domingo, agosto 9, 2020

Covid y Necropolítica: Abandono del Estado y su responsabilidad frente a los Derechos Humanos

Por Paulina Acevedo, periodista y defensora de derechos humanos; Eduardo Cardoza, Movimiento de Acción Migrantes; y Miembros del Colectivo Un18más.-

La pandemia exigía desde un inicio al gobierno tomar definiciones claras. ¿Qué era lo importante a la hora de adoptar las medidas de protección?, ¿proteger la vida de las personas o resguardar la economía y las formas de producción? En definitiva, la vida de todas las personas o el capital de unos pocos. Su opción fue clara.

El gobierno de los capitalistas neoliberales optaron -como siempre- por sus intereses, los económicos, por sobre la vida como prioridad; pero además utilizaron la amenaza del COVID-19 para implementar medidas de disciplinamiento social (toque de queda, restricciones a la circulación, militares en las calles en labores de control, un poder fortalecido del ejecutivo), y a la vez para promover una serie de leyes al parlamento que buscan reforzar este estado autoritario, algunas ya aprobadas.

Vivimos -y ellos lo saben- una profunda crisis de legitimidad y de despertar social que se abrió paso en forma de revuelta popular, permanente y diversa, desde el 18 de octubre 2019 y engendrada desde mucho antes, que continúa y continuará latente hasta que la Dignidad se haga costumbre.

Por eso para el gobierno y los sectores que lo sustentan la pandemia surgió como un salvataje que sin duda agradecieron. Haciendo gala de su acostumbrado oportunismo, echaron mano de cuanta ley retrógrada tenían a su alcance para intentar acallar este descontento y apernar aún más los enclaves de su modelo al servicio del capital, sin importar los costos humanos que esto requiriera. Esa es la valoración de la vida de las personas, de las y los trabajadores, que tienen los empresarios y el gobierno.

Así, en el primer tiempo de pandemia, cuando teníamos cuatro personas muertas y 1.610 personas contagiadas escuchamos a Juan Sutil, presidente de la CPC, decir: «Si paramos todo, seremos el país más pobre de Latinoamérica» (27 de marzo 2020).Cuando teníamos 48 personas muertas y 5.540 personas contagiadas escuchamos a José Manuel Silva, director de Inversiones de Larraín Vial, señalar: “No podemos seguir parando la economía, debemos tomar riesgos, y eso significa que va a morir gente” (08 de abril 2020)Cuando teníamos 105 personas muertas y 8.807 personas diagnosticadascomo contagiadas de COVID-19, Carlos Soublette, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago», pregonaba: «No podemos matar la actividad económica por salvar las vidas” (16 de abril 2020).

Piñera, por su parte, decía lo mismo que los empresarios, pero optó por comunicarlo de modo diferente: «No existe una contradicción entre proteger la salud y la vida de las personas, y proteger sus empleos, ingresos y calidad de vida…” (19 de abril). Y cuando este Presidente empresario habla de empleo, hay que traducirlo en “renta de capital”, que es el bien protegido realmente.

En esos primeros tiempos Piñera hablaba también de la «nueva normalidad». Mientras su administración defendía la necesidad de «convivir» con el virus y la “inmunidad de rebaño”, a la que con tanta arrogancia como ignorancia aludía el ex ministro Mañalich, como si el contagio no fuera un mal necesario, e incluso oportuno, para que “el virus se volviera buenito”.

Aparecieron los discursos justificativos de que nuestros abuelos se morían porque eran viejos y tenían otras enfermedades, sin reparar que podrían vivir varios años más junto a sus familias. Nos prepararon para normalizar la muerte y la desidia en el hacer, bajo el manto de lo inevitable. Un discurso recubierto además de soberbia y de desprecio por lo que se sostenía desde las instituciones médicas, científicas, académicas, los sindicatos de trabajadores de la salud o las municipalidades.

Y es que los dueños de Chile y su gobierno simplemente aplicaron necropolítica, un genocidio pasivo dejando morir a la gente “que no importa”, para preocuparse de asegurar el capital de “la gente importante”. Escondiendo luego la mano cuando comenzaron a evidenciarse los costos de esta “inversión” de las prioridades y su responsabilidad frente al aumento de las muertes, que aunque intentaron disfrazar con fórmulas retorcidas de casos “sospechosos”, llevaron a Chile a ser el país con más muertes per cápita por COVID en el mundo. Peor aún, cuando ya todo estaba desatado acusaron del agravamiento de la crisis sanitaria a las personas que no obedecían las medidas, que no se cuidan o a la propia pandemia que en definitiva “no se volvió buenita”.

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Los más expuestos y los invisibles

Con esta opción consciente y criminal de sostener el funcionamiento de la economía y de los sectores productivos a todo “costo” bajo una emergencia sanitaria de alcance pandémico, esforzados trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos migrantes, fueron expuestos en faenas agrícolas y mineras, en obras de construcción, en las fábricas, sin medidas reales de distanciamiento social ni cuidados básicos. Mención especial para las y los trabajadores de los servicios de salud que heroicamente pusieron en peligro sus propias vidas, en total precariedad de medios, para proteger la vida de otros y por ello son la Primera Línea por la vida.

Existen también sectores muy amplios de la sociedad en situación de vulnerabilidad que no podemos olvidar, que son los “invisibles” o “los que no aportan” a este sistema rentista, aquellos a los que no les llegan “los beneficios”, los “bonos”, que ni siquiera saben lo que es el registro social de hogares, ni califican. Entre estos se encuentran:

a) Los 1.200.000 adultos mayores con pensiones menores a $162.000 y que además viven muchas veces solos y que este virus les ataca con mayor peligro. Tienen dificultades para poder hacer su cuarentena, abastecerse, comprar sus medicamentos, controlarse con profesionales de la salud.

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b) Las personas que viven en los más de 822 campamentos existentes en Chile, el lugar donde residen 47.000 familias, más de 100.000 personas y que siguen creciendo (desde octubre 2019). En Viña del Mar, por ejemplo, ocho nuevos campamentos agrupan a 1.200 hogares, muchas de ellos sin agua y sin servicios básicos;

c) Las 20.000 personas que viven en situación de calle con su salud muy débil y sin controles médicos. Sólo se acercan a ellos y con regularidad organizaciones de sociedad civil que defienden sus derechos, les dan contención, los tratan como personas y colaboran en necesidades básicas.

d) Los migrantes en su conjunto, que tienen índices de pobreza multidimensional mayores que la población en general como resultado de carencias de políticas y de leyes de protección e inclusión, discriminados y marginados por el estado chileno. En particular las y los migrantes en situación de irregularidad, que son quienes están en mayor riesgo, con todas las puertas cerradas en medio de esta pandemia, expuestos a abusos y las peores condiciones de empleo, cuando tienen la posibilidad de encontrar uno.

El neoliberalismo a nivel mundial, Chile incluido, se quedó sin discurso creíble, con una crisis económica, social y sanitaria de enormes proporciones, y con el pueblo sumido en el hambre y en una prisión domiciliaria bajo medidas de excepción. Con el poder de las decisiones en manos de las élites dominantes, y sin resolver el abandono de los sectores más empobrecidos de la sociedad, de todas las sociedades, porque incluso las sociedades neoliberales supuestamente más potentes fueron igualmente incapaces de garantizar la salud de sus habitantes.

Hoy, estando Chile en el octavo lugar a nivel mundial de contagios y con cifras aún no normalizadas de muertos, las autoridades comienzan a hablar de desconfinamiento y de los pasos a seguir para ir saliendo de la crisis. Esto alentado por primeros atisbos de mejoras en las curvas y disminución de casos, sabiendo que la experiencia de otros países evidencia la concurrencia de rebrotes. Nuevamente el discurso de la necesidad de una reactivación económica, más allá de lo social, se abre paso impunemente. Un desconfinamiento de titulares, sin políticas claras y con escasa transparencia.

La pregunta vuelve a ser la misma frente a estas nuevas decisiones que debe adoptar el gobierno y la oportunidad de las medidas: ¿proteger la vida o priorizar la economía? ¿Seguir profundizando esta necropolítica u optar por el bienestar de toda la población, incluidos los más empobrecidos e invisibles?

Hasta ahora, todo parece indicar que la opción sigue siendo la misma.

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