La corrupción judicial al desnudo

La arista “Muñeca Bielorrusa” ha dejado en evidencia el caso de corrupción judicial más grande del país desde la dictadura. Un consorcio chileno-bielorruso, Belaz Movitec, habría pagado 45 millones de pesos a la jueza María Angélica Vivanco para obtener sentencias favorables en la Corte Suprema, afectando a CODELCO, principal empresa cuprífera estatal, en más de 17 mil millones de pesos.

En este caso, la jueza Vivanco utilizó a su pareja, Gonzalo Migueles, para lavar el dinero mediante un esquema que incluía el pago en efectivo de los 45 millones de pesos por parte de los abogados del consorcio chileno-bielorruso (Eduardo Lagos y Mario Vargas), que luego sería lavado a través de una casa de cambios y dos conservadores de bienes raíces: Yamil Najle, de Chillán, y Sergio Yáber, de Puente Alto.
Vivanco era parte de las juezas de la red de Luis Hermosilla que fue nombrada por el Presidente Sebastián Piñera y que demuestra que no solo se trata de nombramientos para obtener beneficios políticos, sino de personas corruptas que llegaron al Poder Judicial para enriquecerse de forma ilícita.

Similar es el caso del juez Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también es parte de la red de Hermosilla y quien está siendo investigado por delitos como prevaricación y otros casos de corrupción. A pesar de estos antecedentes que constan en el sumario realizado por la Corte de Apelaciones de Santiago, la Corte Suprema no aprobó su remoción. Actualmente enfrenta una acusación constitucional que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que se espera que en los próximos días el Senado vote como jurado.

Otra jueza asociada a estos casos de corrupción es Verónica Sabaj, quien fue removida de la Corte de Apelaciones de Santiago por la Corte Suprema y quien también está siendo investigada penalmente. Junto a Vivanco son las únicas dos juezas que han sido removidas del Poder Judicial hasta la fecha, a pesar del largo listado de nombres de jueces involucrados a las redes de Hermosilla.

La independencia judicial y la credibilidad sobre el Poder Judicial están siendo seriamente amenazadas por la cooptación de redes políticas y de crimen organizado, como lo son los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes trabajaban con Hermosilla y también son querellantes en el caso en contra de Daniel Jadue.

Lo que está en juego en el desenlace de estos casos va mucho más allá del futuro de los jueces aquí mencionados; se trata de si Chile tendrá un Poder Judicial independiente capaz de resistir los intentos de control político y las presiones de poderes fácticos, o si, por el contrario, permitirá que la corrupción se enquiste, erosionando la democracia misma.

La legitimidad de la justicia chilena depende de que se restaure la confianza, y eso solo puede lograrse con la remoción de todos los jueces vinculados a las redes de Hermosilla y con una reforma estructural al sistema de nombramientos, gobernanza e independencia interna del Poder Judicial.