Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios despachó proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, que preside la diputada Emilia Nuyado (PS), concluyó la tramitación y despachó a la Sala, el articulado del proyecto de ley, en primer trámite constitucional

Por Opazo

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La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, que preside la diputada Emilia Nuyado (PS), concluyó la tramitación y despachó a la Sala, el articulado del proyecto de ley, en primer trámite constitucional. que tipifica el delito de incitación a la violencia.

El objetivo del proyecto, originado en un mensaje del Ejecutivo, es sancionar penalmente aquellos discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, generen una apología del odio que constituya una incitación de tal magnitud, capaz de desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar, que afecte a un grupo de personas o a un miembro de ese grupo, sobre la base de lo dispuesto tanto en los pactos internacionales de derechos humanos, como en nuestro ordenamiento jurídico interno.

El proyecto modifica el Código Penal y sanciona a quien públicamente, a través de cualquier medio, incite directamente a la violencia física, al odio contra un grupo o sus integrantes, basándose en su etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión o afiliación política o deportiva, religión o creencia, visión filosófica, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, trabajo que realiza, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, filiación, enfermedad o discapacidad.

El texto sanciona la incitación a la violencia física con una pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días), que puede ser agravada hasta en un grado, llegando a una pena de tres años, si la conducta es cometida por un funcionario público.

En el caso de la incitación al odio, se aprobó una indicación que señala que a este delito le será aplicable la pena de prisión en su grado medio a máximo, es decir de 21 a 60 días, para hacerla compatible con la legislación comparada.

El texto, que quedó ahora en condiciones de ser visto por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, será informado por el diputado Tucapel Jiménez (PPD).


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