Giorgio Jackson confirma que Gobierno de Gabriel Boric retirará querellas por Ley de Seguridad del Estado contra presos políticos de la revuelta

En su discurso de este domingo, el presidente electo, Gabriel Boric, indicó que conversó con los familiares de los presos de la revuelta y "tenemos muy claro lo que tenemos que hacer".

El gobierno del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, retirará las querellas por Ley de Seguridad del Estado que pesa contra los presos de la revuelta de 2019, confirmó este lunes el diputado (RD), Giorgio Jackson.

“Nos parece sumamente injusta la situación que están viviendo muchas personas que llevan meses o años esperando un juicio”, expresó Jackson en entrevista a Radio Cooperativa.

 “En cualquier parte del mundo, si es que alguien lleva esperando juicios sin tener pruebas en su contra, sería un escándalo, y eso también ocurre en nuestro país y es bien preocupante“, agregó el vocero del comando de Boric.

De igual forma, recalcó que esta medida podría ayudar a avanzar en la idea de «reconciliación» de Chile.

“Eso es un compromiso. No tiene ninguna razón de ser, ha generado que muchas personas hoy en día estén con medidas cautelares que no tienen ningún sentido”, manifestó durante la entrevista.

En esta misma línea, Jackson señaló que revisarán otras medidas cautelares que se impusieron a partir de las querellas por Ley de Seguridad.

“También analizar cómo se sana un país, tanto por aquellas personas que sufrieron destrucción en el estallido social y otras privadas de libertad que lo están de forma injusta”, añadió declaraciones a Mesa Central de T13.

Cabe destacar que, en su discurso de este domingo, Boric indicó que conversó con los familiares de los presos de la revuelta y «tenemos muy claro lo que tenemos que hacer».

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“El compromiso es que esas querellas se levantan, lo hemos sostenido desde el inicio de la campaña. Eso cambia las condiciones con que el Poder Judicial enfrenta un caso. No es un detalle, es algo significativo”, afirmó.

Para esto, detalló Jackson, trabajarán para tramitar una Ley de Amnistía para atender a todas las personas «que se encuentran cumpliendo con medidas cautelares por casos asociados a la revuelta popular, con investigaciones que han sido cerradas por falta de evidencias.


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