Corte de San Miguel ordena a Gendarmería actualizar sus protocolos de atención a internas embarazadas
La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública y ordenó a Gendarmería implementar en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna protocolos de atención para internas embarazadas.
En fallo unánime (causa rol 45-2023), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Adriana Sottovia Giménez, Alondra Castro Jiménez y el abogado (i) Pablo Calquín Almeyda– instruyó a la institución uniformada a «actualizar sus protocolos de actuación en la materia, conforme a parámetros internacionales, y disponer de los medios necesarios para brindar a las internas un oportuno y adecuado acceso a medicina obstétrica y pediátrica, y su derivación oportuna a hospitales civiles, cuando se requiera, entre otras medidas».
El dictamen establece que Gendarmería «deberá disponer a la brevedad los mecanismos necesarios para la oportuna derivación de internas parturientas a hospitales civiles; y que se revisen y actualicen los protocolos de actuación en estos casos conforme a parámetros internacionales de Derechos Humanos».
Además, deberán revisar y actualizar la información del CPF San Miguel, y disponer de los medios necesarios para el oportuno y adecuado acceso a medicina obstétrica y pediátrica para las internas y sus hijos e hijas, junto con revisar las condiciones que se entregan en ellas.
Finalmente, se exige realizar planes de capacitación con enfoque de género para el personal a cargo de la custodia de mujeres embarazadas, y el tratamiento que debe otorgarse sus hijos.
Oficio a dos ministerios
La resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel también considera el envío de oficios a los ministerios de Salud y Justicia.
«Ofíciese al Ministerio de Salud para que informe las medidas que se han adoptado para asegurar la atención de salud a personas privadas de libertad en general, y especialmente a mujeres embarazadas o con hijos lactantes en recintos penitenciarios», dice respecto al primero.
Luego, indica que «ofíciese al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunicándole lo resuelto por tratarse Gendarmería de Chile de un Servicio Público dependiente de dicho Ministerio, para los fines pertinentes».
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