Comisión de Constitución aprobó en general proyecto que sanciona aumento de precios en alertas sanitarias

Por 9 votos a favor y 4 en contra, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto que busca sancionar a quienes incrementen el precio de ciertos bienes o comercialicen aquellos destinados a distribución gratuita, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, de alerta sanitaria o emergencias similares.

El proyecto, originado en una propuesta de diputadas y diputados, señala que se sancionará a quienes alteraren ilegítimamente precios de alimentos, artículos de higiene, materiales de construcción, combustible, medicamentos o insumos médicos, cobrando un 20% o más del precio que tenían con anterioridad.

Como sanción a esta conducta, la norma plantea una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a 3 años) y una multa equivalente al doble de los ingresos percibidos indebidamente. Con la misma pena serían sancionados quienes, a sabiendas, comercialicen bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente en el territorio afecto a la declaratoria de Estado de Excepción.

Previo a la votación de la iniciativa, participaron en el debate el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, el ex Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, acompañado de la investigadora María Fernanda Muñoz,  y el economista Bernardo Fontaine. En general, la evaluación que realizaron los expositores fue crítica frente a los alcances del proyecto.

Ricardo Riesco señaló que la Fiscalía Nacional Económica no debería participar en la investigación del delito que se propone. Por su parte, Felipe Irarrázabal y María Fernanda Muñoz señalaron en su presentación que el proyecto no ataca bien el problema y que se podrían utilizar otros mecanismos más eficaces.

Además, plantearon como interrogantes si el precio previamente establecido puede ser considerado como un buen referente; en qué se sustenta establecer la referencia del 20% y cómo se evitará que se afecten los incentivos para producir.

Dudas similares planteó el economista Bernardo Fontaine, quien sostuvo que el proyecto no beneficiaría a los consumidores, pues es imposible saber con certeza cuáles son los precios correctos de una infinidad de bienes. Junto a esto, agregó que las trabas a los cambios de precios producen en general un alza de estos y que, por otro lado, el aumento de precios ayuda a producir más, lo que redunda en generar más abastecimiento.

A su juicio, la mejor ayuda en esta materia es aumentar los recursos a disposición de la ciudadanía, pues señala que hasta ahora esa “discusión ha sido muy mezquina y lenta. Lo que necesitan las personas es ingresos”, puntualizó.

Fuente: Cámara de Diputados