Comunidad de Quintero-Puchuncaví y ONGs emprenden acción judicial internacional contra el Gobierno y AES Gener

La comunidad organizada de Quintero-Puchuncaví, junto a organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Ciudadano (miembro de la Federación Internacional por los Derechos Humanos –FIDH-) y la Fundación Terram, demandaron al Gobierno chileno y la empresa AES Gener (ahora AES Andes), ante la negligencia e inacción por la grave contaminación ambiental de central termoeléctrica a carbón.

El grupo interpuso un recurso de protección en cortes internacionales para hacer justicia frente a infracciones ambientales asociadas a la operación de la planta en la región de Valparaíso -como las intoxicaciones masivas de la población-, y la pasividad de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de su licencia ambiental, vulnerando así los derechos humanos y contribuyendo al calentamiento global, consignó el portal de la Fundación Terram.

José Aylwin, del Observatorio Ciudadano de Chile, justificó que “frente a la permisividad del Estado y a la ausencia de una mínima debida diligencia de las empresas responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático con grave impacto en los derechos humanos, hemos decidido recurrir a los tribunales como última instancia para impedir ello siga ocurriendo”.

Con esta acción judicial, se pretende que la SMA cumpla con sus obligaciones legales dando respuesta a la denuncia presentada por Terram en 2020; adopte las medidas de fiscalización y, eventualmente, sancionatorias que la misma ley establece; y, a su vez, que la empresa AES Gener cumpla con las condiciones de operación establecidas en su permiso ambiental en lo relativo a la potencia máxima de generación autorizada, evitando que eventos de contaminación como los ocurridos en 2018 se repitan.

Inacción gubernamental

AES Gener, empresa transnacional con matriz en Estados Unidos, es el gigante de la generación eléctrica a carbón en Chile, con una potencia instalada que representa el 54% (2.754 MW/hr) del total nacional, luego de adquirir las generadoras chilenas privatizadas en los años 80 y construir 10 centrales termoeléctricas en distintas regiones.

Sus emisiones atmosféricas contribuyen a la contaminación del aire, a tal punto que dos de las zonas en las que opera han sido declaradas como saturadas por los altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), entre otros contaminantes.

De hecho, en agosto y septiembre de 2018, las centrales termoeléctricas Ventanas II, Nueva Ventanas y Campiche fueron involucradas en episodios de intoxicación masiva ocurridos en las localidades de Quintero y Puchuncaví, debido a que superaron la potencia bruta máxima establecida en su permiso ambiental.

Sin embargo, a pesar de que la compañía fue denunciada ante la autoridad ambiental chilena, hasta la fecha no hay resultados sobre el desarrollo de análisis, actividades de fiscalización ambiental o adopción de sanciones. Incluso, la central Nueva Ventanas ha seguido funcionando en el 48% de sus horas de operación durante 2021 por sobre los niveles de potencia bruta máxima autorizada.

Lo grave de esta situación se evidencia en la violación de los derechos de la población, incluyendo el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación reconocidos en la Constitución Política, así como en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile.

Campaña de concienciación

Este jueves fue lanzada la campaña #SeeYouInCourt (#NosVemosEnLaCorte) que contempla acciones en varios continentes e incluye casos en curso presentados recientemente, además tiene como objetivo denunciar aquellas prácticas nocivas de empresas que impiden a decenas de miles de comunidades alrededor del mundo la posibilidad de vivir en un entorno sano, seguro, limpio y sostenible.

El lanzamiento llega en un momento de debates decisivos en los organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26)– sobre la crisis medioambiental.