Diputado Leonardo Soto (PS) advierte que “puede haber corrupción” en licitación del litio y que oposición no descarta acudir a la justicia para anular el proceso

“No descartamos ejercer otras iniciativas legislativas en el Congreso -comisión investigadora, interpelaciones- y tampoco descartamos la vía judicial, porque el Poder Judicial también tiene la capacidad de anular actos de Ejecutivo cuando se han cometido con graves vicios constitucionales y legales”, afirmó Soto.

La oposición no descarta acudir a la justicia para frenar la licitación del litio, luego de que el Ministerio de Minería notificara la adjudicación del proceso a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., a las cuales se les confirieron dos de las cinco cuotas que se ofrecían.

Esto ocurrió justo dos días antes de que venciera el plazo para conceder la producción de hasta 400 mil toneladas de litio metálico equivalente, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas.

Entrevistado en el programa Noticias Express de CNN Chile, el diputado del Partido Socialista (PS), Leonardo Soto, enfatizó que la adjudicación “no tiene ninguna justificación porque esta licitación que adjudicó este gobierno, primero, los precios se van a pagar en el gobierno que viene, no se van a recibir el dinero ahora acá”.

De igual forma, detalla que las cuotas de extracción de estas empresas tendrán una duración de ocho periodos presidenciales, por que, desde el punto de vista político, no tiene justificación alguna; no obstante, recalcó que estos contratos «no son inusuales» en los gobiernos salientes.

«Estas no son cosas inhabituales, no son inusuales. Esto ocurre y ha ocurrido muchas veces: cuando los gobiernos salientes antes de entregar buscan dejar amarrado distintos tipos de situaciones para que sobrevivan en el tiempo por muchos periodos presidenciales”, puntualizó, citado por CNN Chile.

Ante esta situación, el parlamentario manifestó que estos contratos son muy similares a los realizados durante la dictadura de Augusto Pinochet, a los que se denominaron las leyes de amarre, que se enfocaba en textos que se aprobaron justo antes de que se entregara el Gobierno.

«Este gobierno también lo está haciendo con estos contratos a largo plazo amarrados, como estos y algunos otros de licitaciones de carreteras», recalcó.

Por esta razón, Soto apunta a que pudo existir corrupción en la adjudicación de un total de 160.000 toneladas, para ser explotadas en 29 años.

“¿Aquí puede haber corrupción? Sí, puede haber corrupción. Esto es un caso tipificado a nivel internacional de que en las postrimerías de los gobiernos son donde se producen los mayores actos de corrupción precisamente con este tipo de conductas”, afirmó, citado por la agencia.

«No descartamos la vía judicial»

El parlamentario fue consultado por las acciones a tomar desde el Poder Legislativo, a lo que respondió que, desde el Parlamento «no nos podemos quedar de brazos cruzados y hemos tomados cartas en el asunto», así como señaló que no descarta acudir al Poder Judicial para frenar la tramitación.

“Lo primero que hicimos fue ir a Contraloría. Ayer un conjunto de parlamentarios representativos de todo lo que es la oposición sin excepciones, presentamos un reclamo al contralor y le hicimos ver no nuestro cuestionamiento político, sino que le hemos hecho ver que en esta licitación hay graves vicios constitucionales y legales que hacen que el proceso sea completamente anulable, que tenga que frenarse, que tenga que suspenderse, toda vez que ninguno de estos contratos tan millonarios puede haberse infringiendo la Constitución y las leyes, y eso ha ocurrido en esta licitación”, agregó.

“No descartamos ejercer otras iniciativas legislativas en el Congreso -comisión investigadora, interpelaciones- y tampoco descartamos la vía judicial, porque el Poder Judicial también tiene la capacidad de anular actos de Ejecutivo cuando se han cometido con graves vicios constitucionales y legales”, afirmó Soto.

Los diputados le piden al contralor Jorge Bermúdez que «sobre la base de los antecedentes entregados, inicie una investigación a objeto de recabar antecedentes sobre la legalidad de las actuaciones del Ministerio de Minería, en el iter contractual, específicamente, la conformidad de las bases de la licitación con el marco de autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en el marco del llamado y aprobación de las bases de licitación pública para la suscripción de un contrato especial de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio».

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Movilizaciones en defensa del litio

El diputado Soto también hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse para defender el litio.

“Si es necesario que el pueblo de Chile se empiece a movilizar y salga a la calle para defender el litio en nuestro país, nosotros vamos a estar ahí”, afirmó.

De hecho, dirante tarde de este viernes, un grupo de parlamentarios y constituyentes se movilizaron hasta el Ministerio de Energía en rechazo a la licitación recién adjudicada por el gobierno saliente de Piñera.

El constituyente Marcos Barraza calificó como una «medida anticonstituyente» la acción tomada por el Ejecutivo Nacional, la cual afectará tanto el presupuesto de la nación de cuatro períodos gubernamentales. De igual forma, señaló que el debate de la nacionalización de los bienes está en tabla en la Convención Constitucional.

«La decisión del Presidente de la República muestra una vez más el desprecio que tiene por el proceso constituyente. El debate sobre sobre la nacionalización de los bienes estratégicos es un debate abierto que está en deliberación en la Convención Constituyente», expresó desde las afueras del ministerio.


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