Chile: 15,6% de la población no tiene acceso regular a alimentos suficientemente nutritivos

Dato fue entregado en un proyecto de ley que empezó a ser discutido esta semana en la Comisión de Agricultura de la Cámara. El objetivo: establecer un marco jurídico que permita al Estado implementar una estrategia para garantizar, de manera permanente, el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Por Opazo

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Alimentación / Chile / Congreso / Portada

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La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados inició esta semana la discusión del proyecto de ley que busca fijar un marco jurídico de promoción para la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional (boletín 15212).

El contenido de la propuesta la presentó la diputada Carolina Marzán (PPD), su autora principal, quien destacó que el objetivo “hambre cero” para el año 2030, consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, nace producto del alto número de personas que padecen hambre en el mundo.

“Se iba avanzando de manera positiva, pero con la pandemia se retrocedió. Lo más grave es que no solamente se alcancen estos objetivos al 2030, sino que tenga un grave retroceso por la crisis mundial por la pandemia”, afirmó la diputada Marzán.

En su presentación, la legisladora entregó datos del último documento sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, donde se indica que entre 720 a 811 millones de personas pasaron hambre el 2020. “Por ello, la seguridad alimentaria se vuelve pilar fundamental para disminuir estos niveles”, agregó.

En Chile, agregó Marzán en su intervención, son casi 3 millones de personas (un 15,6% de la población) que no tienen acceso regular a alimentos suficientemente nutritivos.

¿Qué dice el proyecto de ley?

El texto legal establece, entre otras materias, asegurar el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada. Esto, a través de un marco jurídico de referencia que permita al Estado crear políticas y estrategias para garantizar de manera permanente el derecho a la alimentación. También, a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de la población para el disfrute de una vida sana y activa.

Señala que, para dichos fines, se promoverán sistemas alimentarios sostenibles y saludables, agricultura familiar campesina y pesca artesanal. Igualmente, condiciones que favorezcan el acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación o los medios para obtenerla.

Entres sus normas se incluye la definición de conceptos claves: seguridad alimentaria y nutricional; adecuación; vulnerabilidad; grupos de atención prioritaria; y cantidad mínima de alimentos.

Seguidamente, la iniciativa señala que los niños y niñas tienen derecho a una alimentación y nutrición adecuadas a su edad, que le permitan crecer y desarrollarse. En este sentido, el Estado promoverá programas de alimentación escolar adecuados para tales fines.

Luego, determina que toda persona gestante tiene derecho a una alimentación y nutrición adecuadas durante el período de embarazo y lactancia. De esta forma, el Estado podrá desarrollar programas para enseñar, promover e incentivar la lactancia materna.

La norma también instituye que se establecerán sistemas de información sobre la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad. La idea es identificar los grupos y los hogares especialmente vulnerables a esta situación y las causas de ello.

Además, se propenderá a mantener y aumentar la producción de alimentos en el territorio nacional fortaleciendo la producción de alimentos saludables y nutritivos. Para ello, se organizarán programas de capacitación y educación sobre las ventajas e importancia de diversificar la dieta, y se entregarán alimentos adecuados a las personas en situación de mayor riesgo.


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