Contraloría aprueba plan de descontaminación para Quintero, Puchuncaví y Concón

La Contraloría General de la República tomo razón del plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. El plan, cuyo costo total supera los US$110 millones, comenzará a regir desde el lunes 1 de abril.

La medida busca incorporar medidas de control de emisiones para material particulado y gases precursores que permitan cumplir las metas de calidad del aire establecidas. Para esto, se plantea disminuir las concentraciones de contaminantes existentes en un plazo de 5 años, con límites para el dióxido de azufre, óxido nitrógeno y material particulado, principales compuestos emanados por las tres grandes fuentes contaminantes de la zona: las empresas AesGener, Codelco División Ventanas y ENAP.

En conjunto, dichas empresas generan el 76% de las emisiones de material particulado, el 99% de las emisiones de dióxido de azufre y el 81% de las emisiones de óxido nitrógeno.

Asimismo, se aplicarán los mismos límites para los hidrocarburos y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, por lo que Codelco, AesGener y ENAP, junto a las otras empresas del cordón industrial, no podrán sobrepasar las emisiones máximas permitidas.

En ese sentido, se informó que a contar de la publicación, habría una reducción inmediata proyectada a disminuir aún más las emisiones en un plazo de tres años. Ello, con una serie de especificaciones técnicas para cada proceso industrial, como calderas, chimeneas y descargas de combustibles.

El plan tiene un horizonte de evaluación de 12 años. El costo se traduce en US$20,9 millones para la aplicación de las medidas y US$91,9 millones por concepto de implementación.

También, se busca disminuir los casos de mortalidad, a través de la reducción de ozono troposférico, que mejoraría la calidad del aire, reduciendo efectos asociados a la exposición de compuestos orgánicos volátiles. Esto permitiría disminuir los ataques de asma, admisiones hospitalarias, las visitas a salas de emergencias y las muertes prematuras.

El plan además exige a la Seremi de Medio Ambiente (SMA) mantener un registro actualizado de las fuentes estacionarias de la zona. La Seremi de Salud tendrá un plazo de 3 meses para entregar a su par medioambiental la información histórica de las fuentes registradas.

En este punto, ante eventuales episodios críticos, constatados por el monitoreo o por un aumento de atenciones en Urgencias, el Gobierno Regional deberá exigir a las empresas aplicar sus planes operacionales y detener las faenas. Para esto, la SMA dictará en un plazo de 30 días una resolución con los criterios para determinar las condiciones de ventilación.

Finalmente, el Gobierno dispondrá de dos fiscalizadores con dedicación exclusiva para velar por el cumplimiento del plan, y deberá entregar cada 31 de marzo un informe de calidad del aire.