Editan libro sobre la obra y denuncia ante la CIDH del Psiquiatra Dr. Milton Flores, condenado por cultivo de cannabis en Chile

«Sin Esencia No Hay Justicia» documenta el caso -aún en tramitación- del médico psiquiatra chileno Milton Gregory Flores Gatica, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Acusado y condenado por cultivar cannabis en un contexto profesional, con fines evolutivos. Su caso interpela los límites del Estado ante la conciencia y la realización espiritual.

En enero de 2014, el doctor Milton Flores denunció al Estado de Chile ante la Comisión interamericana de derechos humanos por la violación de sus derechos fundamentales ocurrida con motivo del proceso penal y sentencia condenatoria en su contra, por el delito de cultivo ilegal de Cannabis Sativa. Este libro nos entrega elementos para comprender la relevancia de su denuncia y por qué se estiman vulnerados el derecho a la integridad personal, a la libertad de conciencia, el debido proceso y el principio de legalidad, y nos ofrece su visión sobre la dimensión espiritual de la existencia humana.

Su denuncia, lejos de centrarse únicamente en una búsqueda de justicia personal, es parte de una intención transformadora: la real inclusión de la dimensión espiritual del ser humano en la cultura, el derecho y las políticas públicas, y viene a revelar -como una omisión funcional- la desconexión entre los derechos humanos y la esencia sutil del ser.

Este libro, profundo y práctico a la vez, ofrece al lector variados elementos para comprender la denuncia presentada y su relevancia. Organizado en cuatro capítulos, comienza con un nutrido relato acerca de la formación y trayectoria profesional del doctor Flores, el desarrollo de un trabajo clínico y comunitario innovador centrado en la expansión de la consciencia, la integración del uso ritual de plantas enteógenas, así como la instrumentalización del proceso penal para fines trascendentes; este capítulo fue construido de manera colectiva por el Equipo Triagrama, Paulina González, Gabriela Torres, Francia Flores, María Eugenia Soto y Luciano Flores. Le sigue una sección que reúne diversos textos que elaboró a lo largo de su trayectoria, que exponen sus principales reflexiones sobre el desarrollo esencial humano, a propósito de salud, consciencia, espiritualidad, y comunidad.

Un tercer capítulo, desarrollado por las abogadas y abogado que representan el caso, Ciro Colombara, Jennifer Alfaro y Amanda de la Fuente, ofrece una rigurosa exposición jurídica de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desglosando las vulneraciones cometidas por el Estado de Chile, entre ellas la afectación del derecho a la integridad personal, la libertad de conciencia, el debido proceso y el principio de legalidad. El último capítulo recoge reflexiones y análisis de autoras y autores invitados: Sergio Sánchez, médico salubrista y relevante impulsor del uso medicinal del cannabis en Chile; Zara Snapp y Julia Anguiano, politólogas mexicanas expertas en política de drogas; Adolfo Ortega, destacado abogado chileno de Derechos Humanos; y el reconocido antropólogo uruguayo Daniel Vidart (1920-2019), que se hace presente con un texto facilitado por su esposa, la escritora y activista argentina Alicia Castilla. Sus reflexiones enriquecen y proyectan los alcances del caso hacia una justicia más humana y coherente con la dignidad del ser.

La obra cierra con un epílogo que propone la realización espiritual como un indispensable desarrollo humano, y una sección de registros fotográficos que aporta memoria y testimonio visual.

Sin esencia no hay justicia no es sólo un libro sobre un caso legal, es una invitación a revisar los paradigmas que orientan nuestra convivencia. En él, la afirmación de la soberanía personal, la consciencia despierta y la realización espiritual, son planteadas como contribución directa y soporte real del Bien Común, expresión de una posibilidad más elevada de humanidad.

Milton Gregory Flores Gatica falleció el 9 de Mayo de 2023. A nueve años de haber sido presentada la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso sigue abierto.

Quienes deseen contar con un ejemplar de este valioso libro y conocer en mayor profundidad sobre el Doctor Milton Flores, su legado y su caso ante la justicia, pueden escribir al correo [email protected]

Acá reproducimos algunos fragmentos del primer capítulo del libro, así como un texto escrito por el Doctor Flores en 2018, poco tiempo después de su segundo infarto.

Esta obra es también, sin duda, un acto de amor, de reconocimiento, de dignidad y de justicia.

Comienzos

Milton Flores nació el 20 de junio de 1955 en la ciudad de Talcahuano en Chile, y creció siendo el mayor de cuatro hermanos varones. Durante su infancia experimentó constantes traslados debido al trabajo de su padre como Suboficial Mayor de la Armada, que llevaron a la familia a residir en diversas ciudades del país. Esto le proporcionó experiencias que tuvieron un significativo impacto en su vida, estimulando sus habilidades de adaptación e integración.

Ya de adolescente, mientras vivía en la ciudad de Arica en el norte del país, dos singulares experiencias marcaron su relación con el mundo. El compromiso iniciático de nunca abandonar a Cristo adquirido en el seno de una comunidad juvenil católica guiada por un sacerdote jesuita, que le permitió experimentar un re-ligar espiritual.

Y su primer encuentro con la expansión de la consciencia a través del empleo de Cannabis, mediante lo cual experimentó la posibilidad de incorporar a su observación otros matices de la realidad.

Estas vivencias tempranas, junto a la presencia de una madre con profunda inquietud espiritual y un padre reconocido por sus cualidades de servicio y probidad, fueron semillas que influyeron en su particular enfoque de la vida y germinaron a través de su ejercicio profesional.

Comenzó a estudiar medicina a los 16 años, en la Universidad de Concepción, en la región del Bío-Bío, siete años después se inició como médico general en el Hospital de Purranque, en la provincia de Osorno, donde llegó a ser su director. Allí comenzó a dar sus primeros pasos en lo que sería uno de los ejes de su vida profesional, el servicio público, y se fue configurando su singular manera de trabajar, innovando, formando equipos y articulando voluntades.

En 1984 se trasladó a Santiago para su especialización, iniciando su beca en psiquiatría de adultos en la Universidad de Chile, donde recibió la influencia de las corrientes innovadoras de la psiquiatría de la época, como la Teoría de Sistemas, la Terapia Familiar y la Gestalt.

Durante ese tiempo de formación se interesó también por ampliar sus conocimientos más allá de lo que ofrecía el mundo académico. Participó en la Sociedad de Artes y Estudios Experimentales, dedicada a practicar las enseñanzas del armenio George Gurdjieff acerca del despertar y la consciencia de sí; comenzó en la práctica de la Meditación, que adoptó desde entonces como un ejercicio diario; y aprendió metodologías como el Trabajo Corporal y más adelante la Biodanza y la Respiración Holotrópica. También en este período formó parte de un grupo de estudio y reflexión creativa sobre física moderna en relación con la comprensión de la psicología humana, en conjunto con profesionales de áreas afines.

Esta conjugación de nuevos saberes se fue entrelazando con su fuerte vocación de servicio, y le dio a su trabajo profesional el sentido de un compromiso de vida.

Terminada su especialización, asumió la dirección del Centro de Salud Mental Comunitario y Familiar de la comuna de La Reina en octubre de 1987. Este servicio, dependiente del Ministerio de Salud, estaba destinado al estudio y prevención del consumo y la adicción a drogas en adolescentes. Aquí implementó un método de promoción del desarrollo humano, a través de la participación en experiencias de integración personal y comunitaria, el que se constituyó en un factor protector frente a la tendencia a la adicción.

Esta estrategia vivificó los procesos y se constituyó en un cómo hacer en Salud Mental Comunitaria, que se transmitió también a las organizaciones y personas de la comunidad, y contribuyó a elevar los niveles de salud y bienestar.

En este contexto se gestó y realizó el Primer Congreso Nacional Drogas y Comunidad en octubre de 1989, evento que por sus características y conclusiones fue una referencia permanente en su quehacer profesional. El congreso contó con un comité de método a cargo de la Intendencia de la Región Metropolitana, responsable del diseño y análisis de datos, recogidos mediante una metodología participativa de reflexión colaborativa entre representantes de diversos sectores del acontecer nacional, entre otros, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Unidad de Narcóticos de la Policía de Investigaciones, Departamento de Drogas de Carabineros de Chile, Servicio Nacional de Menores (SENAME), municipalidades, organizaciones comunitarias, religiosas y sociales.

El éxito de estas experiencias fue reconocido en la época por diversas instancias nacionales e internacionales. Durante este período fue invitado a ser parte de la Comisión de Expertos en el Tema de Salud Mental Comunitaria, para asesorar la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud (1990-1991); y por la Comunidad Económica Europea para hacer una pasantía que buscaba el intercambio de experiencias exitosas en materia de prevención y rehabilitación del consumo aditivo de sustancias, y al Congreso «Drogas y Derechos del Hombre», realizado en Ginebra, en febrero de 1992.

Su tiempo como director del Centro Comunitario encontró su término a mediados de 1994 tras siete años de trabajo. En este punto, no obstante haber alcanzado madurez y eficiencia en el proceso que venía desarrollando, el sistema político-administrativo municipal se inclinó por una estrategia diferente.

Nacimiento de Triagrama

El fin de su trabajo en el Centro Comunitario lo llevó a plantearse seguir adelante desde un lugar de independencia y autonomía, para continuar desarrollando el propósito y metodologia de su trabajo, donde la expansión de la consciencia y el desarrollo evolutivo de la percepción constituyen una respuesta efectiva para un ajuste funcional del ser humano en su vida.

Para esta nueva etapa conformó una instancia de equipo, el Instituto para el Desarrollo de la Vida en Comunidad, Triagrama, integrado en ese primer momento por algunos de los profesionales que habían compartido con él la experiencia en el Centro Comunitario.

La oportunidad que esperaba se presentó a finales de octubre de 2011, cuando Carabineros de Chile llegó a su domicilio en Aguila Sur para incautar las plantas de cannabis que mantenía cultivadas. El fiscal del caso dio curso a este proceso penal involucrando improcedentemente a su hijo mayor, de profesión abogado, a intimidarlo para conducir a los policías hasta la casa de su padre.

La sorpresa ante la llegada de su hijo y los funcionarios policiales no impidió que los recibiera con cordialidad y les ofreciera un contexto amplio y honesto respecto al cultivo, que por la temporada se trataba de un pequeño almácigo de un metro cuadrado, con una centena de brotes de un par de centímetros, y cuatro plantas en maceteros, más crecidas pero todavía sin floración; dispuesto todo en un jardín rústico donde se cultivaban también otras especies medicinales y ornamentales. Es importante destacar que la cantidad de brotes encontrados, que se escucha elevada, se va reduciendo en el proceso de cultivo, hasta contar con las suficientes plantas para abastecer el consumo del equipo.

Durante el procedimiento policial, Milton Flores entendió rápidamente que esta situación, aunque desafiante, podría ser la ocasión propicia que esperaba para desarrollar una incidencia sobre el paradigma cultural vigente, y aceptó de buena gana los avatares del proceso penal, que le permitirían, en sus palabras, atender al paciente pais.

A mediados de 2012, en el espacio que el Senado de Chile contempla para recibir las inquietudes de la ciudadanía, junto a Triagrama y otros profesionales, implementó la mesa temática Consciencia para el Desarrollo Humano en las Políticas Pública, a proceso ciudadano destinado a la reflexión profunda en torno al noción de ser humano y su impacto en las políticas públicas y é servicio. Esta iniciativa se llevó a cabo a través de un ciclo de seis sesiones en donde se compartieron conocimientos y experiencia desde un enfoque innovador y vivificador. Las sesiones se desarrollaron en la sede del Congreso en Santiago, destacando e respaldo y participación de organizaciones comunitarias, instituciones universitarias y legisladores.

La última sesión de este ciclo fue la jornada Cannabis como Herramienta Evolutiva, que se realizó en el Salón de Honor del Congreso en Santiago. Esta inédita asamblea destacó por la presencia de usuarios de cannabis, activistas, profesionales y autoridades, que dieron cuenta de la posibilidad real de relacionarse con la experiencia psicoactiva de la Cannabis de un modo sano y provechoso, como una herramienta al servicio del bienestar y la trascendencia, en el contexto de un marco jurídico que protege el ejercicio de los Derechos Esenciales de la persona.

Sin aceptar salidas alternativas, habituales por entonces en estos casos, a finales de marzo de 2013 se llevó a cabo el juicio oral ante el Tribunal Oral de San Bernardo. Representado por la Defensoría Penal Pública, elección concebida para potenciar el alcance de su intención, afrontó el juicio argumentando la legalidad de su conducta, y testigos y peritos dieron extensa cuenta de la naturaleza del cultivo de cannabis mantenido por él, en el contexto de su trabajo profesional.

Pese a todo, el tribunal lo declaró culpable del delito de cultivo ilegal o cultivo sin autorización, y le impuso como sanción 41 días de presidio. Entonces su defensa recurrió de nulidad ante la Corte Suprema, y la sala penal, advirtiendo que la sentencia no se hacía cargo de todas las alegaciones presentadas, ordenó que se realizara un nuevo juicio donde tales argumentaciones fueran contestadas.

Este segundo juicio se realizó en julio del mismo año, y resultó todavía más decepcionante. Fue condenado nuevamente y recibió una sanción aún mayor que la primera vez, consistente en 541 días de presidio. Pero eso no fue todo, vivió en esta oportunidad circunstancias que fueron en sí mismas vulneratorias y que expresan cierto grado de prejuicio por parte del Tribunal. Fue interrumpido con severidad por la juez presidenta para limitar el alcance de su declaración, comprometiendo con ello su defensa, y fue condenado a penas accesorias improcedentes: la toma de una muestra de ADN pan el registro criminal y la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de sus derechos políticos; estas sanciones, si bien fueron rectificadas, implicaron sufrimientos y esfuerzos adicionales que no debieron suceder.

Imposibilitado legalmente para recurrir de esta segunda condena, su defensa intentó sin éxito revertir la situación por la vía del recurso de Amparo. Su sentencia entonces quedó firme y cumplió su pena con el beneficio de la remisión condicional, debiendo concurrir a una firma mensual durante 18 meses en Gendarmería de Chile.

En enero de 2014, dentro de los plazos establecidos por el sistema interamericano, el doctor Milton Flores presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia en contra del Estado de Chile, por la vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos el Derecho a la Integridad Personal y el Derecho a la Libertad de Conciencia.

Proceso penal y absolución

Durante el primer juicio en contra del doctor Flores, quedó iniciado un segundo proceso penal, por el mismo delito de cultivo ilegal de cannabis sativa, en contra de la psicóloga Paulina González Céspedes, madre de tres hijos en común y cofundadora de Triagrama, quien mientras declaraba como testigo, dio a conocer que mantenían un nuevo cultivo.

El juicio oral de este nuevo proceso se llevó a cabo dos años después, en marzo de 2015. Los argumentos se reiteraron idénticos por parte de la defensa y también del persecutor, y el resultado fue también condenatorio. Se recurrió de nulidad ante la Corte Suprema, la historia parecía que iba a repetirse, pero esta vez el resultado fue diferente.

La sala penal de la Corte Suprema falló de manera unánime el 4 de junio de 2015, acogiendo el recurso y dictando inmediatamente una sentencia absolutoria de reemplazo.

Esta sentencia de la Corte Suprema contiene un importante desarrollo de reflexiones que estimó necesarias, previo a fallar en el caso en concreto. Estas consideraciones orientan la correcta aplicación de la ley de drogas en Chile, en lo que se refiere al cultivo personal de cannabis y otras especies psicoactivas, y han sido jurisprudencia de la Corte Suprema desde entonces.

Acción de revisión

A finales de 2017 el doctor Flores sufrió un primer infarto y luego un segundo en marzo de 2018. Este último implicó una nueva angioplastia, varios meses de recuperación y una consecuente limitación física de la que no pudo recuperarse totalmente, debiendo

extremar desde entonces sus cuidados. Esta situación de salud lo llevó a buscar con más ahínco el reconocimiento de su inocencia, para afianzar con ello los avances conquistados.

Para cerrar este capítulo hemos incorporado un último texto, con el fin de darle perspectiva y potenciarlo como contexto de la denuncia. En él se muestra un ángulo que no sería honesto ignorar, esto es, el alto costo que todo el proceso penal implicó para el doctor Milton Flores, su familia, en especial para sus hijos, y el equipo Triagrama. Se trata de un relato íntimo y sentido, que escribió durante septiembre de 2018.

“El desconocimiento de la naturaleza fundamental del ser humano, nuestra identidad esencial, es, a mi entender, el origen de la injusticia que el Estado ha cometido en mi contra. El reconocimiento constitucional de nuestra existencia espiritual y el compromiso del Estado con ella, ha sido ignorada en mi caso, descalificándome en el ejercicio de la soberanía personal que ella implica. El sistema judicial ha impuesto una concepción limitada de la persona ciudadana y una aplicación arbitraria del Derecho y las leyes vigentes, que han vulnerado nuestra Dignidad e interferido con el despliegue de nuestra libertad, y han comprometido el trabajo profesional que he estado realizando, sin que exista un motivo fundado y juridicamente aceptable para tal interferencia, manifestando con ello arbitrariedad, prejuicio y discriminación.

Desde un comienzo reivindiqué la conducta cuestionada, el cultivo de plantas de cannabis, en el contexto de mi trabajo profesional y el cultivo de mi espiritualidad, amparado en el derecho y las facultades que se le reconocen a la persona humana, pero esto no fue incluido y fue tergiversado en la sentencia que me condenó, atribuyéndome la «pretensión» de estar fuera de la ley, fuera del marco legal, fuera del acuerdo social, una supuesta rebeldía que en definitiva implica, según el Tribunal Oral, un peligro social que ellos están sancionando con la condena.

Toda nuestra vida se vio radicalmente afectada desde un primer momento, en las bases de nuestra existencia, veníamos viviendo con Libertad y de pronto esa Libertad no existe. Hubo que adecuarse drásticamente para afrontar el desafio de defendernos, sin ceder a la inercia institucional o sucumbir ante el rechazo, manteniendo la perspectiva de estar desarrollando una experiencia colectiva y ciudadana para incidir en un ajuste evolutivo del paradigma cultural.

Quedamos situados en un área de observación y cuestionamiento, atravesados por la exigencia ineludible e indelegable de salir a defendernos, no solo ante el sistema de justicia penal, también ante la sociedad, y a veces también frente a la familia y los cercanos. Esto implicó para nosotros un sufrimiento, una alerta constante, y la exigencia de intensificar el trabajo espiritual para mantenernos firmes, claros, proactivos, sin perder el rumbo, renunciando a cualquier distracción, aceptando la austeridad y hasta la precaried económica, puesto que fue imposible continuar trabajando del mod como lo veníamos haciendo, de hecho, para poder financiar nuest vida solo con energía proveniente de fuentes sintónicas, en un proceso tan sensible, recurrimos al trueque, el compartir, a la solidaridad, lo que tampoco estuvo exento de crítica e incomprensión.

Durante todo este tiempo nos hemos visto impelidos a concentrar todos muestros esfuerzos en el desarrollo de un trabajo de dedicación exclusiva y permanente para defendernos, lo que ha tenido un alto costo para todos nosotros, personal, familiar, social, profesional, laboral, económico.

La agresión que recibimos volvió imperioso recogerse, protegerse, cuidarse, y prepararse para sostener el esfuerzo de enfrentar al Estado. Ninguno de nosotros había sido sometido a una exigencia de esta naturaleza y magnitud, y fuimos abriendo un camino para hacerlo, contracorriente, exigiéndonos a nosotros mismos más allá de lo que hasta entonces habían sido nuestras capacidades actualizadas y en este empeño muchas veces sufrimos la impotencia de no saber o no poder hacer más. Todo este proceso nos dejó por momentos aislados, separados, incomprendidos. Era difícil acompañarnos incluso para la familia y los amigos, y lo fue todavía más después de mi condena, que tuvo el efecto objetivo de negarnos la razón y confirmarme como delincuente, lo que implicó que muchas puertas oficiales del Poder Ejecutivo, de la Academia, entre los pares profesionales- se cerraran para mi trabajo hasta el dia de hoy.

Soy un profesional, médico psiquiatra, investigador del funcionamiento humano a propósito de las adicciones, realizando una investigación-acción que ha percibido la urgente necesidad de atención de la vida espiritual, como una estrategia de Salud en el abordaje de esta patologia de la cultura. He trabajado en esto por más de tres décadas, haciendo escuela y aportes concretos a personas y dinámicas reales, y la integridad de este exfuerzo fue puesto en entredicho, enturbiando la percepción de su idoneidad y perturbando la efectividad de su comunicación a la comunidad.

En definitiva, todo nuestro plan de vida fue subsumido al esfuerzo por defendernos penalmente. Sin descanso, sufriendo la exigencia, la presión, la tensión, la crítica, el cuestionamiento y la animadversión, directa o velada, experimentando la imposibilidad de retomar una vida más allá de este contexto. Hemos sostenido un esfuerzo sin pausa durante siete años, para afrontar la destructiva y tenaz injerencia indebida del Estado en nuestra existencia, y lo hemos hecho sin escondernos, sin ocultarlo, sin atajos, saliendo a dar la cara, pagando con vida, tiempo, salud y considerables renuncias, los perjuicios que aquello ha implicado.

El comienzo de la causa penal fue muy desafortunado, inapropiado e incluso antiérico. A partir de una escucha informal en una fiesta privada, que es presentada al persecutor, quien a su vez procede a involucrar innecesariamente a mi hijo en una maniobra deleznable para llegar a mi hogar, estando siempre en conocimiento que no se trataba en ningún caso de tráfico en ninguna forma, solo de un cultivo destinado a un uso personal que, a su entender y el entender de todos en aquel tiempo, carecia de la autorización necesaria. Este primer despliegue por parte del persecutor, es en sí mismo dañino, por arbitrario, burdo y abusivo; es vulneración no solo de mi persona, también de mi hijo.

Durante los primeros meses sufri, sufrimos, la falta de un Defensor Público suficientemente dispuesto y habilitado para recibirnos, defendernos como personas inocentes, y no se contemplaba ninguna hipótesis donde una persona tuviera la facultad de ejercer su libre albedrío en el uso del cannabis. El tiempo sin abogado defensor implicó una experiencia de incertidumbre, impotencia y soledad.

Para defendernos penalmente tuvimos que hacernos cargo del prejuicio social y gran desconocimiento que el sistema tiene de la realidad de las personas que cultivan y usan cannabis con fines personales, prejuicios que se introducen al proceso a través del Ministerio Público mediante una persecución sesgada que afecta la percepción y las decisiones de los jueces, al estimular sus propios preconceptos y desactualizada información. En este sentido solicitamos apoyo a diversas organizaciones de Derechos Humanos, la mayoria de las cuales lamentablemente evitaron involucrarse, un doloroso rechazo que bien daba cuenta del estado evolutivo de aquellas instituciones.

Al comenzar el primer juicio oral, los medios de comunicación, en particular la televisión abierta y la prensa escrita, mostraron el caso y no faltó la mofa y la frivolidad, la vulgaridad y la falta de capacidad para recibir el mensaje, volviendo una y otra vez sobre los aspectos más superficiales y sensacionalistas, sin poder procesar lo de fondo, y ciertamente se nos juzgó fuera del Tribunal. Hubo que soportar; entonces y todavia ahora, el desprestigio y descrédito que esto implicó para mí, como persona, como profesional, como padre de familia, para mis hijos, para mi equipo de trabajo, para mis cercanos, para mis pacientes. La confianza que en torno a mi existía, como médico psiquiatra, como investigador; como cientifico, se vio dañada irremediablemente, sembrándose, en torno a mi, la duda y la sospecha, que se vio refrendada por la sentencia condenatoria, que en definitiva confirma, que para el sistema judicial, para el Estado, para todos los efectos sociales, soy un delincuente, un ciudadano que incumplió las normas legales y puso en peligro a la sociedad pretendiendo estar por fuera de la Ley.

Durante el juicio oral fue incriminada por el mismo delito la psicóloga Paulina González, con quien fundamos Triagrama y es madre de 3 de mis 7 hijos. Mientras ella señalaba las circunstancias en que el cultivo de cannabis encontraba un lugar y sentido en nuestra dinámica, al advertir que manteniamos cultivadas plantas de cannabis, el Fiscal interrumpió su declaración con la intención de proceder a su detención, lo que fue rechazado por la Juez presidente, a la espera del intermedio. En ese instante se comprometió drástica y dramáticamente el desarrollo del juicio oral, la pretensión del Fiscal tuvo el efecto de perturbar violentamente y enrarecer la instancia, sembrando el pánico, encendiendo alarmas, distorsionando la entrega limpia de antecedentes, que se venía haciendo hasta ese momento, copando la capacidad de escucha y recepción de los magistrados, minando la disposición de la defensa, alterando al resto de los testigos y peritos, adicionando una nueva preocupación en medio del desarrollo del juicio oral. Su pretensión en ese instante, fue un despropósito que implicó para todos nosotros una enorme exigencia a remontar, una maniobra torturante e innecesaria, destinada a impresionar a los jueces por una vía no jurídica, socavando el trabajo y la moral de la defensa, que afectó sin duda el desenlace final de este primer juicio, y exigió que afrontáramos una nueva causa penal.

El momento del veredicto, cuando escuché que había sido condenado, considerado culpable, fue un momento de gran aflicción. Toda la convicción sobre la cuál he construido mi vida y mi desempeño. Este primer juicio oral fue anulado por la Corte Suprema, argumentando que la sentencia no habia atendido a todas las argumentaciones de la defensa, y se ordenó la realización de un nuevo juicio en donde mis alegaciones si tuvieran respuesta por parte del Tribunal. Sin embargo esto no sucedió, y se desatendió esta orientación al extremo de no permitirme ejercer el derecho de todo imputado a declarar conforme a un debido proceso, que me faculta para exponer al tribunal todo aquello que a mi juicio resulte necesario, relevante y significativo para mi defensa, en este caso respecto de un reproche de tal envergadura que pone en juego mi vida entera. Por el contrario, fui interrumpido con acritud por la Juez presidenta y conminado a referirme a una determinada arista de los hechos y nada más, evidenciando con ello una inclinación previa que es señal de parcialidad y falta de libertad en la apreciación, desestimándose de hecho la recomendación de la Sala Penal. En este evento fui claramente maltratado, tratado sin dignidad, amedrentado, y vi mermada mi defensa con una dosis crítica de impotencia y desesperanza.

Todo el segundo juicio se desarrolló con cierta indiferencia y frialdad, debilitada la defensa por la imposibilidad de un nuevo recurso, percibiendo el reproche anticipado que resulta intimidante y que finalmente desembocó en una condena más dura, que sumó 500 días más que la primera e inclyó erradamente la pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para ejercer mis derechos políticos, y la exigencia, errónea también, de incluir una muestra de mi huella genética en el Registro Nacional de ADN de Condenados.

En esta segunda sentencia queda en evidencia un cierto ensañamiento, una insistencia en calificarme como una persona peligrosa que pretendió estar fuera del marco legal, fuera del acuerdo social. Ya no se trataba de cultivo ni de Salud Pública, se trataba de desobediencia y sometimiento.

La accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, fue rectificada como error de transcripción y eliminada de la sentencia al día siguiente de su lectura, por motivación del propio tribunal. Por su parte la exigencia de tomar una muestra de material biológico con la finalidad de incluir mi huella genética en el Registro de Condenados, a lo que me negué cuando concurri al Servicio Médico Legal, dio lugar a una audiencia de apercibimiento ante el Juez de Garantía, en la cuál se me conminó a consentir a la toma de muestra dentro de un nuevo plazo, y se me advirtió de un eventual juicio por desacato, de reiterar mi negativa. Por fin, ocho meses después, en marzo de 2014, mi defensor penal solicitó la rectificatoria de la sentencia al Tribunal Oral de San Bernardo, al advertir que el delito por el cuál fui condenado no da lugar esta pena accesoria y meca debió ser incluida en la sentencia, sin embargo el Tribunal, al acceder, consignó tal desliz como otro «error de transcripción».

Sin duda que la exigencia de incluir mi ADN en un registro criminal resultó aterradora y me causó un sufrimiento innecesario; me vi obligado a sacar fuerzas de flaqueza para oponerme, con firmeza, arriesgándome a perder el beneficio de la remisión condicional de la pena y tal vez nuevas sanciones. Un esfuerzo de alto costo que perfectamente podría haberse evitado, de no haber estado el sistema penal tan interesado y dispuesto a sancionarme, incluso más de lo establecido, ejerciendo un rol correctivo, disuasivo, sobre mis convicciones. La explicación «error de transcripción» resulta liviana e insuficiente para el daño causado, que habría sido mayor aún si se hubiese concretado, si no me hubiese negado, si me hubiese sometido.

Terminado el proceso en mi contra pude presentar una denuncia en contra del Estado de Chile a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras seguimos adelante afrontando un segundo proceso penal, obligados una vez más a responder por la misma acusación.

Tuvimos que seguir sosteniendo el esfuerzo, en las mismas condiciones que lo veníamos haciendo, percibiendo también el desgaste y la decepción. Este nuevo proceso significó volver a vivir momentos terribles, altamente exigentes y estresantes, y ahora, con mi condena en contra, se hizo todavía más árido y cuesta arriba. El resultado fue todo el daño que hubo que resistir, superar y transformar, todo el esfuerzo y sacrificio que ha implicado hacer frente a esta indebida interferencia del estado en nuestras vidas, tvieron un fruto positivo y significativo en la absolución de Paulina. Teniamos razón, nosotros no somos y nunca hemos sido, delincuentes; siempre, en todo momento, yo mismo aunque siga condenado, hemos estado en ejercicio de muestra soberania como seres humanos, como seres espirituales que somos, sin conflictos con la Ley, la Salud Pública o el Bien Comin. El cultivo y uso personal de cannabis que desarrollamos dentro de nuestro proyecto de vida no es delito, no causa daño y no necesita autorización del Estado, esto es lo que establece la sentencia absolutoria de la Corte Suprema respecto de nosotros como familia y equipo Triagrama.

Sin embargo, yo sigo condenado. La absolución de Paulina, aunque me incluye, juridicamente no alcanza para revertir mi sentencia y resalta la injusticia de mi condena.

La condena que todavía pesa injustamente sobre mi persona, empaña el resultado alcanzado y compromete su consolidación y difusión, junto con perpetuar mi intimo sufrimiento e impedir que retome mi vida con libertad.

Con el antecedente de la absolución de la Corte Suprema, tuve la oportunidad de recibir de parte de la unidad especializada en drogas del Ministerio Público, su reconocimiento de mi inocencia, y en este contexto pude solicitarles formalmente que evaluaran la posibilidad de iniciar ellos una acción de revisión de mi condena. Su conclusión fue que efectivamente se daban los supuestos contemplados en el Código Procesal Penal para iniciar esta acción en mi favor, dado el hecho nuevo que constituia la sentencia absolutoria (4949-2015), y que en tal circunstancia el Ministerio Público estaba facultado para tomar la iniciativa. Lamentablemente, la decisión final recaia en el Fiscal Nacional de entonces Jorge Abbott Charme, quien se negó en dos oportunidades (2017, 2018).

Esta decisión del Ministerio Público, tan contradictoria con el razonamiento técnico de la unidad especializada, que parece provenir de un criterio diferente al de buscar la Justicia, ha sido un obstáculo en la recuperación de mi inocencia y la restitución de mi honra, que me alcanza afectado de dos infartos (2017, 2018) que han deteriorado mi condición de salud y hacen percibir con mayor intensidad los costos que hemos pagado por defendernos”.

Doctor Milton Flores. Septiembre de 2018.