Cómo el asbesto afectó y sigue afectando la salud de habitantes, aguas y recursos marinos de Coronel: Los testimonios ante la comisión investigadora

Con un emotivo minuto de silencio por uno de los trabajadores afectados por el asbesto que participaría en la comisión, Roberto Sepúlveda, pero que falleció hace dos semanas, se dio inicio a la penúltima sesión de audiencias de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, encargada de revisar los actos de órganos del Estado respecto a la contaminación de la comuna de Coronel, relacionada al asbesto, metales pesados y otros elementos.

Para profundizar en su labor investigativa, parte del grupo parlamentario sesionó en la sede del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Caleta Lo Rojas. Allí, se recibió a representantes de la comunidad, mientras que el resto de los invitados y legisladores se unieron de manera virtual.

En la reunión, se leyó una declaración jurada ante notario de Roberto Sepúlveda, quien laboró en Endesa por más de 35 años. En el documento entrega antecedentes del entierro de asbesto y de un incendio de magnitud que afectó a Bocamina en 1975. Su testimonio es considerado clave por ser el último trabajador que participó en esa diligencia.

El texto sostiene que el material se trasladó en camiones y se depositó en terrenos donde actualmente se ubica Bocamina 2 (identifica el lugar exacto). Afirmó que el trabajo no contó con medidas de seguridad, ni advertencia de peligrosidad para las personas que allí laboraron.

Omar González, de la organización Trabajadores Unidos Contra el Asbesto (TUCA), relató que ya van tres compañeros fallecidos. Además, expresó toda la frustración que sienten porque no hay avances en materia judicial, e informó que ellos han financiado muestras de suelos que han demostrado la presencia de metales pesados por sobre la norma.

A su vez, González denunció que los trabajadores presentan numerosos nódulos en sus pulmones y que se prometió la realización de exámenes por parte de diversos ministros/as de Salud, siendo el último en señalarlo Jaime Mañalich, pero aún no ocurre nada.

En respuesta, el asesor del ministro Paris, Jaime González, expresó que existe la voluntad de la cartera de retomar dicho compromiso. El punto lo compartió la Seremi (S) del Biobío, Isabel Rojas, quien aseguró que nunca han abandonado esa temática y que el dirigente entregó, hace un tiempo, un listado de 57 personas para ser analizadas.

Respecto a las diligencias, informó que se realizaron dos sumarios sanitarios por asbesto; 23 fiscalizaciones por saneamiento del componente con Endesa, entre 2014 y 2015; 1.663 fiscalizaciones ambientales, en 2015; 172 por retiro de asbesto; y 99 monitoreos por asbesto, entre 2017 y 2020.

Igualmente, se realizaron tres estudios sobre metales pesados con estudiantes de la escuela Rosa Medel, en 2017; con preescolares, en 2018;, y de vigilancia toxicológica y médica para los habitantes de la comuna, en 2021.

Por su parte, Juana Hernández, representante de “Familias Portadoras de Metales”, manifestó su impotencia por lo que viven niños y niñas y sus familias que presentan arsénico, zinc y mercurio en su sangre. Aseguró que no cuentan con las muestras necesarias ni el seguimiento médico de los menores, que sufren diversas patologías y cuyos gastos deben costear como familias. Por ello, solicitó acompañamiento médico y sicológico.

Desde la Comunidad Ciudadana de Coronel, Ricardo Alarcón manifestó su preocupación por el vertedero de cenizas de Bocamina, pues este se encuentra en medio de la ciudad y opera regularmente, pese a no contar con permiso municipal. Por dicha razón, dijo que han presentado una serie de denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente, sin obtener respuesta.

Sobre este punto, el Seremi de Vivienda del Biobío, Sebastián Abudoj, dijo que este tipo de infraestructura sanitaria está prohibida en las ciudades de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial (plan regulador comunal y el plan regional Metropolitano de Concepción). Sin embargo, explicó que cuando la autoridad sanitaria y ambiental lo calificó, lo descartó como infraestructura energética o sanitaria, dejándolo solo como actividad productiva de acopio molesta, lo cual permite su funcionamiento, sumado a que tampoco fue considerado como contaminante, peligroso o insalubre.

También expusieron en la comisión la fiscal Ana María Aldana y funcionarios de la PDI de la Brigada Medio Ambiental (en especial el comisario Víctor Casanova), quienes realizaron la investigación surgida desde los pescadores artesanales que denunciaron que se afectaba la producción de peces en la zona y que determinó que los sesenta años de proceso industrial de Bocamina han tenido efectos, porque los residuos de cenizas contenían metales pesados. El hecho, se concluye, afectó y sigue afectando la salud de los habitantes, aguas y recursos marinos de la zona.

En tanto, Hernán Cortés, del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Codepp), recordó la dura pelea medioambiental que han dado los pescadores artesanales para lograr demostrar que los impactos de Bocamina están a la vista, y estimó que faltan estudios para seguir analizando sus efectos.

Finalmente, el alcalde (S) de Coronel, Patricio Rojas, indicó que no existe, pese a que es una necesidad imperiosa, una “política de seguimiento a la salud de los habitantes de Coronel”, que por décadas se han enfrentado a la contaminación, e insistió que el cierre de Bocamina 1 y 2 tiene que tener un proceso de transición que implique que ENEL se responsabilice de la producción que han realizado. Ello, para luego dar paso a la “restauración ambiental” que repare lo producido y recupere los espacios dañados de Coronel.

Ahora, la comisión espera realizar una sesión de audiencias más -si lo autorizan los comités-, para recibir a la Superintendencia de Medio Ambiente y al ministro de Salud, antes de redactar las conclusiones y propuestas de su informe.

Fuente: Cámara de Diputados