Diputada Catalina Pérez: «El Estado es un cómplice pasivo de la existencia de zonas de sacrificio»

La diputada Catalina Pérez (RD) criticó las «tardías» medidas de descontaminación aplicadas en la crisis en Quintero y Puchuncaví, y señaló que el Estado debe trabajar por subsanar sus falencias en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

«El plan de descontaminación es una obligación legal y es evidente que el plan vigente no da el ancho. Quintero y Puchuncaví no necesitan solo de un plan de descontaminación; Quintero, Puchuncaví, pero también Coronel, Mejillones o Huasco, necesitan que el Gobierno los deje de considerar zonas de sacrificio, moneda de cambio del programa económico de La Moneda», dijo la diputada, en una entrevista con El Mercurio de Antofagasta.

«Si hay gente ya intoxicada es porque las medidas de descontaminación son tardías. Pero sin un cambio en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en la Superintendencia del Medio Ambiente ni un compromiso claro de homologación de normas de calidad a estándar OMS o el cierre del foco contaminante, las medidas además serán ineficaces», añadió la parlamentaria del Frente Amplio.

En esa línea, Pérez llamó la atención sobre el hecho de que el plan de descontaminación desarrollado por el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet no haya podido ni siquiera pasar por el filtro de la Contraloría: «Demuestra la poca capacidad de nuestra institucionalidad ambiental en general. En la práctica, el Estado es un cómplice pasivo de la existencia de zonas de sacrificio. El plan vigente existe desde 1994 y en julio del 2011 se inició su actualización, dada su obsolescencia. Recién en julio del 2017 el proyecto de plan fue enviado a Contraloría».

«En la toma de razón, la Contraloría determinó algo que parece irracional, pero efectivo: que las medidas propuestas no iban a disminuir los contaminantes y por lo mismo, no tenía sentido darle curso. La comisión investigadora podrá dar una respuesta más certera de las razones que explican este absurdo», puntualizó la legisladora.

Estándares de la OMS

En la entrevista, la diputada Pérez se refirió al mínimo exigible para una nueva legislación medioambiental en el país: «La homologación a estándares de la OMS en normas de calidad. Eso es lo que estamos buscando levantar en conjunto con los parlamentarios del Frente Amplio. Sin embargo, creemos que es relevante repensar la forma en que nuestros instrumentos de gestión ambiental están diseñados, así como las instituciones encargadas de fiscalizar su cumplimiento y proteger el medioambiente».

«La Superintendencia de Medio Ambiente no tiene un mandato amplio de protección, sino que debe limitarse a fiscalizar la normativa existente, que como vemos, es muy limitada, generando un círculo vicioso de difícil solución. Por ello, esperamos fortalecer la SMA y el llamado al Gobierno es a presentar iniciativas en esa línea, ya que de ellos depende por la iniciativa legislativa exclusiva», detalló Pérez.

Finalmente, consultada por su disposición a adoptar medidas como el cierre de empresas y la pena de cárcel para delitos medioambientales, la diputada Catalina Pérez manifestó que «no hay solo que cerrar, hay que repensar hacia dónde queremos conducir los territorios que solo están viviendo de la extracción de materias primas o de industrias contaminantes». «Si para evitar que eso vuelva a ocurrir es necesario que las sanciones sean de cárcel efectiva, así tendrá que ser», agregó sobre este tipo de posibilidad.