sábado, agosto 8, 2020

Diputada Cariola propone declarar de interés público vacuna y tratamiento contra el Covid-19

Esta semana la diputada Karol Cariola (PC) ingresó un proyecto de ley que busca declarar de interés público los eventuales tratamientos y vacunas creadas para combatir el coronavirus, iniciativa que busca poner la vida de las personas por sobre el interés comercial y el negocio de las farmacéuticas, mirada que ha sido planteada también por organismos internacionales.

Recientemente, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, hizo referencia a la necesidad de crear una “vacuna del pueblo” contra el coronavirus, que debe ser vista como un “bien público mundial”, al alcance de todos. En la misma dirección, la Organización Mundial de la Salud emitió una resolución que pide, entre otras cosas, intensificar los esfuerzos en el control de la pandemia y el acceso universal de la población a la vacuna y tratamientos.

Así, según se detalla en los fundamentos del proyecto, los medicamentos que han sido testeados y abiertos al mercado son de alto costo, imposibilitando el acceso universal de un número importante de la población en el país, que se ha empobrecido como uno de los efectos colaterales de la pandemia.

Ejemplo de ello -destaca la moción- es el lopinavir/ritonavir, que se usa para el tratamiento del VIH y que si bien el Ministerio de Salud no recomienda su uso, sigue siendo testeado para combatir el Covid, y su patente ha sido liberada para la producción de dicho medicamento en el país, el que alcanza un valor promedio de 400.000 pesos. Un caso similar es el del Interferón, cuyo valor en farmacias especializadas supera los 200.000 pesos.  

«Sabemos que lamentablemente en nuestro país el negocio farmacéutico, el negocio de los medicamentos, ha sido extremadamente rentable, y ha perjudicado permanentemente la vida y la salud de las personas. Por eso es que no nos queremos arriesgar a que aquellos tratamientos de todo lo que sea derivado del Covid-19, y por tanto las consecuencias sanitarias que este tiene, no sean tratados como un interés público de nuestro país», afirmó la legisladora.

Cariola, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, agregó que «esto significa que cuando la vacuna, sea donde sea desarrollada, llegue a nuestro país, va a ser puesta a disposición de todos los usuarios sin costo, y el Estado debe asumir una responsabilidad en llevar adelante, a través de la Cenabast, que hoy día tiene las atribuciones necesarias, el desarrollo de los procesos de elaboración y también de distribución de la vacuna o de los tratamientos que sean necesarios para el Covid-19, para la prevención, y para todos los derivados».

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Por eso, reiteró la parlamentaria, «no va a ser posible que el día que el tratamiento y la vacuna lleguen a Chile, se comercialice, se utilice para el lucro descarado de las farmacéuticas, sino que deberá ser considerado fundamentalmente un derecho de la población». 

En la misma línea, el diputado Iván Flores (DC) dijo que «el mundo de los negocios en una economía de libre mercado debe ceñirse estrictamente a lo que pueden ser negocios, pero negociar con la salud, con la previsión, negociar con la alimentación básica, es algo que no podemos permitir».

«Tenemos que asegurar que cuando tengamos la respuesta a una pandemia que nos va a seguir azotando por un buen rato, y que ha generado estragos también en lo económico y en lo social, esta sea universal para todos los ciudadanos y no un negocio para quienes quieran lucrar. Espero que el Congreso esté a la altura y podamos avanzar rápidamente en esta iniciativa», añadió Flores.

Por su parte, la diputada Claudia Mix sumó su respaldo a la iniciativa, recordando que en el Senado duerme una moción de su autoría que busca multar a quienes suban los precios de productos e insumos médicos: «Hemos visto casos de pacientes que ya tienen deudas en las clínicas porque fueron atendidos allí producto del Covid-19. Por eso que me parece tan importante que sea declarada de interés nacional, de interés público, todo aquello que tenga que ver con el tratamiento posterior, o incluso de prevención de nuevos casos en nuestro país».

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Finalmente, la diputada Marisela Santibáñez (PC) insistió en la necesidad de que la salud sea un derecho: «Eso es lo que le tenemos que garantizar a la gente, pero sin un cambio constitucional claramente esto no va a ser posible. Por eso, esto es un paso adelante en lo que es la garantía a la salud en nuestro país en tiempos de pandemia».

La moción parlamentaria consiste en dos artículos: el primero establece el carácter de interés público, y el segundo prioriza la entrega de dichos tratamientos mediante las facultades que ya se otorgaron a la Cenabast.  

El proyecto es respaldado por los diputados de la Oposición de la Comisión de Salud, Ricardo Celis, presidente de la instancia; Patricio Rosas (IND/COMUNES), Víctor Torres (DC), Juan Luis Castro (PS), Miguel Crispi (RD), además de Iván Flores (DC), Jaime Mulet (FRVS) y las diputadas Claudia Mix (COMUNES) y Marisela Santibañez (PC).

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