El Maule: Consejo de Defensa del Estado evaluará demandar a empresa Dulcelé por daño ambiental

Vía Teno Informado / El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Maule envió antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe ejercer acciones judiciales compensatorias contra la empresa Mundo Sur SpA, más conocida como Dulcelé

Por Absalón Opazo

24/01/2020

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Vía Teno Informado / El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región del Maule envió antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe ejercer acciones judiciales compensatorias contra la empresa Mundo Sur SpA, más conocida como Dulcelé.

Esto luego de declarar inadmisible una solicitud que buscaba regularizar la construcción de la fábrica de manjar a través de una consulta de pertinencia, la cual tiene por objeto aclarar si un proyecto debe ser sometido al sistema de evaluación de impactos.

Revisando los papeles entregados por el representante legal de Dulcelé, Gert Frank, el SEA constató que la industria emplazada en el sector de La Aurora de Teno ha funcionado desde el año 2016, no contando con trámites previos en el SEA.

«Ofíciese a la SMA (Superintendencia del Medio Ambiente), informándole la ocurrencia de esta situación irregular con el fin que esa entidad adopte las medidas o aplique las sanciones que en derecho correspondan», afirma la resolución.

Más abajo, el director regional del servicio, René Christen, ordena traspasar el caso «al Consejo de Defensa del Estado (CDE)… para que determine la procedencia de ejercer la acción prevista en el artículo 54 de la Ley 19.300, ante la eventualidad de daño ambiental».

Nuestra legislación plantea que esta acción, producto de infracciones a normas de calidad ambiental y otras, deberá ejercerse por el CDE o los municipios, «para obtener la reparación del medio ambiente dañado, lo que no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado».

En diciembre, la Corte de Apelaciones de Talca falló en contra de Dulcelé, estableciendo que vulneró el derecho constitucional de regantes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El proceso está hoy en manos de la Corte Suprema.

Mientras tanto, la Contraloria y la Fiscalía indagan posibles responsabilidades administrativas y penales ante la emisión de un permiso municipal con datos falsos, según verificó el Seremi de Vivienda, Gonzalo Montero.

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