«Esta forma de operar no puede quedar impune»: Organizaciones opositoras a Alto Maipo rechazaron ciberespionaje de AES Andes (ex Aes Gener) a sus dirigentes

Tras la publicación de una investigación de Interferencia donde se muestra que la empresa AES Andes (ex AES Gener) habría contratado a un hacker para hacer ciberespionaje e “infiltrar a grupos ambientalistas” opositores al proyecto Alto Maipo, entregando información privada de ellos (dirección, rut, trabajo, educación, entre otras), un grupo de organizaciones sociales emitió una declaración pública condenando esta práctica y llamaron a la ciudadanía a estar «alertas y preocupados» por este tipo de situaciones.

El documento, suscrito por la Red Metropolitana No Alto Maipo, el Movimiento por las Aguas y los Territorios, y la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, llamaron la atención sobre la permisividad que tiene una empresa para investigar a civiles e infiltrarse en sus organizaciones.

«Expresamos absoluto rechazo ante la obscena persecución perpetrada por una filial de la transnacional estadounidense hacia diferentes organizaciones ciudadanas y civiles, entre ellos, dirigentes y dirigentas que a lo largo de los años han trabajado por la protección medioambiental específicamente en el territorio donde se desarrolla el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo que ya ha impactado el territorio, agudizando la desertificación de la zona aludida con efectos degradantes para todo el ecosistema de la región», afirmaron.

En esa línea, recordaron que «aunque las organizaciones medioambientales por años han vivenciado el hostigamiento y persecuciones diversas, según los antecedentes que tenemos esta sería la primera vez que contamos con evidencia sobre el vínculo de una empresa privada con un servicio para espiar a organizaciones ambientales que están por la defensa de las aguas y los territorios».

«Esta forma de operar de AES Andes, no puede quedar impune: es el Estado el que debe garantizar y resguardar los Derechos Humanos de los Defensores de la Naturaleza. En este conflicto, históricamente el Estado a través de la institucionalidad en distintos gobiernos, ha apoyado al proyecto Alto Maipo aún cuando se han constatado innumerables incumplimientos e ilegalidades en torno a su construcción con daños irreparables a la naturaleza. El blindaje político ha sido el mejor aliado de Alto Maipo», agrega la declaración.

Entre las personas que fueron afectadas por esta acción de ciberespionaje, se encuentran dos miembros de la Red Metropolitana No Alto Maipo, María Jesús Martínez y Anthony Prior; la ex concejala de San José de Maipo, Maite Birke; y la representante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Francisca Fernández, entre otras.

«El activismo que realizan estas organizaciones está basado en las confianzas, por lo que sabemos cómo trabajamos y quiénes somos. Aún con estas confianzas nos preocupa la integridad y el resguardo de las personas involucradas así como de activistas en todos los territorios movilizados», puntualizaron las agrupaciones ambientalistas.

«El actuar de AES Andes supera con creces el modus operandis de las empresas cuando llegan a los territorios e intentan identificar actores sociales para cooptar organizaciones. Esta nueva situación transgrede lo permitido por las leyes, traspasando la frontera de lo privado, lo legal y los derechos, por lo que como organizaciones estudiaremos las acciones jurídicas y legales que correspondan. Inevitable es preguntarse: ¿Qué quería hacer Ricardo Falú y los otros directivos de la empresa con la información requerida?», indicaron.

Finalmente, para los opositores al proyecto Alto Maipo, «estas acciones de ciberespionaje son parte de las estrategias de la empresa para amedrentar a la ciudadanía organizada y no debe quedar impune. Impunidad que también se refleja en que la empresa lleva años dañando el territorio, y los últimos fallos de las reclamaciones en el Tribunal Ambiental dan cuenta de ello».

«Por esta razón, llamamos al gobierno a deshacer el acuerdo entre AES Andes y el Estado firmado para aumentar la capacidad de almacenamiento de energía en base a baterías anunciado en medio de la COP26. Es inaceptable que el Estado haga acuerdos con empresas que tienen estas prácticas contra ciudadanos que velan por la defensa de las aguas y los territorios. La acción de AES Andes – empresa que hasta el momento ha mantenido estricto silencio- es gravísima, por lo que hacemos un llamado a las diferentes organizaciones sociales a repudiar la violencia que realizó AES Andes, según la información obtenida por Interferencia».

«No nos van a amedrentar, seguimos unidos y con la fuerza de las aguas y la vida fluyendo en nuestros corazones. Hacemos un llamado a todas las y los defensores de los distintos territorios a seguir luchando sin miedos y con toda la fuerza por la justicia social y ambiental y los derechos de la naturaleza», concluye la declaración.