El fin del ghosting ministerial con la negativa sobre la firma de Escazú

La falta de compromiso por parte del gobierno de Piñera nos deja nuevamente en el “no visto”, es decir, el negacionismo de la crisis climática mundial.

Por Absalón Opazo

25/09/2020

Publicado en

Chile / Medio Ambiente / Portada

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Después de la ausencia de la Ministra del Medio Ambiente en las anteriores sesiones de las comisiones a las que había sido invitada, tanto de la cartera de RR.EE. como la de Medio Ambiente, en la Cámara de Diputadas y Diputados, esta semana (martes) finalmente se presentaron los argumentos en materia legal y conceptual por los que el gobierno de Sebastián Piñera decide negar la firma del acuerdo ambiental más importante de Latinoamérica.

De acuerdo a lo dicho por parte de los ministros, el ejecutivo reconoce la importancia de los principios establecidos en el acuerdo y reafirma su compromiso con cada uno de ellos, pero aún así prefiere no firmar el tratado.

En palabras de la propia Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt: “Apoyamos y estamos plenamente de acuerdo con todos y cada uno de los puntos del Acuerdo de Escazú pero no estamos de acuerdo con la forma en la que quedó redactado este tratado”.

El argumento esgrimido por la representante de la cartera indigna a ambientalistas pues fue su propio ministerio y el de Relaciones Exteriores los que lideraron el proceso de negociación del acuerdo.

“Nos sorprende porque fueron ellos mismos quienes le dieron esa ‘forma’ al tratado. Chile impulsó la creación de este acuerdo en 2012 y luego lideró su proceso de negociación y redacción durante más de 6 años, además, una vez que se terminaron las negociaciones el texto fue sujeto a la aprobación de todos los países participantes en marzo de 2018 y la ‘forma’ que en ese momento se presentó fue aprobada por Chile sin mayores reparos”, explica Sebastián Benfeld, coordinador de la campaña Escazú Ahora Chile.

Por su parte, Allamand justificó la decisión aludiendo a que en el acuerdo existiría una supralegalidad que afectaría la legislación del país, junto a una ambigüedad conceptual que impedirían el correcto funcionamiento del tratado en el territorio, cuestión que también molestó a activistas y parlamentarios de la comisión pues los tratados por los derechos humanos son supralegales y ello no constituye una razón para no suscribirlos.

“La mayoría de los tratados internacionales, y en especial los que abordan temáticas como los derechos humanos, tienen la característica de ser supralegales. De hecho, este último tiempo la propia jurisprudencia nacional ha ido reconociendo la supralegalidad, e incluso, la constitucionalidad de los tratados por los DDHH porque entendemos que son derechos fundamentales inherentes a todo ser humano y que deben ser reconocidos y respetados por los Estados. De haber tenido esta calidad del debate en 1948 tal vez no hubiésemos suscrito tampoco la Declaración Universal de los Derechos Humanos solo por ser supralegal”, agrega Benfeld, quien además fue elegido por la CEPAL en marzo de este año para difundir el tratado en la región.

Finalmente, Benfeld manifestó su decepción ante la política ambiental y de DDHH del gobierno de Piñera: “Con esto nos queda claro que la política de este gobierno es dar certezas a las industrias que destruyen nuestro planeta e incertidumbre a las personas que habitamos este territorio. Simplemente esto es decepcionante”.

A las críticas se sumó la parlamentaria Carmen Hertz, quien señaló que “las justificaciones que están dando son jurídicamente incorrectas e inverosímiles. Se está desconociendo el papel diplomático de Chile. Somos los redactores de este acuerdo, que no se sacó de debajo de una manga”, dijo la abogada, aludiendo a la participación de Chile junto a Costa Rica como impulsores principales del tratado.

Por su parte, el diputado Diego Ibañez mencionó las falencias del sistema legal en Chile, donde “no existe una defensoría ambiental”, y las estrategias de desarrollo regional verde “son algo simbólico, pero no existen en la práctica”.

La negativa a la firma durante esta semana de la firma por Escazú, deja en una posición compleja a la democracia medioambiental, negando no solamente una mayor participación ciudadana, sino que a su vez rechazando la amplitud en asuntos de DDHH a los que organizaciones de todo el mundo están impulsando.

La falta de compromiso por parte del gobierno de Piñera nos deja nuevamente en el “no visto”, es decir, el negacionismo de la crisis climática mundial.

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