El violador eres tú: CIDH expresó su preocupación por demanda de Carabineros contra Las Tesis

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó su preocupación por el proceso penal iniciado en Chile contra Las Tesis, el cual, señalaron, «podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión».

Recordemos que Carabineros presentó ante Fiscalía una denuncia penal por amenazas, atentado contra la autoridad e incitación a la violencia, contra el colectivo feminista Las Tesis. De acuerdo a la información disponible, la denuncia cuestiona una serie de canciones y performances audiovisuales realizadas por este colectivo, que se difunden en redes sociales.

En particular, la policía menciona la performance denominada «Un violador en tu camino» que se ha convertido en una forma expresiva emblemática de condena a la violencia de género en distintas partes de la región; y un segundo video en el que este grupo de activistas denuncian el abuso policial en América Latina.

«El Estado de Chile informó a esta Relatoría que se trata de una denuncia puntual, en relación a hechos específicos y determinados que podrían constituir delitos comunes. El Estado agregó que en particular se cuestiona que podría existir incitación a la violencia constitutiva de delitos específicos, con llamados a prender fuego a los pacos», afirmaron desde la CIDH.

La denuncia, que ya fue respaldada públicamente por el ministro del Interior de Chile, motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía de Valparaíso, que ya habría ordenado una serie de diligencias, incluyendo la solicitud de ampliación de la información aportada por la propia policía.

En este punto, la Relatoría Especial de la CIDH recuerda que «bajo el artículo 13 de la Convención Americana, los discursos sobre asuntos de interés público tienen una protección reforzada, en especial aquellos que expresan elementos esenciales de la identidad o denuncian situaciones de violencia y discriminación estructural».

«En particular, la CIDH y su Relatoría Especial han subrayado la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y acceso a la información como herramienta para combatir la violencia basada en su género. En ese sentido, las expresiones de protesta contra la violencia de género por parte de defensoras de derechos humanos, artistas y colectivos de mujeres, que se han expandido gracias al rol que juega la protesta en línea, han sido de gran valor para concientizar sobre la persistencia de un problema que impide el derecho de las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencia», señaló la CIDH en un comunicado.

La Relatoría Especial también insistió en la necesidad «de no utilizar figuras penales en blanco, vagas o ambiguas para criminalizar expresiones que, si bien pueden ser ofensivas, chocantes o irriten a funcionarios o a parte de la población, configuran expresiones de interés público que no deberían ser criminalizadas en una sociedad democrática».

Por otra parte, la Relatoría subrayó que los discursos que incitan a la violencia contra cualquier persona o funcionarios del Estado no son objeto de protección por parte de la libertad de expresión; no obstante, las expresiones artísticas o de protesta deben ser analizadas en su contexto y requieren que el discurso en cuestión sea un llamado verosimil, real e inminente a producir hechos de violencia.

Asimismo, en su reciente informe sobre Mujeres Periodistas, la Relatoría Especial recuerda que «el derecho a la libertad de expresión también es fundamental para asistir a los grupos vulnerables a restablecer el equilibrio de poder entre los componentes de la sociedad. Además, este derecho es útil para promover la comprensión y la tolerancia entre las culturas, favorecer la deconstrucción de estereotipos, facilitar el libre intercambio de ideas y ofrecer opiniones alternativas y puntos de vista».

Finalmente, la Relatoría Especial también llamò la atención respecto a que la tramitación de esta clase de investigaciones debe ofrecer garantías de imparcialidad, debido proceso y contar con personal capacitado en las connotaciones y estereotipos discriminatorios arraigados en la sociedad, en este caso, las mujeres.

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