¿Conflicto de intereses?

Durante primer gobierno Piñera garantizó trámites para cumplir polémica cláusula de compraventa de minera Dominga y que sus hijos recibieran 3,2 millones de dólares

Los Piñera Morel pudieron recibir los US$3,2 millones que les correspondían por cumplir la cláusula que garantizaba que, entre el 10 de diciembre de 2010 y el 13 de diciembre de 2011, la zona no se convertiría en parque o reserva, que impidiera la instalación de la mina y su puerto.

El anterior período de gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014) tuvo entre sus prioridades garantizar que se cumpliera la polémica cláusula del contrato de compraventa del proyecto minero Dominga que fue firmado en Islas Vírgenes Británicas, para que sus beneficiarios (entre ellos los Piñera Morel, quienes tenían el control de un tercio del proyecto) recibieran al menos 10 millones de dólares.

La condición para dicho pago era que entre el 10 de diciembre de 2010 y el 13 de diciembre de 2011 la zona no se convirtiera en parque o reserva, que hiciera inviable la ejecución de la mina y su puerto, disposición que fue cumplida ya que no se adoptaron ningún tipo de medidas de protección ambiental del sector y los hijos del primer mandatario lograron recibir los US$3,2 millones que les correspondían.

De acuerdo a un reportaje realizado por Ciper, se identificaron tres acciones que se tramitaron en aquel lapso de tiempo: una solicitud de concesión marítima para instalar el puerto, una autorización ambiental para hacer sondajes en el terreno de la mina y, una solicitud de Oceana y de académicos de la Universidad Católica del Norte (UCN) para proteger el borde costero.

Esta última representaba una amenaza para el negocio ya que podía afectar la instalación del puerto, por lo que fue la única acción que no tuvo avances significativos. No se menciona en los registros de los trámites para resolver la concesión marítima portuaria y se ignoró un informe desfavorable al otorgamiento de la concesión suscrito por la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), dependiente de la Armada.

Dirinmar argumentaba que “el lugar requerido en concesión, es un lugar utilizado como fondeadero por los pescadores artesanales de Caleta Totoralillo Norte”. “Además, se debe tener presente que la población costera de la comuna de La Higuera, se encuentra altamente sensible ante la realización de proyectos que impliquen la intervención y cambio de la orografía de la zona, ante lo cual existe una alta probabilidad que se activen las organizaciones en defensa de la comuna y del medio ambiente”.

Conflictos de interés

El 31 de julio de 2010, la ONG Oceana y académicos de la UCN, además de dirigentes locales, ingresaron a la Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo la solicitud para crear una Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), para tratar de impedir el proyecto portuario de Barrancones, por el impacto que podía provocar en la biodiversidad de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

La zona en cuestión abarcaba el borde costero desde Punta Pájaros, al norte de Caleta Chañaral de Aceituno (Atacama), hasta Punta Porotos, en el límite sur de la comuna La Higuera (Coquimbo). Sin embargo, el perímetro de la zona que pedían proteger afectaría también al muelle de Dominga.

A pesar de ello, la concesión fue aceptada por unanimidad (29 votos a favor) de los miembros de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (Crubc), entre los cuales se contaban dos funcionarios de confianza del Presidente: el ahora diputado Sergio Gahona (UDI), quien entonces era intendente de Coquimbo, y Cristian Felmer, a esa fecha Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente.

Igualmente, se suma que para finales de 2011, el proyecto Dominga contaba con el beneplácito de la institucionalidad regional para su puerto y logró ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con el consentimiento de distintos organismos dependientes del Ejecutivo, para hacer sondajes. 

Vale mencionar que años después, en 2017, una comisión parlamentaria inició una investigación sobre posibles conflictos de interés del Presidente Piñera, basados en que “la solicitud de concesión de borde costero para instalar un muelle fue ingresada en octubre de 2010 a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cuando los Piñera Morel aún eran los principales accionistas del proyecto Dominga y su padre llevaba seis meses a la cabeza del gobierno”, reseña Ciper.


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