrán impartir multas para su propio beneficio de hasta cinco unidades tributarias mensuales por cada bolsa plástica de comercio entregada. Las sanciones establecidas en esta ley serán aplicadas por el juzgado de policía local correspondiente.

La ley entrará en vigencia en el plazo de seis meses, contado desde su publicación en el Diario Oficial, salvo respecto de las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, cuyo plazo se extenderá a dos años.